CCOO y UGT reclaman un “salto de escala” en las políticas de vivienda ante la emergencia habitacional
Con motivo de la constitución del Consejo Asesor de Vivienda, las organizaciones sindicales CCOO y UGT han advertido que España atraviesa “una emergencia habitacional” que ya no afecta únicamente a los hogares más vulnerables, sino también a amplias capas de las clases trabajadoras y medias, pese a las medidas adoptadas en los últimos años.
Los sindicatos reclaman que el debate no se limite a actuaciones puntuales, sino que se aborde “un salto de escala sostenido”, basado en un parque público fuerte, inversión continuada y una regulación efectiva del mercado.
“Necesitamos aumentar los recursos públicos para promover vivienda pública con carácter permanente y garantizar el acceso mediante programas de vivienda social y asequible”, manifiestan en un comunicado conjunto ambos sindicatos.
Regulación del alquiler y control de abusos
Tras el anuncio de nuevas medidas por parte del Gobierno, los sindicatos consideran “imprescindible” la intervención y regulación del alquiler de temporada, habitacional y turístico para evitar desvíos irregulares de oferta residencial. Reclaman inspección, mecanismos de control y sanciones contundentes frente a prácticas abusivas como el cobro de mes de agencia al inquilino, traslado del IBI o fianzas superiores al límite legal. Además, proponen una reforma puntual de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para impedir que estos gastos queden a la negociación entre partes.
Respecto a los incentivos fiscales anunciados —exención del 100% en rendimientos netos del alquiler para arrendadores que no suban precios en las renovaciones previstas para 2026—, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras (UGT) advierten que “solo se justifican si están ligados a resultados verificables y no se convierten en un gasto fiscal sin impacto en la oferta asequible”. Reclaman excluir a personas jurídicas y grandes tenedores, así como diferenciar incentivos para quienes reduzcan precios frente a quienes los mantengan.
Plan Estatal y estrategia europea
Los sindicatos valoran positivamente el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aunque consideran insuficiente la inversión prevista: 7.000 millones de euros (0,4% del PIB) frente a una necesidad estimada de entre el 1% y el 1,5% del PIB anual. Recuerdan que la recaudación fiscal asociada a vivienda asciende a 52.200 millones (3,5% del PIB).
Asimismo, destacan el cambio de paradigma que supone el Plan Europeo, con una estrategia integral basada en cuatro pilares —oferta, inversión, reformas y protección— e instrumentos como la plataforma paneuropea de inversión, mayor papel del Banco Europeo de Inversión y flexibilización de ayudas de Estado.
Medidas sociales y moratoria
CCOO y UGT valoran la prórroga de la moratoria de lanzamientos para hogares vulnerables hasta el 31 de diciembre de 2026, pero advierten que “tras cinco años prorrogándose, estas medidas deberían ser estructurales”. Solo se cumple la obligación de realojar en el 5% de los casos y persisten demoras en las compensaciones a pequeños propietarios. De 6.400 solicitudes, apenas se han resuelto 2.850.
Las dos organizaciones han puesto sobre la mesa la posibilidad de canalizar parte del ahorro familiar hacia proyectos de vivienda asequible. Según datos del Banco de España, los hogares mantienen 1,08 billones de euros en depósitos con una rentabilidad muy baja —0,14% en cuentas a la vista y 1,6% en depósitos a plazo— frente a una inflación del 2,9% en diciembre, lo que implica una pérdida de valor real. “Este ahorro podría destinarse, con garantías, a objetivos de país como la vivienda”, apuntaron.
También señalaron la capacidad financiera infrautilizada en el ámbito local: los ayuntamientos acumulan 45.387 millones de euros en depósitos y efectivo, que podrían movilizarse mediante inversiones financieramente sostenibles antes del 31 de diciembre de 2026.
FACUA denuncia su exclusión del Consejo Asesor de Vivienda
FACUA-Consumidores en Acción ha calificado de “muy grave” su exclusión de la reunión constitutiva del Consejo Asesor de Vivienda, celebrada este jueves, un órgano cuya misión es garantizar la participación de los distintos agentes sociales en la elaboración y desarrollo de la política de vivienda.
La asociación considera “inaceptable” que la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, haya optado por “silenciar la voz de una de las principales asociaciones de consumidores del país”, especialmente tras las críticas vertidas por FACUA al anuncio del presidente Sánchez de eximir del pago de IRPF a los propietarios que no incrementen los alquileres, una medida que la organización tacha de insuficiente para frenar la especulación.
FACUA insiste en la necesidad de medidas contundentes que garanticen una bajada real de los precios del alquiler y reclama que se asuma “la gravedad de la situación en el mercado de la vivienda en España”.
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