Campaña contra la criminalización de la protesta climática ante la inminencia de varios juicios
La campaña «Contra la criminalización de la protesta climática» ha recibido miles de adhesiones, coincidiendo con la proximidad del juicio penal al escritor y profesor universitario Jorge Riechmann, previsto para el 17 de marzo de 2026 en el Juzgado de lo Penal número 8 de Madrid.
La iniciativa exige el cese de las actuaciones judiciales contra activistas que participan en acciones de desobediencia civil no violenta para denunciar la emergencia climática.
El manifiesto —impulsado por un centenar de personalidades del ámbito cultural, académico y social— cuenta con firmas como las del Premio Cervantes Antonio Gamoneda, la escritora Belén Gopegui, el actor Juan Diego Botto o la profesora y ecofeminista Yayo Herrero.
A nivel institucional, destacan los apoyos de los exministros Pablo Iglesias y Alberto Garzón, así como el respaldo de exeurodiputadas como María Eugenia Palop y Teresa Rodríguez. Organizaciones como CCOO, Ecologistas en Acción, Futuro Vegetal o Amnistía Internacional también se han sumado al llamamiento.
Un juicio por acciones de desobediencia civil pacífica
Riechmann, profesor titular de Ética y Filosofía Política en la Universidad Autónoma de Madrid, afronta un proceso penal por su participación en dos protestas noviolentas realizadas en 2019 y 2022.
La primera ocurrió el 7 de octubre de 2019, cuando unas 300 personas convocadas por Rebelión por el Clima y Extinction Rebellion Spain cortaron el tráfico en el puente de Joaquín Costa, junto a Nuevos Ministerios. La acción, que se prolongó durante una hora y media, concluyó con la detención de tres activistas —Paco del Pozo, Marina Martínez y el propio Riechmann— y la identificación de 180 manifestantes.
A los tres se les imputa un delito de resistencia grave a la autoridad, penado con hasta un año de prisión. Según sostiene el escritor, la acusación es “falsa”, y su única resistencia consistió “en tratar de que no nos lesionaran al retirarnos del puente”, recuerda, señalando que varias personas sí resultaron heridas durante la intervención policial.
Riechmann subraya la paradoja de que se les acuse de poner en riesgo el correcto funcionamiento de los servicios públicos cuando, a su juicio, “pocas amenazas mayores existen para ellos que el agravamiento del cambio climático, precisamente aquello contra lo que protestábamos”.
El profesor añade otra ironía jurídica: como funcionario docente, considera que su actuación formaba parte del “ejercicio de las funciones propias de su cargo” al alertar sobre un riesgo de alcance civilizatorio.
La segunda acción que derivará en un futuro proceso judicial tuvo lugar el 6 de abril de 2022, en el marco de una semana internacional de movilizaciones promovidas por Rebelión Científica. En Madrid participaron cerca de un centenar de personas ligadas a diversos colectivos ecologistas que se vertieron un líquido biodegradable de color rojizo, fácil de limpiar, en las escaleras del Congreso de los Diputados. Aquella protesta, ha inspirado la obra de teatro Zumo de remolacha, impulsada por Fernando Valladares.
“No podemos castigar a quienes avisan del fuego”
El manifiesto de apoyo, centralizado en el portal norepresionprotestaclimatica.org, alerta del incremento de procesos penales contra activistas climáticos en España, especialmente tras la detención de 15 personas frente al Congreso durante una acción de visibilización no violenta. Entre ellas se encontraba también Riechmann.
“En lo que va siendo un mundo en llamas, no podemos castigar a los avisadores del fuego”, concluye el texto, que aspira a seguir sumando adhesiones ciudadanas e institucionales.
El propio Riechmann denuncia que “la respuesta frente a la crisis ecológico-social que están dando, a nivel mundial, las derechas y ultraderechas, es la peor de las posibles: negación de aspectos básicos de nuestra situación real, ideología supremacista y nacionalista, militarización de la sociedad y del pensamiento, preparación para luchar por recursos que se prevén escasos, sometimiento del “enemigo interno” y las minorías incómodas, represión de la disidencia”. O lo que es lo mismo, la “socialización en la crueldad y huida hacia adelante en un escenario de ecocidio más genocidio”.
De ahí que el filósofo y poeta, sienta como una “obligación moral y política” tratar de “resistir, en la medida de nuestras fuerzas, frente a esta deriva homicida, liberticida, ecocida”.
La respuesta autoritaria a la emergencia climática
Para los impulsores de la campaña, la persecución judicial de quienes señalan la urgencia ecológica constituye una deriva preocupante. “Al criminalizar la protesta no violenta, una sociedad se daña a sí misma (y por partida doble si es una sociedad democrática): se priva de medios para detectar problemas y conflictos y resolverlos con justicia de forma temprana, antes de que se agraven y enquisten”.
Riechmann, muy consciente de su “situación de privilegio”, si tenemos en cuenta la represión violenta y descarnada a la que ha sido y son sometidas tantas personas en el mundo que practican la resistencia a favor de la vida, cree que tiene sentido “llamar la atención sobre los y las activistas detenidas”. Primero, para tratar de impedir la escalada de “las derivas fascistas”; y segundo, para poner el foco en la “devastación ecológica”, difuminada por “la geopolítica neoimperialista y los destrozos que provoca”.
“Recordar que estamos poniendo en riesgo nada menos que la habitabilidad de la Tierra (para seres como nosotros, no para la vida en general) me parece oportuno”, concluye.
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