El aumento de las bajas laborales enfrenta dos diagnósticos: eficiencia del sistema o salud y condiciones de trabajo
El informe de la AIReF pide reforzar el control y la supervisión de la prestación, mientras CCOO y UGT sitúan el origen del aumento en la salud de las personas trabajadoras, la falta de inversión sanitaria y las condiciones laborales.
El crecimiento sostenido de la incapacidad temporal ha abierto un debate de fondo sobre sus causas y su sentido. Mientras la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) sitúa el problema en la gestión, la supervisión y la eficiencia del sistema, CCOO y UGT sostienen que el aumento de las bajas responde principalmente al deterioro de la salud de las personas trabajadoras, a las condiciones laborales y a la insuficiente capacidad del sistema sanitario público.
Tras la publicación del informe de la AIReF, el debate sobre la incapacidad temporal ha adquirido un nuevo relieve público. La institución advierte de una “deficiencia estructural en la gestión” de la prestación y propone reforzar la supervisión, la coordinación y los sistemas de información para mejorar su eficacia, en un contexto de fuerte aumento de las bajas laborales y del gasto asociado.
El informe señala que entre 2017 y 2024 la incidencia de la incapacidad temporal aumentó cerca de un 60% y que el gasto se ha triplicado hasta alcanzar los 16.500 millones de euros, situándose como el segundo mayor componente del gasto de la Seguridad Social tras las pensiones.
Para esta institución pública, la principal debilidad del sistema reside en la falta de mecanismos integrados de información, supervisión y seguimiento entre los distintos agentes, lo que dificulta la coordinación y puede favorecer la prolongación innecesaria de algunos procesos si no se refuerza el control.
Sin embargo, los sindicatos mayoritarios cuestionan el enfoque del informe y sostienen que el aumento de las bajas se explica sobre todo por factores relacionados con la salud y el sistema sanitario. Las organizaciones sindicales consideran “decepcionante” que el análisis “obvie los problemas de capacidad de respuesta del sistema sanitario público” y centre el debate en el control y el presunto uso indebido de la prestación.
Ambos sindicatos subrayan que el impacto persistente de la pandemia, el aumento de patologías de salud mental, el envejecimiento de la población laboral, la organización del trabajo y la insuficiente inversión sanitaria están detrás del crecimiento de la incapacidad temporal, junto a la infradeclaración de enfermedades profesionales y las condiciones laborales.
Además, rechazan que el informe proyecte “una sombra de duda” sobre un supuesto abuso generalizado y advierten del riesgo de estigmatizar a colectivos protegidos cuando se asocian estadísticamente las bajas a variables como ser mujer, tener empleo estable o trabajar en el sector público.
Un diagnóstico centrado en la gestión del sistema
El análisis de la AIReF sitúa el origen de las disfunciones en el propio diseño institucional de la incapacidad temporal, marcado por la separación entre la autoridad clínica que concede la baja –el personal médico de atención primaria– y la responsabilidad financiera que asume el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). A juicio del organismo público, esta configuración dificulta la coordinación, debilita la supervisión y puede favorecer la prolongación de algunos procesos en ausencia de mecanismos integrados de seguimiento.
El informe identifica, además, varios factores que han contribuido al crecimiento de la prestación: el aumento de las listas de espera sanitarias, la mayor demanda asistencial tras la pandemia, el carácter procíclico de la incapacidad temporal en fases expansivas del empleo y un marco normativo progresivamente más garantista que ha ampliado la protección económica durante las bajas. También advierte de una concentración significativa de episodios en un grupo reducido de trabajadores con bajas reiteradas.
Entre las medidas propuestas, la Autoridad Independiente plantea desarrollar un sistema de información plenamente integrado entre el INSS, los servicios autonómicos de salud, las mutuas y las empresas; reforzar la intervención temprana y especializada del INSS; mejorar la colaboración con la atención primaria mediante herramientas digitales de apoyo clínico; promover una mayor implicación de las grandes empresas en la salud laboral; y evaluar el impacto de las listas de espera del sistema sanitario.
La salud de las personas trabajadoras, en el centro
Frente a este enfoque, CCOO y UGT sostienen que el crecimiento de la incapacidad temporal responde principalmente a causas sanitarias, laborales y demográficas. A su juicio, el deterioro de la capacidad de respuesta del sistema sanitario público, la persistencia de efectos de la pandemia, el aumento de los problemas de salud mental y el envejecimiento de la población trabajadora explican el incremento tanto del número como de la duración de los procesos.
Las organizaciones sindicales subrayan también el impacto de los cambios en la organización del trabajo —digitalización, gestión por algoritmos y plataformas— sobre la salud laboral, así como la infradeclaración de enfermedades profesionales, que limita la prevención y la identificación real de los daños de origen laboral. “Lo que no se conoce, ni se evita ni se previene”, advierten.
A su juicio, las políticas más eficaces para abordar el fenómeno deben centrarse en reforzar el sistema sanitario público, mejorar la prevención en salud laboral y garantizar condiciones de trabajo saludables, más que en medidas orientadas únicamente al control de la prestación.
Un debate sobre protección social y modelo de bienestar
Las dos organizaciones de trabajadoras y trabajadores comparten la necesidad de mejorar el control público de los procesos, pero rechazan que el informe sugiera un abuso generalizado de la prestación. Consideran que asociar estadísticamente el inicio de bajas a variables como ser mujer, tener empleo estable o trabajar en el sector público introduce sesgos y puede generar estigmatización de colectivos protegidos.
El contraste entre ambos enfoques revela una discusión de fondo sobre el sentido de la incapacidad temporal. Mientras la AIReF analiza la evolución desde la eficiencia del sistema y la sostenibilidad del gasto, los sindicatos recuerdan que se trata de un mecanismo esencial de protección social vinculado a la salud y a la sustitución de rentas cuando la persona trabajadora no puede desempeñar su actividad.
Desde esta perspectiva, sostienen que la evaluación de la prestación no debe centrarse en si el gasto aumenta o disminuye, sino en si garantiza el tiempo necesario de recuperación: “ni un día más ni un día menos”.
Apoya y cuida Noticias ObrerasTu aportación hace posible un periodismo comprometido con la dignidad del trabajo, la justicia social y la esperanza. Suma tu donación y ayúdanos a seguir construyendo, día a día, esta mirada
Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
