El Gobierno de España externaliza el control de las migraciones y usa la IA en las fronteras
El informe “Fronteras inteligentes, democracias negligentes”, elaborado por la Fundación PorCausa y el Centre Delàs, advierte de la utilización de algoritmos y herramientas de inteligencia artificial para controlar los pasos fronterizos, en el intento por convertir Europa en una fortaleza.
La primera generación de tecnología fronteriza se centró en muros y vallas físicas, y la segunda incorporó sensores, drones y sistemas de vigilancia. Ahora la tercera añade la gestión masiva de datos mediante algoritmos y herramientas de inteligencia artificial.
Entre los dispositivos incorporados en los últimos años figuran radares, drones, sensores térmicos, cámaras de reconocimiento facial y bases de datos biométricas capaces de almacenar la identidad de millones de personas.
El informe denuncia además la compra por parte del Ministerio del Interior del software israelí Cellebrite, especializado en clonado de teléfonos móviles sin autorización judicial previa.
La adquisición, formalizada en agosto de 2025 por 1,7 millones de euros, se realizó a través de la empresa española OnRetrieval Group. “Su atractivo comercial, como es habitual en la Marca Israel, es haber sido probado en combate, es decir, sobre los cuerpos de la población palestina”, señala el documento.
Desde el otoño de 2025, Ceuta y Melilla operan con el sistema Entry/Exit System, que utiliza reconocimiento facial y huellas dactilares. Este software forma parte de una estrategia europea que incluye programas como SIS, VIS, Eurodac y el futuro Shared Biometric Matching System (sBMS), que prevé almacenar datos biométricos de 400 millones de personas procedentes de terceros países.
La UE ha invertido más de 340 millones en la red Eurosur y 444 millones en el Entry/Exit System, mientras que España ha destinado al menos 541 millones de euros en herramientas de control fronterizo entre 2018 y 2025.
“La inteligencia artificial y la biometría prometen objetividad, pero lo que ofrecen es automatización del sesgo, privatización de la soberanía y erosión de la rendición de cuentas”, advierte el informe.
Gonzalo Fanjul, uno de sus autores, subraya que los algoritmos “heredan todos los sesgos de inequidad, racismo y xenofobia” presentes en las políticas migratorias. “Los Estados adoptan sistemas automáticos que sustituyen decisiones políticas complejas por resultados computacionales alarmantemente simplificadores”, añade.
El negocio, según los investigadores, es enormemente lucrativo y se sostiene en la externalización y subcontratación. Empresas como Telefónica, Indra y Escribano concentran casi el 46 % de la inversión estatal en este sector.
Además, España exporta estas tecnologías a países de tránsito como Mauritania, donde han acabado en manos de organizaciones paramilitares. “Es también una cuestión de soberanía: no sabemos cómo se gestionan los datos ni quién los controla”, advierte el periodista Jose Bautista.
Pese al despliegue tecnológico, el objetivo declarado —detener los flujos migratorios— no se cumple. “Las rutas se encarecen, se alargan, se encanallan, pero la gente que quiere llegar busca vías todavía más peligrosas”, concluye Fanjul.
España abre dos centros de detención para migrantes en Mauritania
El Gobierno de España ha abierto dos centros de detención para migrantes en Mauritania, uno en Nouakchott, la capital, y otro en Nouadhibou, cerca de la frontera con el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. Ambos espacios fueron construidos por la Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas (FIAP), una agencia de cooperación dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores, y están inspirados en los Centros de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Canarias.
Según documentos oficiales, estos centros incluyen cunas para bebés, lo que implica la privación de libertad de menores de edad, una práctica prohibida por la legislación española. “Se trata obviamente de centros de detención”, confirma una fuente implicada en el proyecto citada por PorCausa y El Salto, que añade que los niños solo serán recluidos si están acompañados por familiares.
El centro de Nouakchott dispone de al menos 107 plazas y dos cunas, mientras que el de Nouadhibou cuenta con 76 plazas y otras dos cunas, según los documentos de FIAP. Las obras y suministros fueron financiados con fondos españoles y del Fondo Fiduciario de Emergencia de la Unión Europea, a través del proyecto policial Asociación Operativa Conjunta (POC).
La inauguración tuvo lugar el 17 de octubre de 2025, en presencia de agentes de la Policía Nacional española, representantes de la UE y el ministro del Interior mauritano. Tres fuentes con acceso a los centros aseguran que, aunque las instalaciones están listas, aún no han entrado en fase operativa.
La apertura de estas cárceles supuso un desembolso mínimo de 1.080.625 euros, según documentos oficiales revisados por PorCausa. Todos los contratos fueron adjudicados por FIAP, que niega haberlo hecho sin concurso público y se ampara en la disposición adicional primera de la Ley de Contratación Pública para justificar el procedimiento en el extranjero.
Sin embargo, la agencia no ha detallado si existen protocolos para evitar maltratos o torturas a los detenidos, ni ha facilitado el reglamento que regirá su funcionamiento.
Este proyecto forma parte de la estrategia de externalización de fronteras que España ha intensificado en los últimos años, transfiriendo inteligencia y equipamiento policial al régimen mauritano para frenar la salida de cayucos hacia Canarias.
Según la investigación de PorCausa, agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional desplegados en Mauritania participan en redadas que incluyen allanamientos sin autorización judicial y detenciones arbitrarias por perfil racial.
Las personas migrantes son privadas de sus pertenencias y conducidas a estos centros, donde permanecen en condiciones infrahumanas antes de ser abandonadas en zonas desérticas como Gogui, en la frontera con Mali, un territorio con presencia de grupos yihadistas. Documentos internos de Human Rights Watch, ACNUR y la OIM confirman que estas prácticas son conocidas por organismos internacionales.
La FIAP, envuelta en el escándalo de corrupción conocido como “caso Mediador”, tampoco ha respondido a preguntas sobre el destino final de los migrantes ni sobre las garantías para evitar abusos. En su web, la agencia asegura que los centros servirán para “determinar si las personas detenidas son víctimas de trata, menores no acompañados, personas vulnerables o solicitantes de protección internacional” y que la estancia máxima será de 72 horas.
El negocio de la externalización es lucrativo y opaco. Empresas como CADG, adjudicataria de las obras, y Falcon Consultores, responsable del estudio técnico, han evitado responder a las preguntas de los periodistas. TRAGSA, empresa pública que inicialmente recibió el encargo, reconoce que el contrato fue resuelto “en términos amistosos” a petición de FIAP. Mientras tanto, Mauritania sigue recibiendo vehículos, drones y tecnología financiada por España y la UE para reforzar el control migratorio.
Las consecuencias humanas son dramáticas. Entre las víctimas de estas prácticas está Sady Traoré, un joven músico maliense que huyó de Bamako tras recibir amenazas por organizar conciertos contra el golpe militar. Tras ser abandonado dos veces en el desierto por las fuerzas mauritanas, llegó a Canarias en enero de 2024. Hoy duerme bajo un puente cerca de Valencia y sobrevive como jornalero mientras espera poder solicitar asilo, según el Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR).
Redactor jefe de Noticias Obreras
