El Gobierno blinda las pensiones para 2026 y reactiva el escudo social con dos decretos
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, en dos reales decretos ley separados, la revalorización de las pensiones para 2026 y un nuevo paquete de medidas del llamado “escudo social”, tras el revés del Congreso
La tramitación de ambos decretos se votará ahora por separado en el Congreso, después de que la convalidación conjunta fuera rechazada el pasado 27 de enero con los votos de PP, Junts, Vox y UPN.
El Ejecutivo confía en que la división de las medidas permita asegurar la continuidad de la revalorización de las pensiones (ya aplicada en las nóminas desde enero a cerca de 13 millones de prestaciones) y mantener un marco de protección social en un contexto de vulnerabilidad residencial y energética.
Revalorización general del 2,7% y refuerzo de las mínimas
La norma específica sobre pensiones fija una subida del 2,7% para las pensiones contributivas y del Régimen de Clases Pasivas del Estado en 2026, en línea con la evolución de los precios. Este incremento alcanza a los 9,4 millones de personas que perciben más de 10,4 millones de pensiones contributivas y a los más de 734.000 perceptores de clases pasivas.
Según los cálculos del Ministerio de Inclusión, la revalorización supone “aproximadamente 570 euros adicionales al año para una pensión media de jubilación”, mientras que la media del sistema se incrementa en torno a 500 euros anuales.
El decreto refuerza de manera más intensa las prestaciones más bajas. Las pensiones mínimas suben un 7,07% en 2026, pero el aumento alcanza el 11,4% en las pensiones con cónyuge a cargo, en las de viudedad con cargas familiares, en las pensiones no contributivas y en el ingreso mínimo vital (IMV).
En el caso de las pensiones de vejez e invalidez del SOVI, la cuantía se eleva hasta los 599,60 euros mensuales en las no concurrentes y los 582,10 euros en las concurrentes.
Entre los importes de referencia, la pensión mínima de jubilación para titulares de 65 años o más en hogares unipersonales pasa a 13.106,80 euros anuales en 2026, frente a los 12.241,6 euros de 2025, y alcanza los 17.592,40 euros en los casos con cónyuge a cargo.
La asignación por hijo o menor con discapacidad igual o superior al 65% se sitúa en 5.962,80 euros anuales, y en 8.942,40 euros cuando la discapacidad es igual o superior al 75%.
La norma incorpora además la congelación de las cuotas de autónomos para 2026 y la revalorización del complemento para la reducción de la brecha de género en el mismo porcentaje que las pensiones contributivas.
Vivienda y energía, eje del “escudo social”
El segundo real decreto ley reactiva el llamado “escudo social” con medidas en vivienda, energía, empleo, fiscalidad y financiación territorial. En el ámbito residencial, se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2026 la suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional cuando el arrendador es un gran tenedor o un “fondo buitre”. El Ejecutivo mantiene así la protección de las personas inquilinas que, por causas sobrevenidas, no pueden afrontar el pago del alquiler.
No obstante, en aplicación del acuerdo alcanzado con el PNV, la prórroga no afecta a los pequeños propietarios que posean una o dos viviendas o se encuentran en situación de vulnerabilidad. En estos casos, corresponderá a los servicios sociales la búsqueda de una alternativa habitacional de emergencia para los inquilinos vulnerables.
En materia energética, el decreto extiende el bono social y la garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables hasta finales de 2026, junto a la adaptación de la tasa de retribución financiera de los sistemas eléctricos no peninsulares.
Empleo, fiscalidad y financiación territorial
El paquete social incluye la prórroga de la prohibición de despidos para empresas beneficiarias de ayudas públicas y una batería de medidas tributarias. Entre ellas, se modifican aspectos del IVA en materia de hidrocarburos, se ajusta el método de estimación objetiva del IRPF y los regímenes simplificados y especiales del IVA en agricultura, ganadería y pesca, y se aprueban incentivos fiscales a vehículos eléctricos, infraestructuras de recarga e inversiones en energías renovables.
La norma contempla también la exención en el IRPF de las indemnizaciones por daños personales en incendios forestales, la deducción por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas y la actualización del régimen de imputación de rentas inmobiliarias en el IRPF.
En el plano territorial, se actualizan las entregas a cuenta de comunidades autónomas y entidades locales, se aprueba el régimen de endeudamiento autonómico y se establece la no exigibilidad de devolución de determinados ingresos indebidos relacionados con cuotas nacionales de telefonía móvil.
Ayudas por la DANA
El “escudo social” extiende además las ayudas directas por la DANA y la exención en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades de las ayudas concedidas por la Generalitat Valenciana a las personas y empresas afectadas.
Asimismo, se prorroga la suspensión de la causa de disolución por pérdidas derivadas de acontecimientos naturales, sin computar las de los ejercicios 2020 y 2021 hasta el cierre del ejercicio que se inicie en 2026.
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