La Red contra la Pobreza reclama inversiones suficientes para combatir la pobreza energética
España afronta la Semana Europea contra la Pobreza Energética con cifras récord: 7,8 millones de personas –el 15,9 % de la población– no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada en invierno
El dato, procedente del Avance de Resultados del XVI Informe El Estado de la Pobreza de EAPN España, supone el doble que en 2019, antes de la pandemia y de la crisis energética derivada en parte de la guerra en Ucrania. A ello se suman 4,5 millones de personas (9,3 %) que tienen retrasos en el pago de suministros básicos como electricidad, agua o gas.
Aunque los indicadores muestran una ligera mejora respecto a 2024, la tendencia de fondo mantiene la alerta: desde 2019, la población que sufre frío en casa ha crecido un 110 %, y la afectada por impagos de suministros, un 40,4 %.
Aprobada la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030
En este contexto, el Gobierno aprobó este 17 de febrero la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética (ENPE) 2026-2030, una hoja de ruta que recoge trece medidas estructurales para garantizar un acceso universal, seguro y asequible a la energía.
El documento busca consolidar los avances logrados desde la primera estrategia (2019-2024) y se ha elaborado con las aportaciones de EAPN-ES a través de grupos de participación de personas con experiencia directa en la pobreza energética.
Entre las medidas destacadas figuran: la garantía de suministro para consumidores vulnerables y electrodependientes; la mejora de la tasa de cobertura del bono social eléctrico y la adaptación del acceso al bono social para vincularlo a la renta real de los hogares. También, la extensión de programas de rehabilitación energética en viviendas de familias vulnerables.
EAPN-ES: “La pobreza energética forma parte de la pobreza en las familias”
Carlos Susías, presidente de EAPN-ES y EAPN Europa, valora positivamente la aprobación de la Estrategia y subraya la necesidad de una visión global:
“La pobreza energética es parte de la pobreza en las familias”. Susías insiste en que el objetivo es “garantizar los derechos de las personas y una buena calidad de vida a toda la ciudadanía” y recuerda que será imprescindible “dotar de recursos a la Estrategia para que salga adelante”.
La Red también reclama avanzar en cuestiones planteadas en consultas previas, como una mayor coordinación con las comunidades autónomas y la inclusión de medidas que han quedado fuera del texto, entre ellas la automatización del bono social, clave para reducir la brecha de cobertura que impide que muchos hogares vulnerables accedan a esta ayuda.
La ENPE prevé la creación de un observatorio de la pobreza energética, que recopilará información y evaluará el impacto de las políticas públicas.
El Gobierno ha abierto una consulta pública para definir su funcionamiento y la participación de entidades sociales. EAPN-ES considera esencial esta herramienta para incorporar el conocimiento experto y la experiencia de quienes padecen esta situación.
Un escudo social aún pendiente
La aprobación de la Estrategia coincide con el debate abierto tras el rechazo, el pasado 27 de enero, del Real Decreto-ley “ómnibus”, que prorrogaba medidas del Escudo Social. Entre ellas, la moratoria antidesahucios para familias vulnerables, los descuentos del bono social energético hasta 2026 y la garantía de suministro de agua, gas y electricidad.
Ante la nueva votación prevista para la próxima semana, EAPN-ES pide a las fuerzas parlamentarias “altura de miras” y que no solo aprueben el decreto, sino que refuercen y consoliden estas medidas dentro del Pacto Estatal de Lucha contra la Pobreza, actualmente paralizado en el Congreso.
En 2024, el 9,2 % de la población de la UE no podía calentar adecuadamente sus hogares, aunque la brecha entre países sigue siendo extrema: desde tasas del 19 % en Bulgaria y Grecia, hasta cifras mínimas del 2,7 % en Finlandia o el 3,3 % en Polonia y Eslovenia.
Crisis ecosocial y transición justa
EAPN-ES subraya que la pobreza energética está estrechamente vinculada a la crisis ecosocial. La ineficiencia energética, la infravivienda y el uso de electrodomésticos antiguos hacen que los hogares pobres sufran tanto los inviernos fríos como los veranos extremos.
Por ello, la Red impulsa iniciativas como el proyecto Cerrando la brecha: acción climática y equidad social, que reclama que la transición ecológica se implemente de forma justa.
Entre sus prioridades están garantizar la transposición socialmente justa de la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios; y acelerar la elaboración del Plan Social para el Clima, atrasado pese a su importancia para compensar el efecto del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (ETS2, por sus siglas en inglés) en las facturas de calefacción a partir de 2028.
Esta coalición de organizaciones contra la pobreza y la exclusión insiste en que la transición energética debe situar en el centro la igualdad de derechos y la protección social, evitando que las políticas climáticas agraven las desigualdades y garantizando el derecho a la energía, la vivienda y la salud.
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