Críticas del Sindicato de Inquilinos y FACUA a la bonificación en el IRPF de los arrendadores
La propuesta del Gobierno de bonificar el 100% del IRPF a los propietarios que no suban el precio del alquiler en los contratos que vencen este año ha generado un fuerte rechazo entre las organizaciones de inquilinos y consumidores.
“Hoy hay más de un millón de inquilinas en riesgo de ser expulsadas de sus viviendas por sus caseros. El negocio del rentismo consiste precisamente en expulsar a un inquilino para alquilar de nuevo un 30% o un 50% más caro. Este modelo es extremadamente rentable para los rentistas, y la bonificación del IRPF no va a frenar esta dinámica”, denuncia el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas.
“Las bonificaciones son un regalo para los caseros que no protegerá a los inquilinos. Con los alquileres en máximos históricos, el Gobierno propone premiar fiscalmente a los caseros por mantener precios abusivos. Congelar alquileres que la gente ya no puede pagar no resuelve el problema: hace falta bajarlos, no recompensar a quienes los mantienen”, añade esta entidad.
“Mientras quienes trabajan pagan impuestos, los caseros reciben bonificaciones por cobrar alquileres, haciendo que paguemos no solo el 60 o 70% del sueldo, sino también una parte vía impuestos. Esto convierte el mercado del alquiler en un paraíso fiscal para el rentismo, mientras millones viven con miedo a perder su casa”, destaca.
El sindicato reclama medidas estructurales encaminadas a que los contratos de alquiler sean indefinidos, tal como sucede en países como Alemania, Suecia, Francia, Dinamarca, Noruega o Austria.
Por su parte, el secretario general de FACUA-Consumidores en Acción ha respondido que “ante una emergencia social, el presidente Sánchez renuncia una vez más a recaudar impuestos como cortina de humo para no emprender medidas de calado contra la especulación inmobiliaria”.
De paso, ha recordado que hizo lo mismo ante “las brutales subidas de los precios de los alimentos básicos, renunció ante los tarifazos eléctricos y vuelve a renunciar ahora”.
FACUA reclama al presidente que asuma de una vez la gravedad de la situación del mercado de la vivienda en España e imponga medidas que realmente garanticen una bajada de los precios del alquiler. “No se trata de premiar fiscalmente a quien no suba precios, sino de, como mínimo, imponer legalmente su congelación, una medida que puede tomarse como quedó constatado durante la pandemia”, señala el secretario general de la asociación.
La gran renovación y la ley pendiente
Más de 630.000 contratos firmados en 2021 finalizan en 2026, afectando a 1,6 millones de personas. En Madrid, donde el alquiler ha subido un 57% en cinco años, un piso de 80 m² podría aumentar 660 euros mensuales, hasta superar los 1.800 euros, según Idealista.
Mientras tanto, el Congreso se prepara para votar en febrero la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, impulsada por los sindicatos, que incluye la regulación de alquileres de temporada y por habitaciones; la prórroga de tres años en zonas tensionadas de Cataluña, País Vasco, Galicia y Asturias; y topes de precio y sanciones contra el fraude.
La ley cuenta con el apoyo del PSOE, PNV y el bloque de izquierdas, pero necesita los votos de Junts. “Instamos a todos los partidos a alejar esta ley de la batalla partidista”, reclaman desde el inquilinato.
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