Argüello, presidente de los obispos, y García Cadiñanos, responsable de Migraciones, celebran la regularización extraordinaria de personas migrantes
Ante la regularización extraordinaria de personas migrantes residentes en España, el mismo presidente del episcopado español, Luis Argüello ha reaccionado positivamente, al igual que el también obispo Fernando García Cadiñanos, responsable de Migraciones y Movilidad Humana, que lo considera un acto de justicia social
El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha valorado el decreto de regularización extraordinaria de personas migrantes aprobado hoy por el Gobierno, una medida que, según afirmó, supone “un reconocimiento a la dignidad humana” y responde a una demanda que la Iglesia viene formulando desde hace años.
En la misma línea se ha expresado Fernando García Cadiñanos, obispo de Mondoñedo-Ferrol y presidente de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y la Movilidad Humana desde marzo de 2024.
El apoyo de la institución a este proceso se materializó de manera explícita en su respaldo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por más de 900 organizaciones sociales.
Argüello, también arzobispo de Valladolid, destaca que el decreto “viene a solucionar la situación de personas que ya vivían en tantos lugares de España y que se encontraban con el muro de la falta de legalización”. Recordó, además, que las entidades impulsoras de la ILP ya habían señalado que la medida podía haberse adoptado meses antes.
El presidente de la CEE subraya asimismo que la decisión del Ejecutivo constituye “un reconocimiento de la salud democrática de nuestro país y de la importancia de las iniciativas de la sociedad organizada”, recordando la amplitud y diversidad de entidades —eclesiales, sociales y sindicales— que han confluido en esta apuesta común por la regularización extraordinaria.
Aun así, Argüello advirteque “el desafío de la integración de los migrantes continúa”, al igual que la necesidad de una gestión ordenada de los flujos migratorios que, señaló, difícilmente podrá resolverse sin un acuerdo en el marco de la Unión Europea.
Con todo, invitó a recibir la decisión con alegría: “Muchas personas que ya estaban trabajando y no podían ni siquiera cotizar hoy inician un proceso de pertenencia plena a nuestra sociedad”.
“Un acto de justicia social”
El responsable de la pastoral de acogida y promotor de iniciativas como “Hospitalidad Atlántica”, García Cadiñanos califica la decisión del Gobierno como “una muy buena noticia”, fruto de “muchas conversaciones, diálogos y encuentros con diversos actores políticos”.
Para el obispo, el proceso abierto hoy “sirve para poner luz y esperanza” a la situación de miles de personas migrantes que vivían en condiciones de vulnerabilidad y riesgo de exclusión.
“Consideramos que es un acto de justicia social y un reconocimiento a tantas personas migrantes que, con su trabajo, llevan tiempo contribuyendo al desarrollo de nuestro país, aun a costa de mantenerles en situación irregular”, afirmó.
El Departamento de Migraciones de la CEE –que trabaja conjuntamente con Confer, Cáritas y la red de organizaciones que impulsaron la ILP– señaló que el objetivo final de la medida es avanzar hacia una integración plena, para que estas personas puedan “contribuir con todas sus fuerzas, con todo su ser, al bien de esta sociedad de acogida”.
García Cadiñanos reclamó además que las administraciones habiliten “los cauces adecuados y suficientes” para que el proceso se desarrolle con garantías. “Que pueda vehicularse de la mejor manera posible y siempre al servicio de las personas migrantes”, pidió.
📹 Mensaje de Mons. Fernando García, presidente de la Subcomisión Episcopal para las #Migraciones @prensaCEE, sobre el inicio de un proceso para la regularización extraordinaria de personas #migrantes
💬 “Se demuestra el poder de la unión y de la constancia en el bien común” 🫂 pic.twitter.com/w69ZKzphAK
— Diócesis de Mondoñedo-Ferrol (@mondonedoferrol) January 27, 2026
También la Comisión General de Justicia y Paz valoró positivamente el inicio del proceso de regularización extraordinaria, felicitando al Gobierno por una decisión que, a su juicio, garantiza “derechos fundamentales y seguridad jurídica” a cientos de miles de personas que residían en situación de irregularidad.
La entidad subrayó que la medida “pone en el centro a las personas y sus derechos” y responde a una realidad social ampliamente extendida.
La organización destacó asimismo el papel de la sociedad civil en este avance, recordando la labor de cinco años que ha sostenido la ILP impulsada por Regularización Ya y respaldada por más de 700.000 firmas. Un ejemplo, señalaron, de participación democrática capaz de situar la inclusión, la dignidad y la justicia social en el corazón del debate público.
Para Justicia y Paz, la regularización reconoce no solo la contribución económica y comunitaria de miles de personas migrantes, sino también la suma de voluntades de entidades sociales, organizaciones de derechos humanos y ciudadanía que han defendido la medida de forma “consistente y constructiva”.
Un paso, concluyen, hacia “una política migratoria más humana, justa e inclusiva” y hacia una convivencia basada en la cohesión social.
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