Llega al Constitucional el recurso de amparo por la indemnización proporcional del despido injustificado
El Tribunal Constitucional tendrá que decidir el futuro del recurso de amparo contra una sentencia del Supremo que negó validez jurídica a la Carta Social Europea Revisada y su protocolo de reclamaciones colectivas, para rechazar el derecho a una indemnización complementaria por despido sin causa.
El Supremo ha interpretado que no cabe aumentar la indemnización por despido injustificado más allá de lo estipulado actualmente en la normativa española, aunque la legislación europea consagre el derecho a “indemnización adecuada o a otra reparación apropiada” al daño causado a la persona trabajadora.
El caso comenzó con la reclamación de una indemnización complementaria de un trabajador ante el Juzgado de lo Social número 3 de Barcelona, que le dio la razón en primera instancia.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña revocó la sentencia, por lo que este acudió al Supremo para que dirima la controversia, dado el precedente de otro fallo en sentido contrario del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que sí había reconocido una indemnización adicional en un supuesto comparable.
Finalmente, el Supremo cerró filas en torno a la interpretación más rígida del sistema español y negó cualquier posibilidad de reconocimiento de compensaciones complementarias dentro del marco actual, lo que contrarió a las organizaciones sindicales.
Precisamente, ante esta decisión jurisprudencial, la abogada que inicio el caso, Raquel Miñambres, así como el también abogado, además de vicesecretario de UGT, Fernando Luján, han presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra esta sentencia del Supremo y la anterior del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Solicitan la nulidad de ambas resoluciones por considerar que vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva y el principio de igualdad y no discriminación.
Para los sindicatos, que han colaborado en la elaboración del recurso “está en juego el propio sentido del contrato de trabajo como vínculo jurídico estable, que no puede ser roto de forma unilateral por el empleador sin una reparación adecuada y disuasoria”.
El texto del recurso advierte de que la llegada del caso al Constitucional permite al tribunal fijar doctrina conforme a la “actual realidad normativa y socioeconómica”, en la que, a su juicio, han cambiado “las reglas de juego de la indemnización por despido injusto”, tras la ratificación de la Carta Social Europea Revisada y de su protocolo de reclamaciones colectivas.
Lo recurrentes consideran que la interpretación del Supremo incurre en arbitrariedad y en una reducción injustificada del alcance del artículo 24 de la Carta Social Europea.
Critican que el alto tribunal haya calificado ese precepto como una norma programática demasiado indeterminada para generar efectos directos, y replica que esta valoración atentaría contra la lógica jurídica, ya que convertiría en inaplicables la mayoría de los compromisos internacionales en materia social.
También reprocha al Supremo que su postura resulte contradictoria con su propia jurisprudencia, en la que sí ha dado eficacia a normas internacionales con conceptos jurídicos indeterminados.
La vulneración, según sostiene el recurso, se extendería al principio de igualdad, porque preservar un sistema totalmente tasado perpetuaría efectos regresivos para colectivos vulnerables del mercado de trabajo, como mujeres, personas migrantes y trabajadores de mayor edad.
Una disputa de largo alcance
Desde que el país ratificó en 2021 la Carta Social Europea Revisada, el artículo 24 —que reconoce el derecho a una “indemnización adecuada o a otra reparación apropiada” en caso de despido sin causa válida— los sindicatos piden una aplicación más coherente con este precepto, así como una modificación legislativa más coherente con la legislación europea. Como era de esperar, las organizaciones empresariales defienden exactamente lo contrario.
UGT y CCOO exigen el cumplimiento de este estándar europeo y una reforma del sistema español, mientras que CEOE y Cepyme rechazan cualquier modificación y se aferran al reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo que descarta la posibilidad de indemnizaciones adicionales.
Los sindicatos consideran que este recurso constituye una oportunidad crucial para contestar la posición patronal y forzar la adecuación de la normativa interna a las obligaciones internacionales suscritas por España.
La admisión a trámite del recurso, no obstante, está lejos de estar garantizada. El Tribunal Constitucional solo admite alrededor del 1% de los recursos de amparo que se presentan cada año.
Desde 2021, varios juzgados y tribunales habían interpretado que la Carta Social Europea exigía valorar los daños reales y, en consecuencia, concedieron indemnizaciones adicionales en función de las circunstancias de cada caso.
Esta tendencia quedó paralizada con una adelanto de la posición del Supremo en diciembre de 2024 y el fallo definitivo en julio de 2025, en una sentencia muy controvertida en la que tres magistrados discreparon.
Las resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales, un órgano del Consejo de Europa, han sido muy claras. Hasta en dos ocasiones ha señaldo que el sistema español incumple la Carta y ha pedido expresamente a España que emprenda un cambio legislativo.
Esa petición es uno de los pilares de la posición sindical. El Ministerio de Trabajo, alineado con las resoluciones de Estrasburgo y con el programa de Gobierno de PSOE y Sumar, se declara partidario de la reforma.
Sin embargo, la patronal considera que el Supremo ha resuelto el debate y no piensa sentarse en nuevas negociaciones. Tras un primer encuentro convocado por el ministerio, CEOE y Cepyme abandonaron la mesa y anunciaron que no participarían más en el proceso.
CCOO y UGT trabajan en una propuesta conjunta que remitirán al departamento que dirige Yolanda Díaz, pero admiten que las posibilidades de que prospere legislativamente son escasas.
La configuración del Congreso complica aún más la reforma. Fuentes parlamentarias señalan que no solo Junts, sino también el PNV, rechazarían un cambio legal en esta materia. Incluso dentro del Ejecutivo hay discrepancias de fondo: el Ministerio de Economía se inclina por mantener el sistema actual.
La decisión sobre la admisión del recurso de amparo y, eventualmente, su resolución, determinarán si el Tribunal Constitucional avala el modelo español vigente o abre la puerta a una reinterpretación de la protección frente al despido conforme a los estándares europeos.
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