Argentina se encamina a la huelga general por una reforma laboral que recorta derechos y precariza el trabajo
La reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, con media sanción del Senado y pendiente de debate en la Cámara de Diputados entre el 26 y el 28 de febrero, ha abierto un escenario de fuerte confrontación social. Las principales centrales sindicales denuncian que el proyecto supone una pérdida de derechos laborales y suenan tambores de huelga general para intentar frenar o modificar la iniciativa, mientras organizaciones vinculadas a la economía popular alertan de un aumento de la precariedad y la desigualdad.
El núcleo del rechazo sindical se sitúa en varios cambios que afectan directamente a la estabilidad del empleo y a la protección del trabajo. La reforma modifica el sistema de indemnizaciones por despido mediante la introducción de topes más bajos, la exclusión de parte de la remuneración habitual del cálculo y la posibilidad de pago fraccionado.
Además, la aceptación de la indemnización cierra la vía de reclamación posterior por el despido, lo que reduce la protección jurídica del trabajador. Para las centrales sindicales, estas medidas debilitan el carácter disuasorio del despido improcedente y favorecen una mayor rotación laboral, aumentando la inseguridad económica.
Otro de los aspectos más controvertidos es la reorganización del tiempo de trabajo. El proyecto abre la puerta a jornadas de hasta 12 horas mediante sistemas de distribución flexible y permite concentrar el tiempo laboral en periodos intensivos, aumentando la disponibilidad de la persona trabajadora.
A ello se suma la posibilidad de fraccionar las vacaciones y adaptarlas a las necesidades productivas de la empresa, lo que puede debilitar el derecho efectivo al descanso, afectar a la conciliación familiar y repercutir en la salud laboral. Aunque formalmente se mantienen límites legales, sindicatos y organizaciones sociales advierten de un modelo de tiempo de trabajo más inestable y menos previsible.
La reforma introduce también cambios en la forma de remuneración, al permitir que parte del salario pueda abonarse en moneda extranjera, criptoactivos o incluso en especie, como comida o alojamiento. Desde el sindicalismo se advierte que esta medida debilita la garantía de un salario monetario estable, genera incertidumbre sobre el valor real de la remuneración y puede favorecer relaciones laborales más desiguales, especialmente en sectores vulnerables.
El proyecto altera además el equilibrio entre empresa y trabajo al priorizar el convenio de empresa sobre el sectorial, limitar la vigencia de los convenios colectivos vencidos y exigir autorización del empleador para la celebración de asambleas sindicales.
Para las organizaciones de trabajadoras y trabajadores, estos cambios debilitan la negociación colectiva y reducen la capacidad de defensa organizada de los derechos laborales. A ello se suma la redefinición del trabajo en plataformas digitales, donde los repartidores pasan a ser considerados trabajadores autónomos sin relación laboral directa, lo que implica la pérdida de derechos asociados al empleo asalariado, como vacaciones, indemnización o protección social.
“No es modernización: es ajuste”
Las centrales sindicales rechazan la narrativa oficial que presenta la reforma como una modernización del mercado laboral. La Confederación General del Trabajo, el principal sindicato del país, sostiene que “no es modernización: es ajuste sobre las y los trabajadores” y sitúa el conflicto en la defensa de derechos sociales, afirmando que “el trabajo no se negocia, las jubilaciones se defienden y los derechos se conquistan y se defienden en la calle”.
Ante el avance del proyecto, la CGT se encamina hacia una huelga general de 24 horas. Cristian Jerónimo, uno de sus dirigentes, advirtió que “están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”. La central vive además tensiones internas entre sectores partidarios del diálogo institucional y bases sindicales que exigen una respuesta más firme.
Desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) señala que facilitar el despido y debilitar el empleo formal puede aumentar la informalidad, reducir el consumo en los sectores populares y ampliar la precariedad social. La organización también cuestiona la deslaboralización del trabajo en plataformas y sostiene que la reforma beneficia principalmente a grandes grupos económicos, al tiempo que profundizará en la desigualdad.
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Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
