Las ONG humanitarias impugnan ante el Supremo israelí el cierre inminente de sus operaciones en los territorios ocupados
Treinta y siete organizaciones internacionales de ayuda humanitaria han presentado un recurso ante el Tribunal Supremo israelí para frenar la orden de cese de operaciones dictada por las autoridades israelíes para finales de febrero.
La medida, derivada de la revisión del sistema de registro israelí, afecta de forma directa a una parte sustancial de la respuesta humanitaria que sostiene a la población civil palestina en Gaza y Cisjordania, incluida Jerusalén Este.
Las entidades —entre ellas Oxfam, Norwegian Refugee Council, Alianza por la Solidaridad y el Movimiento por la Paz— denuncian que la orden supone un “daño irreparable” para cientos de miles de personas que dependen de su asistencia. Varias de ellas comparecen hoy en una rueda de prensa online, junto a su equipo legal, para explicar el alcance de la petición.
Son 17 organizaciones internacionales de ayuda humanitaria y la Asociación de Agencias Internacionales de Desarrollo las que constituyen una infraestructura crítica para la prestación de servicios médicos, alimentos y agua a la población civil en Cisjordania y Gaza.
Una orden inasumible
El 30 de diciembre de 2025, las ONG afectadas fueron notificadas de que sus registros expirarían en 24 horas y de que dispondrían de 60 días para cesar todas sus actividades en los territorios ocupados. La única vía para evitar el cierre era completar un nuevo proceso de registro bajo condiciones que, según las organizaciones, son “imposibles de cumplir desde el punto de vista legal y ético”. Entre las exigencias figura la entrega de listados nominales y datos de contacto de todo el personal nacional empleado.
“La transferencia de datos personales a una autoridad de seguridad en un territorio sin garantías de supervisión judicial independiente es contraria a la legislación europea y nos expondría a sanciones y responsabilidades penales”, señalan en su recurso, que cita el precedente jurídico del fallo Schrems II del Tribunal de Justicia de la UE. Además, alertan de que esta obligación coloca a su personal local en una situación de grave vulnerabilidad.
Un colapso humanitario en cadena
La entrada en vigor de las medidas podría producirse el 28 de febrero. Su impacto, subrayan las organizaciones, sería “inmediato y catastrófico” no solo para las entidades afectadas, sino para el conjunto del sistema humanitario en los territorios ocupados.
En Gaza, donde las restricciones a la entrada de ayuda continúan y los ataques sobre zonas densamente pobladas persisten, la población depende casi íntegramente de la asistencia externa. En su petición, las ONG recuerdan que proveen más de la mitad de toda la ayuda alimentaria, el 60% de las operaciones de los hospitales de campaña, casi tres cuartas partes de las intervenciones de refugio y artículos no alimentarios, y la totalidad de los tratamientos hospitalarios para menores con desnutrición aguda severa. También financian más de la mitad de las tareas de eliminación de artefactos explosivos.
En Cisjordania y Jerusalén Este, la escalada de incursiones militares, demoliciones y violencia de colonos ha incrementado significativamente las necesidades de protección, refugio y asistencia de emergencia.
Argumentos jurídicos contra la orden
Las organizaciones sostienen que la decisión israelí es ilegal por múltiples motivos. Entre ellos, destacan la falta de competencia de la administración israelí para ordenar el cierre de ONG registradas ante la Autoridad Palestina, en contradicción con el régimen establecido por los Acuerdos de Oslo y la vulneración de obligaciones internacionales como potencia ocupante bajo el IV Convenio de Ginebra, que exige facilitar —y no impedir— la labor de las sociedades de socorro.
También alegan la imposición de requisitos desproporcionados y no justificados en nombre de la seguridad, sin ofrecer motivaciones concretas ni considerar alternativas menos restrictivas, así como la afectación directa al derecho a la vida, la salud y el acceso a la asistencia humanitaria de la población civil.
“Condicionar nuestra presencia a requisitos administrativos imposibles, y hacerlo a días de que expiren nuestros registros, no solo es arbitrario: sería devastador para quienes dependen de nuestros servicios para sobrevivir”, advierten las organizaciones firmantes.
Llamamiento a la comunidad internacional
Las ONG instan a los gobiernos a actuar “con la máxima urgencia” para impedir que las medidas se apliquen. En caso contrario —alertan—, la interrupción de la ayuda “no responderá a la reducción de necesidades, sino a la politización de la asistencia”.
“La población civil no puede convertirse en rehén de decisiones burocráticas que contradicen el derecho internacional. Dejar morir la ayuda en un momento en que es más necesaria que nunca tendría consecuencias humanas inmediatas e irreversibles”, concluyen.
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