CCOO y UGT alertan de que las transferencias de la Seguridad Social al País Vasco pueden tensionar la “caja única” y la igualdad en el acceso a las prestaciones
CCOO y UGT han reclamado al Gobierno de España “una información completa y detallada” sobre el acuerdo de transferencias parciales de competencias de la Seguridad Social a la Comunidad Autónoma Vasca, al considerar que afecta a uno de los pilares del Estado social: la unidad financiera del sistema y la igualdad en el acceso a las prestaciones.
Ambas organizaciones sindicales han puesto el foco en el alcance social y jurídico del acuerdo cerrado en la Comisión Mixta de Transferencias entre el Gobierno central y el Ejecutivo vasco, que incluye el traspaso de competencias en protección por desempleo, prestaciones familiares no contributivas, Seguro Escolar, Salvamento Marítimo y la ampliación en materia de seguridad y salud en el trabajo con la transferencia del Centro Nacional de Verificación de Maquinaria (CMVM) de Barakaldo.
En una nota conjunta, ambas organizaciones advierten de que no han sido informadas previamente a través de los marcos habituales de diálogo social, pese a tratarse, subrayan, de “la principal red de protección social y redistribución de renta que existe en nuestro país”, financiada “muy mayoritariamente con cotizaciones sociales”. Para los sindicatos, esta ausencia de interlocución resulta especialmente significativa en una materia que incide de forma directa en los derechos de millones de personas trabajadoras, desempleadas y pensionistas.
Falta de diálogo social
CCOO y UGT lamentan que ni el Ministerio de Trabajo ni el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones hayan trasladado esta cuestión a los espacios de negociación con los agentes sociales. “Tratándose de una materia especialmente sensible y de gran trascendencia social, hubiera sido deseable que pudiera abordarse previamente en el marco del diálogo y con la participación de los interlocutores sociales”, señalan.
Desde esta perspectiva, los sindicatos subrayan que un mayor intercambio de información y un tratamiento compartido en estos espacios “contribuiría a reforzar la confianza y a mejorar la calidad y el consenso en torno a cualquier medida que afecte a este pilar social”, en referencia al sistema público de protección que sostiene a personas desempleadas, familias y pensionistas.
La “caja única” como línea de garantía
Para los sindicatos, la unidad de caja de la Seguridad Social es esencial. Ambas organizaciones recuerdan que, aunque la Constitución permite que las comunidades autónomas ejecuten servicios, la legislación básica y el régimen económico del sistema son competencia estatal. En ese marco, subrayan que corresponde al Estado “la regulación y financiación, el control del flujo de ingresos, pagos, devoluciones, la titularidad centralizada de los recursos y la función de Tesorería”, así como el establecimiento de los criterios de aplicación de la normativa.
Para las organizaciones sindicales mayoritarias, este principio es la garantía material de la igualdad en el acceso a las prestaciones. En su lectura, la centralización de los recursos es lo que permite que los derechos sociales no dependan del territorio en el que se resida, sino de una lógica de solidaridad interterritorial y de corresponsabilidad colectiva basada en las cotizaciones sociales.
Elementos “singulares” del acuerdo
Los sindicatos ponen el acento en algunos aspectos que consideran especialmente sensibles del traspaso anunciado. Entre ellos, destacan la transferencia íntegra del Seguro Escolar “incluida la recaudación y gestión económica en su conjunto”, un ámbito que, a su juicio, afecta directamente al control de los recursos del sistema.
En cambio, en el caso de las prestaciones por desempleo, tanto en su nivel contributivo como asistencial, señalan que la “configuración de nómina, pago de prestación y recaudación ejecutiva de prestaciones indebidas se mantienen en la Tesorería General de la Seguridad Social”, un elemento que consideran “determinante a efectos de mantenimiento de la caja única”.
Este matiz, subrayan, será clave para evaluar el impacto real del acuerdo y su compatibilidad con la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la titularidad estatal de los recursos y el funcionamiento económico uniforme del sistema.
Desigualdades en la ejecución territorial
CCOO y UGT recuerdan que la gestión autonómica de las pensiones no contributivas ha tenido una “valoración muy dispar” en cuanto a las condiciones de acceso, en función de la “capacidad y diligencia de cada administración autonómica”. A su juicio, este precedente muestra cómo la ejecución territorial de prestaciones puede traducirse en diferencias reales para las personas más vulnerables, aun cuando la normativa sea común.
En esa línea, apuntan también a la gestión del ingreso mínimo vital, asumida por el País Vasco y Navarra por determinación legal, y cuyo posible traspaso a otras comunidades, como Cataluña, sigue en negociación. Para los sindicatos, estos procesos deben ser analizados con especial cuidado por su impacto en la cohesión social y territorial.
Exigencia de transparencia y control social
La nota conjunta concluye con una demanda explícita al Gobierno de España para que facilite a los interlocutores sociales “una información completa y detallada sobre el alcance del acuerdo alcanzado”, con el fin de “contrastar y garantizar que resulta plenamente coherente con el marco competencial y con el principio de unidad de caja de nuestro sistema de Seguridad Social”.
Más allá del debate jurídico, la posición sindical sitúa la discusión en un plano sociolaboral: la Seguridad Social es un instrumento central de redistribución y justicia social que se financia, en gran medida, con la aportación de millones de personas trabajadoras. La cuestión que plantean es hasta qué punto las transferencias que afectan a la gestión económica pueden convivir con un modelo basado en la igualdad de derechos y en la solidaridad entre territorios.
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Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
