La ministra de Trabajo anuncia una mesa de diálogo social sobre la democratización de las empresas
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha presentado ante el Consejo de Ministros y Ministras el informe Democracia en el Trabajo, elaborado por una comisión internacional de personas expertas, con el objetivo de impulsar la participación de los trabajadores en la estructura de las empresas en España.
El documento, firmado por expertos entre los que figuran la profesora de Lovaina, Isabelle Ferreras y el filósofo vasco, Daniel Innerarity propone desarrollar el mandato del artículo 129.2 de la Constitución española sobre la participación de los trabajadores en la gestión y el acceso a la propiedad de las empresas.
Con este paso, la ministra de Trabajo quiere implicar a todo el Gobierno para que avance en esta dirección. De hecho, ha anunciado que en unas semanas abrirá una mesa de diálogo social con las organizaciones sindicales y empresariales para abordar esta cuestión.
Según Díaz, la democratización de la empresa puede servir de acicate, además, para abordar el relevo generacional y la viabilidad de los proyectos productivos.
“En diez años vamos a perder un tercio del tejido productivo y las pymes en España”, por lo que la modernización de la gestión y las relaciones laborales puede contribuir a “no perder ese tejido productivo clave para el país”.
Derecho a opinar y vetar decisiones traumáticas
La comisión de expertos propone desarrollar una ley de democracia en el trabajo que, por un lado, afectaría a la Ley de Sociedades de Capital, para dar acceso a las personas trabajadoras a los consejos y, por otro, al Estatuto de los Trabajadores, para ampliar las competencias de los comités de empresa.
La representación legal de las plantillas tendría derecho a expresar su opinión motivada y hasta capacidad para vetar decisiones estratégicas traumáticas antes de agotar la mediación y negociación colectiva.
La corresponsabilidad empresarial de las personas trabajadoras cobra especial relevancia en plena transición ecológica y digital.
La codecisión permitiría anticipar los cambios y proponer medidas de adaptación para evitar la desaparición de las empresas y la pérdida consiguiente de empleo.
También favorece la supervisión humana bajo criterios éticos de los algoritmos utilizados en la gestión empresarial, al permitir a los trabajadores conocer su funcionamiento e influir en su diseño.
Participación en los Consejos y en la propiedad
Entre las propuestas, la comisión experta plantea que en las empresas de entre 50 y 1.000 trabajadores, un tercio de la representación en los consejos sea elegido por la plantilla, porcentaje que ascendería a la mitad en compañías de más de 1.000 empleados.
Asimismo, establece umbrales mínimos de participación en el capital, del 2% con carácter general y del 10% en grandes corporaciones.
El informe parte de la idea de que la mayor implicación dota a las compañías de más capacidad de innovación, más productividad y más calidad en el trabajo.
También recoge la evidencia de que las empresas con participación son más resilientes en crisis, mantienen mejor el empleo y son más productivas a largo plazo.
Reequilibrio del poder de decisión y reparto justo de la riqueza
La vicepresidenta segunda ha insistido en que el objetivo no es “cooperativizar” la empresa mercantil, sino dotarla de mecanismos democráticos que frenen un modelo profundamente desigual, donde el 10% más rico concentra el 86% de los fondos empresariales.
Para la ministra, esta reforma es un modo de reequilibrar poder y responsabilidad, alineado con el mandato constitucional y con un principio básico de justicia social: quienes generan la riqueza deben tener parte en su orientación y frutos.
La filosofía subyacente cuenta con un largo respaldo en el pensamiento social cristiano —desde Mater et Magistra hasta Laborem Exercens— que recuerda que la empresa tiene una función social, no solo económica, y que negar la participación de quienes trabajan es una forma de excluirlos del bien común.
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