Los sindicatos ven positiva la nueva financiación autonómica, pero reclaman la reforma fiscal pendiente
La propuesta de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para reformar la financiación autonómica ha tenido una acogida favorable entre los sindicatos, pero advierten que sin reforma fiscal, el sistema seguirá incompleto.
“Interesante, aunque con dudas”, resume Carlos Bravo, responsable de Políticas Públicas de Comisiones Obreras (CCOO). Desde la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras (UGT), su vicepresidente Fernando Luján la define como “valiente” y pide un debate “sereno y riguroso” para perfilar el modelo.
Una reforma anunciada que no llega en el mejor momento
El actual modelo de financiación autonómica lleva 17 años en vigor, pese a que se diseñó para durar solo cinco. Durante este tiempo, las comunidades han denunciado reiteradamente la infrafinanciación de competencias esenciales como sanidad, educación y dependencia.
La propuesta del Gobierno busca corregir ese déficit con un incremento de 21.000 millones de euros en las transferencias a las autonomías, elevando el porcentaje de recaudación cedido del IRPF y el IVA –del 50% actual a entre el 55% y el 56,5%– y manteniendo el 58% en impuestos especiales.
Además, se introduce un fondo anual de 1.000 millones para combatir el cambio climático, con especial atención a las regiones mediterráneas, y se establecen criterios de reparto basados en población, dependencia y edad escolar, entre otros.
Un debate que merece serenidad
Las dos organizaciones sindicales coinciden en que la propuesta responde a una demanda histórica. “Era algo reclamado por todas las comunidades”, subraya Luján, quien insiste en que el consenso sobre la necesidad de reformar el sistema es “total”. Bravo, por su parte, reconoce que el modelo “merece la pena discutirlo” y que “todas las comunidades van a recibir más dinero del que disponen en la actualidad”.
Ambos dirigentes sindicales también comparten la idea de que el debate debe ser sereno y riguroso, alejado de cálculos electorales y relatos simplistas. “Lo contrario es hacer un flaco favor a la convivencia y a la integridad territorial”, advierte Luján, que critica la estrategia de algunos gobiernos autonómicos de centrar la discusión en Cataluña. Bravo coincide en que “lo más lógico sería llegar a un gran acuerdo con los grandes partidos y el conjunto de las comunidades autónomas”.
La capacidad del Estado en entredicho
Para CCOO, la propuesta es “interesante”, pero genera “incertidumbre”. Bravo alerta de que los incrementos fiscales destinados a la financiación autonómica podrían reducir la capacidad del Estado para sufragar políticas públicas en un momento de “exigencias crecientes”. Además, lamenta que “no se acometa la necesaria reforma fiscal comprometida en el plan de recuperación”, lo que deja el sistema “incompleto”.
Desde UGT, Luján prefiere poner el acento en la valentía del Gobierno al retomar un debate que lleva más de una década bloqueado. “El diseño actual procede de 2009 y ya despertó reacciones similares”, recuerda Luján, quien señala que, pese a las críticas, el modelo se mantuvo durante los gobiernos posteriores. Para el dirigente de UGT, lo importante es evitar que la discusión derive en un enfrentamiento entre comunidades para poder garantizar la financiación del Estado del bienestar.
Uno de los puntos más controvertidos es el principio de ordinalidad, que implica que las comunidades que más aportan reciban más recursos. El PP ha criticado duramente este aspecto. El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, incluso habla de “atropello”.
Bravo reconoce que la propuesta “mejora la ‘ordinalidad’ de partida”, pero aclara que, tras los mecanismos correctores, “Cataluña queda en la misma posición que ahora, en tercer lugar”. Además, destaca que la diferencia de financiación per cápita entre comunidades se reducirá de 1.500 euros a unos 700, lo que supone un avance en equidad. “Lo que no se contempla en ningún caso es un modelo singular para Cataluña, parecido al régimen foral de Navarra o al cupo Vasco”, añade.
Luján, por su parte, resta importancia al debate sobre ‘ordinalidad’ y solidaridad. “Es una discusión bizantina”, afirma. “El modelo trata de compensar las aportaciones y lo que recibe cada comunidad teniendo en cuenta sus necesidades”.
Para UGT, lo relevante es que todas las autonomías mejoran su financiación y que las más favorecidas por habitante serán la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Murcia, que son las peor financiadas por habitante.
Una propuesta actualmente inviable
La propuesta deberá superar ahora el examen del Consejo de Política Fiscal y Financiera y, posteriormente, el trámite parlamentario. Con un Congreso fragmentado y la oposición frontal del PP —que gobierna en 17 comunidades—, la aprobación se presenta complicada. A ello se suman las críticas del presidente castellano-manchego y la exigencia de Junts de un modelo de concierto económico similar al vasco y navarro.
El Gobierno defiende que la reforma estaba comprometida en los acuerdos de investidura y que no introduce “singularidades” para ninguna comunidad de régimen común. Sin embargo, la mención a una financiación específica para Cataluña pactada en 2024 añade tensión a la negociación.
Para los sindicatos, el debate no puede reducirse a una pugna territorial. “La pregunta que deben hacerse los gobiernos autonómicos es: ¿qué recursos voy a tener para financiar las competencias asignadas?”, plantea Luján. Bravo coincide en que la reforma es necesaria, pero advierte: “Si no hay acuerdo con las comunidades ni mayoría parlamentaria, nos quedaremos como estamos, lo que es una mala noticia”.
Ambos reclaman un gran pacto político que incluya la reforma fiscal pendiente y permita cerrar “todo el arco de la intervención pública”. “Hay que reducir nuestro diferencial de ingresos con Europa”, subraya Bravo, mientras Luján insiste en que el objetivo debe ser garantizar la sostenibilidad del Estado del bienestar.
La propuesta del Gobierno abre la puerta a corregir un sistema agotado y a reforzar la cohesión territorial. Pero su éxito dependerá de la capacidad de las fuerzas políticas para superar la lógica partidista y abordar un debate que, como recuerdan los sindicatos, afecta al modelo de país que queremos construir. Algo que se antoja, a día de hoy, un imposible.
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