Organizaciones sociales advierten al Congreso del riesgo inmediato para 60.000 familias si cae la moratoria de desahucios

Organizaciones sociales advierten al Congreso del riesgo inmediato para 60.000 familias si cae la moratoria de desahucios
Mientras el Congreso de los Diputados debate en sesión extraordinaria la convalidación de dos reales decretos-leyes de prórroga de medidas frente a situaciones de vulnerabilidad social –el llamado escudo social–, entre ellos la renovación de la moratoria antidesahucios para familias vulnerables, organizaciones sociales y sindicales se concentraron a las puertas de la Cámara Baja para advertir del impacto inmediato que tendría un eventual rechazo parlamentario de estas medidas.

Los colectivos alertaron de que, si el decreto decae, “miles de familias por todo el Estado se verán expuestas a un desahucio inminente sin alternativa habitacional”, en un contexto que califican de “emergencia habitacional” y de deterioro sostenido del acceso a la vivienda, especialmente en el mercado del alquiler.

En un canutazo ante los medios de comunicación, Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, situó la votación en un marco más amplio de crisis estructural al advertir de que “estamos en una situación totalmente límite, al borde del colapso en todo el Estado, debido a la emergencia habitacional en la que estamos inmersos”

Además, subrayó que el debate parlamentario no se limita a una cifra concreta de lanzamientos judiciales, sino a la capacidad del sistema político para proteger un derecho básico, ya que “que hoy caiga este Real Decreto no implica simplemente 60.000 desahucios, una oleada de desahucios que es totalmente inasumible, sino que implica que somos incapaces de proteger el derecho a la vivienda”.

La portavoz del sindicato de inquilinas introdujo además una lectura política de la sesión extraordinaria, al señalar a los grupos que, a su juicio, facilitarían la caída de la medida, “la derecha parlamentaria, representada por PP, por Vox y sorprendentemente por un Junts que también se alinea ahí, a pesar de que Cataluña es líder en desahucios”,

En este sentido, vinculó la discusión sobre la moratoria con el modelo de mercado inmobiliario al afirmar que “van a ser una vez más los secuaces de la patronal inmobiliaria y del negocio de la vivienda, diciéndonos abiertamente a toda la población que sí, que con nuestras vidas sí se puede hacer negocio”.

Es necesaria una solución estructural

Por su parte, el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Paco Morote, reclamó que el Congreso convalide los reales decretos-leyes para evitar un vacío de protección inmediata para las personas en situación de vulnerabilidad y advirtió de que, si la votación no sale adelante, “nos vamos a enfrentar a todos los desahucios, a todos los procedimientos que están pendientes”, además de dejar sin cobertura a quienes entren a partir de ahora en una situación de exclusión residencial, ya que “todos los nuevos procedimientos de gente que está en situación vulnerable no van a tener ningún tipo de paraguas”.

En su intervención apeló directamente al marco constitucional y a la responsabilidad de los poderes públicos, al recordar que “el artículo 47 de la Constitución habla de los poderes públicos como responsables de garantizar el derecho a la vivienda”, en referencia al propio Parlamento. Morote añadió una crítica política al comportamiento de las administraciones autonómicas gobernadas por el Partido Popular, al señalar que “uno de los partidos que parece que va a votar en contra resulta que gobierna en varias comunidades y en sus comunidades no están haciendo nada por el tema de la vivienda”, una actitud que, a su juicio, supone haberse “arrojado en brazos de la especulación y de la construcción”.

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El activista antidesahucios insistió en que la prórroga de la moratoria es una medida necesaria, pero insuficiente, al subrayar que “esto es un parche” y que “lo que es realmente imprescindible es que se aborden medidas de carácter estructural, que permanezcan estables durante todo el tiempo”, y puso el acento en la incertidumbre que viven las familias vulnerables ante cada prórroga, al asegurar que “no podéis imaginaros el sufrimiento de la gente que está en situación de vulnerabilidad cuando se acerca el 31 de diciembre y están pendientes de si se renueva o no”.

Finalmente, llamó a la responsabilidad política y advirtió de una escalada en la respuesta social si la votación no prospera, al señalar que “si esto no sale, va a haber movilizaciones, va a haber movilizaciones serias, va a haber movilizaciones duras que ya anunciaremos cuando toque”, aunque recalcó que, incluso si se aprueba la moratoria, la PAH seguirá presionando para abrir una negociación inmediata sobre soluciones de fondo.

Marco legal más estable para los derechos sociales

Desde la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE), su portavoz Damián Rodríguez amplió el foco hacia las personas mayores y pensionistas, a quienes situó también entre los colectivos afectados por la crisis de la vivienda al señalar que “hay miles de personas pensionistas que están en la precariedad y que están sufriendo estas consecuencias”.

Rodríguez denunció lo que calificó como un “chantaje” político en torno al debate parlamentario, al vincular la discusión sobre la subida de las pensiones con la retirada de medidas del decreto de vivienda, al tiempo que reclamó un marco legal más estable para los derechos sociales, al afirmar que “el tema de las pensiones públicas (…) tendría que ser garantizado por ley, por Constitución”.

La emergencia habitacional en el centro del debate

Las organizaciones reiteraron que la prórroga de la moratoria representa, a su juicio, una medida de contención mínima en un contexto de crisis habitacional que afecta a familias, personas jóvenes, trabajadoras y pensionistas.

A la espera, esta tarde, del resultado del debate en el hemiciclo, los colectivos anunciaron que mantendrán la movilización social, al considerar que el derecho a la vivienda y la protección de las personas más vulnerables deben situarse, más allá de la confrontación política, en el centro de la agenda pública.

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