Contratación en origen 2026. Preguntas y respuestas
La Orden ISM/1547/2025, de 23 de diciembre, regula la gestión colectiva de contrataciones en origen para 2026 (GECCO). Aunque se trata de una norma técnica, afecta directamente a decenas de miles de personas trabajadoras migrantes y a sectores clave de la economía española
Estas son sus claves en formato de preguntas y respuestas:
¿Qué regula la Orden ISM/1547/2025?
Regula el procedimiento para autorizar la contratación en origen de personas trabajadoras extranjeras para cubrir empleos temporales en España durante 2026. Establece los requisitos, los plazos, las obligaciones empresariales y el papel de las distintas administraciones.
No crea un sistema nuevo, sino que ordena y consolida un mecanismo ya estructural del mercado laboral español, especialmente en sectores con fuerte estacionalidad.
¿La orden fija un número de personas trabajadoras?
No. La orden no establece cupos ni cifras cerradas. Define el marco jurídico y deja el volumen final de contrataciones supeditado a las solicitudes empresariales, a los informes sobre la situación nacional de empleo y a las resoluciones administrativas que se vayan aprobando.
Esta ausencia de cifras iniciales no implica una dimensión menor, sino una gestión flexible de una realidad ya muy significativa, como muestran los datos oficiales.
¿Qué es la migración circular y por qué se impulsa?
La migración circular permite que una persona trabajadora repita campañas en España y regrese a su país de origen al finalizar el contrato. La orden la fomenta por razones de gestión, previsibilidad y control administrativo.
Desde una perspectiva social, sin embargo, este modelo facilita el funcionamiento del sistema productivo, pero limita las posibilidades de arraigo, promoción profesional y ejercicio pleno de derechos.
¿Qué volumen real tiene hoy la migración circular?
Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, durante 2025 los programas de migración circular permitieron que 25.767 trabajadores y trabajadoras procedentes de 17 países realizaran actividades de temporada en España, un 25% más que en 2024.
Las contrataciones se concentraron mayoritariamente en el sector agrario y se desarrollaron en 21 provincias españolas. En los últimos tres años, más de 65.000 personas han participado en estos programas: unas 19.000 en 2023, más de 20.000 en 2024 y más de 25.000 en 2025, lo que evidencia un crecimiento sostenido.
¿Quiénes participan mayoritariamente?
De forma muy mayoritaria, mujeres. En 2025, el 92% de las personas participantes fueron mujeres, un dato que confirma el carácter profundamente feminizado de la migración circular, especialmente en las campañas agrícolas.
Este rasgo plantea interrogantes relevantes sobre condiciones de trabajo, salud laboral, conciliación y protección frente a abusos, cuestiones que la orden reconoce de forma implícita, pero no desarrolla.
¿En qué sectores se concentra la contratación en origen?
Principalmente en la agricultura, especialmente en campañas de recolección, aunque la orden permite su aplicación a otros sectores estacionales que acrediten falta de mano de obra disponible en España.
La norma asume así que amplias zonas del campo español no pueden sostener su actividad sin personas trabajadoras migrantes, una realidad económica que sigue sin traducirse plenamente en reconocimiento social y político.
¿Qué tipo de contratos se formalizan?
Fundamentalmente contratos temporales, vinculados a una campaña concreta y con una duración limitada. Esta temporalidad es uno de los elementos más problemáticos del sistema, ya que cronifica trayectorias laborales sin estabilidad, incluso cuando se repiten campañas durante años.
¿Qué derechos reconoce la orden a las personas trabajadoras?
Reconoce formalmente los mismos derechos laborales que al resto de personas trabajadoras en España: salario conforme a convenio, jornada legal, alta en la Seguridad Social y condiciones dignas de alojamiento cuando este depende del empleador.
El principal problema no es el reconocimiento normativo, sino la garantía efectiva de esos derechos, especialmente en contextos de dependencia y vulnerabilidad.
¿Qué obligaciones asumen las empresas?
Las empresas deben: Cumplir la legislación laboral y salarial. Garantizar las condiciones comprometidas. Proporcionar alojamiento adecuado cuando proceda. Facilitar el retorno al país de origen al finalizar la campaña.
La orden refuerza estas obligaciones, pero no incorpora mecanismos nuevos de control, lo que deja su cumplimiento muy ligado a la capacidad inspectora real.
Redacción de Noticias Obreras.
