Las claves del informe sobre democracia en el trabajo, en 12 preguntas
El informe elaborado por la Comisión internacional de expertos y expertas de alto nivel sobre la democracia en el trabajo, presentado el martes 2 de febrero, propone aplicar el artículo 129.2 de la Constitución para garantizar “voz” y “propiedad” a quienes trabajan.
Estas son sus claves:
1. ¿Qué es este informe y qué propone en esencia?
Es el resultado del trabajo de una Comisión internacional de expertos y expertas que, durante un año, analizó cómo se cumple en España el artículo 129.2 de la Constitución. Su propuesta central es democratizar las empresas garantizando dos derechos básicos a quienes trabajan: voz en las decisiones y acceso a la propiedad de los medios de producción. El informe presenta una hoja de ruta legislativa, fiscal e institucional para hacer efectivos esos derechos en el medio y largo plazo.
2. ¿Qué dice exactamente el artículo 129.2 de la Constitución?
Establece que los poderes públicos deben “promover eficazmente las diversas formas de participación en la empresa” y “establecer los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”. El informe resume este mandato en una “doble promesa”: participar en las decisiones y compartir la propiedad de las empresas.
3. ¿Quién ha elaborado el informe y con qué legitimidad?
Lo ha elaborado una Comisión internacional de expertos y expertas académicos en economía, derecho y ciencias sociales, creada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Su presidenta es Isabelle Ferreras, profesora e investigadora especializada en democracia económica, y son miembros: Antonio Baylos (Universidad de Castilla-La Mancha), Isabel Gemma Fajardo-García (Universitat de València), Francisca Mª Ferrando (Universidad de Murcia), Sergio González (Universidad de Oviedo), Daniel Innerarity (Universidad del País Vasco), Sara Lafuente (Instituto Sindical Europeo/Universidad Libre de Bruselas), Vicente Salas (Universidad de Zaragoza), Edurne Terradillos (Universidad del País Vasco), Erinch Sahan (Universidad de Cambridge), Jeremias Adams-Prassl (Universidad de Oxford), Julie Battilana (Universidad de Harvard) y Benjamin Braun (London School of Economics)
La Comisión mantuvo encuentros con interlocutores sociales, organizaciones empresariales, sindicatos y entidades de la sociedad civil, además de consultar a especialistas internacionales y organismos vinculados a Naciones Unidas y universidades de referencia.
4. ¿A quién interpela directamente esta propuesta?
A varios niveles. En primer lugar, al Gobierno y al legislador, llamados a desarrollar el mandato constitucional para redefinir la relación entre trabajo, empresa y democracia. En este sentido, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha expresado que convocará “una mesa de diálogo social para elaborar la primera ley que regule la democratización de las empresas en España”. En segundo lugar, a las empresas, especialmente medianas y grandes, que verían modificada su gobernanza interna. Y, de forma directa, a las personas trabajadoras y a los sindicatos, que pasarían a tener nuevos derechos de participación, supervisión y acceso a la propiedad.
5. ¿Cómo se dará “voz” a las personas trabajadoras en la empresa?
El informe propone reforzar los derechos de los órganos de representación y garantizar la presencia de personas trabajadores en los consejos de administración, con mínimos legales según el tamaño de la plantilla:
- Empresas de 50 a 1.000 trabajadores y trabajadoras: al menos un tercio de los asientos del consejo para representantes de quienes trabajan.
- Empresas de más de 1.000 trabajadoras y trabjadores: paridad, con la mitad de los asientos.
Además, se plantea un nuevo derecho de co-decisión para los comités de empresa en ámbitos sensibles como la implantación de sistemas de inteligencia artificial que gestionen, vigilen o automaticen el trabajo.
6. ¿Cómo se facilitará el acceso a la propiedad de las empresas?
La Comisión propone establecer umbrales mínimos de participación en el capital para las personas trabajadoras:
- Empresas de 25 a 1.000 empleados: más del 2% del capital en manos de quienes trabajan.
- Empresas de más de 1.000 empleados: más del 10%.
Para hacerlo viable, sugiere crear Fondos Ciudadanos públicos que ayuden a adquirir acciones en procesos de venta o sucesión, y mecanismos financieros similares a los planes de acciones para empleados (ESOP) que permitan comprar participaciones de forma progresiva.
7. ¿Cómo se medirá el grado real de democratización de las empresas?
Mediante el Índice de Desarrollo Democrático Corporativo, una herramienta que evalúa a cada empresa en dos escalas:
- Voz (V): nivel de participación de las personas trabajadores en la toma de decisiones.
- Propiedad (P): porcentaje del capital en manos de quienes trabajan.
Cada empresa recibiría una calificación que se vincularía a un sistema de incentivos y desincentivos en fiscalidad, ayudas públicas y contratación pública.
8. ¿En qué horizonte temporal sitúa el informe estos cambios?
No plantea una reforma inmediata y cerrada, sino una trayectoria a diez o quince años. La idea es fijar mínimos legales de partida y, con el tiempo, elevar los umbrales de participación y propiedad conforme las empresas avancen en su proceso de democratización.
9. ¿Dónde se aplicarán estas medidas?
Principalmente en el ámbito empresarial español, con especial foco en medianas y grandes empresas. Sin embargo, el informe propone también una dimensión europea, con la creación de un Observatorio a nivel de la Unión Europea y la coordinación de incentivos y estándares en contratación pública y fiscalidad.
10. ¿Qué es el Observatorio sobre Acceso a la Participación y la Propiedad?
Es una institución permanente que el informe propone crear para monitorear de forma continua el acceso real de las personas trabajadoras a la voz y la propiedad en las empresas. Estaría supervisada por agentes sociales y la comunidad científica, y su función sería medir avances, identificar obstáculos estructurales y difundir buenas prácticas, tanto a nivel nacional como europeo.
11. ¿Por qué el informe habla de una “democracia incompleta”?
Porque sostiene que la democracia política se debilita si en el trabajo (donde transcurre gran parte de la vida) no existe participación real. Como expresó la presidenta de la Comisión, “el acceso a la voz y el acceso a la propiedad no es un ideal ni un lujo. Es un mandato constitucional que se ha transformado en una necesidad económica y sistémica”. La empresa, según esta visión, no es solo una entidad económica, sino también un espacio de ciudadanía.
12. ¿Por qué conecta esta propuesta con desigualdad, territorio, tecnología y crisis ecológica?
El informe sostiene que la falta de participación agrava problemas como la pobreza laboral, la concentración de la propiedad, la deslocalización empresarial y el uso opaco de la inteligencia artificial. También vincula la democracia en la empresa con la sostenibilidad ambiental, al defender que quienes trabajan y viven en los territorios son los primeros afectados por decisiones empresariales que ignoran su impacto social y ecológico. Democratizar la empresa ayuda a repartir mejor la riqueza, a anclar el capital en los territorios y a orientar la producción hacia el bien común y el largo plazo.
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