Más de 7.000 áreas protegidas, amenazadas por licencias de petróleo y gas en todo el mundo
Más de 7.000 áreas naturales protegidas en todo el mundo están siendo invadidas, total o parcialmente, por licencias para la extracción de petróleo y gas. Una investigación internacional coordinada por redes de periodismo documenta cómo la expansión y la codicia de la industria de los hidrocarburos amenaza ecosistemas clave para la biodiversidad y pone en cuestión los compromisos climáticos y de conservación asumidos por la comunidad internacional
Una investigación realizada a escala mundial revela el avance de la industria del petróleo y del gas sobre buena parte de los ecosistemas clave para la biodiversidad del planeta. En la actualidad existen más de tres mil licencias concedidas a estas empresas, que afectan a 692.000 km² de áreas protegidas, una superficie mayor que la de toda Francia.
En el estudio, el primero de la serie Fuelling Ecocide, han participado medios de comunicación de trece países. Ha sido coordinado por el colectivo de periodistas Environmental Investigative Forum (EIF) y por la red European Investigative Collaborations (EIC). La metodología ha consistido en comparar 315.000 áreas protegidas recogidas en la Base de Datos Mundial sobre Áreas Protegidas (WDPA, por sus siglas en inglés) con datos geoespaciales relativos a 15.000 licencias concedidas para actividades de petróleo y gas en 120 países, proporcionados por MapStand, empresa de investigación especializada en el mapeo de la infraestructura energética global.
Ecosistemas bajo amenaza directa
Los resultados son, sencillamente, alarmantes. La industria de los combustibles fósiles no solo sigue contaminando y emitiendo CO₂ a la atmósfera, sino que lo hace a costa de la destrucción de ecosistemas esenciales para la preservación de la biodiversidad y la mitigación de los efectos del cambio climático. Arrecifes de coral, selvas tropicales, zonas húmedas, manglares… nada parece resistirse a la voracidad de estos procesos extractivos. Según el portal Infoamazonia, participante en el proyecto, en la lista figuran áreas reconocidas por su alto valor ambiental y ya de por sí fragilizadas, como la Gran Barrera de Coral australiana, la Reserva de la Biosfera Maya en Guatemala –la mayor selva tropical de América Central– o las marismas del Bajo Ogooué, en Gabón, refugio de especies en peligro como hipopótamos y elefantes.
Estos santuarios de la biodiversidad tienen un rasgo común: aunque deberían estar libres de cualquier actividad industrial, están, por el contrario, salpicados de infraestructuras vinculadas a la industria del gas y del petróleo. El estudio ha contabilizado 3.164 licencias para la producción de hidrocarburos que invaden, total o parcialmente, 7.021 áreas protegidas en 99 países. En conjunto, son 692.000 km² bajo concesión de estas empresas. Aunque solo una parte de esa superficie esté cubierta por instalaciones petroleras o gasísticas, la amenaza para la biodiversidad y para la vida de las comunidades que habitan o dependen de estos territorios es real y permanente.
Se trata, además, de zonas estratégicas para el futuro del planeta: las selvas amazónicas, la cuenca del Congo, los bosques tropicales de Indonesia, reservas de manglares en Tanzania, Guinea-Bissau y Malasia, o áreas marinas protegidas como las del mar del Norte en Europa. En estos territorios operan 763 empresas petroleras, tanto públicas como privadas. De las diez mayores (en términos de superficie ocupada), cinco son europeas: Shell (anglo-neerlandesa), Perenco (anglo-francesa), TotalEnergies (francesa), Eni (italiana) y HEP (Reino Unido). El estudio detalla las zonas en las que actúan y los ecosistemas que ponen en peligro, así como las respuestas ambiguas o directamente inexistentes que han ofrecido a los requerimientos de los investigadores.
La respuesta de la sociedad civil
Diversas organizaciones ambientalistas, como LINGO (Leave it in the Ground), han reclamado, a partir de sus propios informes, la prohibición inmediata de la explotación y extracción de combustibles fósiles en todas las áreas protegidas o conservadas del mundo. Conviene subrayar, además, que la situación real es probablemente más grave de lo que refleja este estudio, ya que los resultados están subestimados: los datos de 16 países, incluidos grandes productores de petróleo como Canadá, Irán o Venezuela, no fueron incorporados por presentar discrepancias en sus registros.
Pese a que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés) y la UNESCO recomiendan la prohibición de actividades petroleras y gasísticas en las áreas bajo su protección, y a que la comunidad científica advierte de que está en curso una extinción masiva de especies, las explotaciones continúan. Todo ello contradice abiertamente el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal (GBF), firmado por 196 países en la COP de 2022, que compromete a los Estados a proteger y restaurar los ecosistemas esenciales para la vida en el planeta.
Geopolítica y presión sobre el derecho ambiental
A este panorama ya de por sí preocupante se suma un nuevo escenario internacional marcado por la primacía de la ley del más fuerte, con un debilitamiento progresivo del derecho y de las reglas internacionales bajo la presión de las grandes potencias. Basta observar, por ejemplo, las consecuencias que tendría para el calentamiento global un eventual aumento de la producción de crudo en Venezuela, promovido por el presidente Donald Trump, como documenta Andrés Actis en su artículo Trump, Venezuela y el petróleo que debe quedar bajo tierra para evitar un planeta inhóspito. Un incremento de la extracción que, además, afectaría gravemente a áreas protegidas como la cuenca del Orinoco.
Si la aplicación del derecho ambiental internacional ha sido siempre frágil, como reconoce Antonio Tricarico, de la ONG ReCommon —dedicada a ejercer presión sobre los poderes corporativos y estatales que expolian territorios—, todo indica que esta debilidad persistirá mientras no se produzca una movilización sostenida y masiva de la sociedad civil.
Una llamada a la responsabilidad colectiva
Conviene, por último, cerrar con una reflexión en clave de compromiso. Lejos de conducir al pesimismo o a la inacción, conocer la realidad con rigor y honestidad es una condición indispensable para ponernos en marcha en la construcción de un mundo más justo y habitable. Si algo revela este panorama es que no podemos ser ingenuos ni minimizar el poder de las grandes corporaciones y de la plutocracia que, de facto, gobierna amplios resortes del sistema global.
Reconocer que la situación es grave no debe ser motivo de desaliento ni de una ecoansiedad paralizante. Al contrario, ha de impulsarnos a actuar con urgencia en favor de la justicia ecosocial. Las evidencias científicas muestran que la vida será mucho más inhóspita para la especie humana antes de lo que se preveía. La inacción frente al calentamiento global ya está pasando factura. Sin embargo, cada décima de grado que logremos evitar significa condiciones climáticas menos extremas, especialmente para las personas y comunidades más vulnerabilizadas, aquellas que menos han contribuido a esta crisis.
De nosotros y nosotras depende mitigar y adaptar sus efectos en la mayor medida posible. Y, en esta tarea, caben al menos dos apuntes en clave de esperanza activa y militante: primero, aprender de los pueblos indígenas a vivir en comunión con la naturaleza, a priorizar el bien común, a tejer alianzas y a defender con valentía la vida de las comunidades y de los territorios; y, segundo, hacer del conocimiento y de la puesta en práctica del paradigma de la ecología integral una prioridad para nuestra Iglesia. Es mucho lo que está en juego.
Militante de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de Málaga
Miembro de la Plataforma ecosocial Laudato si’
