La Pastoral del Trabajo reclama a la Generalitat un “pacto nacional por la diversidad y las migraciones en Cataluña”
La Pastoral del Trabajo de Catalunya ha presentado, en el marco de la XXXVIII Jornada de Estudio celebrada el 21 de febrero en L’Hospitalet de Llobregat, un conjunto de propuestas dirigidas a la Generalitat para mejorar la acogida, la integración y la garantía de derechos de las personas migrantes.
El texto final con las conclusiones, recogidas por el Secretariado Interdiocesano de Pastoral Obrera y la Comisión de Interculturalidad y Migraciones de la Conferencia Episcopal Tarraconense, reclama una respuesta institucional “decidida, humana y viable” ante las desigualdades que afectan a miles de personas en Cataluña.
El manifiesto con las conclusiones fue entregado al propio director General de Migraciones, Refugio y Antirracismo de la Generalitat, David Moya, quien se hizo presente en estas jornadas.
La pastoral obrera y de migraciones de Cataluña subrayan que un marco estable permitiría combatir prejuicios y reforzar las políticas públicas de inclusión.
Entre las propuestas elaboradoras figura “trabajar por un Pacto nacional por la diversidad y las migraciones en Cataluña”, un acuerdo político e institucional que incluya la participación de personas migradas y que contribuya a “cambiar el relato sobre los procesos migratorios y hacer frente al racismo”.
El documento hace hincapié en la importancia de “eliminar la percepción de competencia mutua entre personas autóctonas y personas recién llegadas a la hora de acceder a los servicios públicos”, garantizando que la atención sanitaria, educativa y social llegue a todas las personas “de manera eficaz y duradera”.
Una de las demandas centrales es facilitar el acceso al padrón, recordando que el empadronamiento es “un derecho y una obligación legal”.
Para ello, propone instrucciones claras a los ayuntamientos, campañas institucionales que informen a la ciudadanía y mecanismos de supervisión que actúen cuando existan trabas administrativas.
La Pastoral del Trabajo denuncia igualmente el impacto de las barreras digitales y burocráticas, que califican como mecanismos que “vulneran derechos”.
Para afrontarlo, plantean reforzar personal y recursos en los servicios más saturados, crear canales de urgencia para situaciones de especial vulnerabilidad y garantizar alternativas presenciales “reales” para realizar trámites, especialmente para quienes no dominan las herramientas digitales.
También se pide revisar los sistemas telemáticos de la Generalitat para que sean accesibles y cuenten con materiales “multilingües y en lectura fácil”.
Otra de las medidas clave es fortalecer el acompañamiento jurídico. El documento solicita “reforzar los servicios de orientación jurídica gratuita en materia de extranjería” y presionar al Estado para agilizar la resolución de permisos de residencia y trabajo. Además, reclama la creación de puntos de información claros sobre las diferentes vías de regularización.
En materia de empleo y formación, el texto propone ampliar los cursos de catalán y castellano adaptados a personas con horarios precarios, ofrecer itinerarios formativos con salida laboral real y facilitar el acceso a cursos ocupacionales, incluso para personas en situación administrativa irregular.
Igualmente, pide incentivar a las empresas que contraten a personas migrantes en situación regularizable.
La pastoral obrera también insta a la Generalitat a desarrollar políticas específicas de vivienda, como “reservar un porcentaje de vivienda social” para procesos de inclusión de personas migrantes y crear programas de mediación que faciliten alquileres a personas sin avales o con pocos recursos.
Finalmente, solicita un reconocimiento más firme al papel de entidades sociales y eclesiales en la acogida.
El texto reclama “convenios plurianuales de financiación”, menos burocracia en las subvenciones y un mayor apoyo a programas de acompañamiento y formación para personas en situación irregular.
Las propuestas, presentadas a pocos meses de un escenario político marcado por el debate migratorio, buscan impulsar una respuesta integral que sitúe la dignidad humana en el centro de las políticas públicas.
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