Claves de la regularización extraordinaria 2026. Requisitos, calendario y derechos
La regularización extraordinaria prevista para 2026 abre una vía legal para que miles de personas en situación administrativa irregular puedan obtener permiso de residencia y trabajo en España
Esta guía práctica explica quién puede acogerse al proceso, qué requisitos se exigen, qué calendario se ha fijado y qué derechos obtienen quienes ya forman parte de la vida laboral y comunitaria del país.
¿Qué ha aprobado el Gobierno?
Una regularización extraordinaria por vía reglamentaria (real decreto) que permitirá a personas en situación administrativa irregular obtener una autorización de residencia y trabajo en España. El Ejecutivo la presenta como una respuesta “inmediata, ordenada y plenamente conforme al marco legal español y europeo”.
¿Por qué ahora?
El Gobierno justifica la decisión en dos factores: la urgencia social y el respaldo político y ciudadano expresado a través de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), avalada por más de 700.000 firmas. Según el documento oficial, la medida “reconoce y dignifica a quienes ya viven entre nosotros” y pretende dar seguridad jurídica a una realidad laboral y social ya existente.
¿Por qué no se tramita por ley en el Parlamento?
El Ejecutivo sostiene que la vía reglamentaria no sustituye el debate parlamentario, sino que lo complementa ante el bloqueo de la ILP en el Congreso. Defiende que actúa “dentro del marco constitucional” para dar una respuesta rápida a miles de personas que ya viven y trabajan en el país.
¿Quiénes podrán acogerse?
Los requisitos principales son:
- Haber residido de forma continuada en España al menos cinco meses antes del 31 de diciembre de 2025.
- En el caso de solicitantes de protección internacional, haber presentado la solicitud antes de esa fecha.
- Carecer de antecedentes penales.
¿Cuándo se podrá solicitar?
El Gobierno prevé que las solicitudes se presenten a principios de abril de 2026, una vez completados los trámites del Real Decreto. El plazo permanecerá abierto hasta el 30 de junio de 2026.
¿Qué derechos otorga la autorización?
La autorización concedida:
- Permite trabajar en todo el territorio nacional y en cualquier sector.
- Tiene una vigencia inicial de un año.
- Transcurrido ese plazo, la persona deberá incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería.
¿Cómo encaja con la reforma del Reglamento de Extranjería?
El Ejecutivo defiende que la regularización “complementa” la reforma del RLOEX de 2025, que busca facilitar el arraigo, el acceso a la formación y la integración familiar. La medida permitiría “poner el contador a cero” y evitar la reproducción de situaciones de exclusión administrativa y laboral.
¿Por qué el Gobierno defiende esta medida?
- No genera “efecto llamada”, al contar con una fecha de corte y un plazo cerrado de solicitudes.
- Reduce la economía informal y la explotación, porque, en sus palabras, “regularizar es cortar ese negocio”.
- Refuerza la integración laboral y social, al permitir cotizar, pagar impuestos y acceder a derechos como la sanidad y la educación.
¿Es una medida excepcional?
Sí. Se presenta como un proceso con plazos definidos y carácter extraordinario, aunque el propio texto recuerda que España ha impulsado procesos similares desde los años 80 y que en la Unión Europea se han realizado más de 40 regularizaciones en las últimas décadas.
¿Qué falta por concretar?
El documento oficial no detalla todavía los canales de presentación de la solicitud (sede electrónica u oficinas presenciales), ni la documentación exacta que habrá que aportar, las posibles tasas administrativas o los plazos de resolución.
Estos aspectos se conocerán cuando se complete la tramitación del Real Decreto y se publiquen las instrucciones oficiales de aplicación.
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Con información del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
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