Un estudio advierte de que España podría incumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible
El informe elaborado por el Instituto Paz y Solidaridad de la Fundación 1º de Mayo, alerta de que España podría no cumplir varias de las metas comprometidas para el 2030: reducción de la pobreza, empleo digno, igualdad y lucha contra la violencia de género
El Informe Sindical de Seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2025 pone la lupa especialmente en el ODS 1 que plantea reducir a la mitad la pobreza entre las mujeres, hombres y niños y el ODS 5 cuyo fin es asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres con medidas de igualdad de oportunidades y de liderazgo a todos los niveles en la vida política, económica y pública.
El estudio destaca que la pobreza y la exclusión social, que se mide por el índice AROPE, afecta a un 26,8% de mujeres y un 24,8% de hombres, creciendo la vulnerabilidad entre las mujeres jóvenes.
La carestía de la vivienda se ha convertido en un elemento de gran impacto en la economía doméstica de las personas y familias con grandes capas de la población dedicando más del 30% recomendado a ese gasto, alcanzando una media del 47% de los ingresos que se destinan al alquiler. Esta peso es aún más grave en las grandes ciudades y en las zonas turísticas. Además, el 27,3% de los que viven alquilados no pueden mantener la vivienda a una temperatura adecuada y más del 20% retrasan el pago de los suministros básicos para vivir con dignidad.
El informe de la Fundación, impulsada por el sindicato Comisiones Obreras (CCOO), considera que abordar la reducción de la pobreza es un reto estructural para el que plantea una batería de medidas que se inician con potenciar las políticas de igualdad de género en el ámbito laboral, a las que deben seguir el incremento del gasto público en protección social dirigido a mejorar las economías de familias con “baja intensidad de trabajo”, más inversión en programas de empleo inclusivo, viviendas de alquiler asequibles, ampliar el alcance del ingreso mínimo vital, que debe ser complementado y mejorado por las comunidades autónomas, y el aumento del salario mínimo interprofesional. Otra medida importante es la reforma del bono social eléctrico.
Trabajo decente e inclusión: el gran déficit estructural
Conectado estrechamente al ODS anterior relativo a la reducción de la pobreza, está el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8 que promueve el trabajo decente, una necesidad que afecta especialmente a las mujeres y las personas con discapacidades. La Fundación 1º de Mayo resalta la importancia del Real Decreto 902/2020 de 13 de octubre que sienta las bases para trabajar en condiciones de igualdad. En este sentido, señala tres medidas para aterrizar en la realidad de miles de mujeres: promover su presencia en sectores laborales masculinizados, la corresponsabilidad después de los cuidados o el desempleo y medidas específicas para reducir la brecha salarial en los convenios.
En el ámbito de la inclusión, los autores de este informe apuntan a la necesidad de reorientar las políticas públicas hacia un modelo más eficaz de inclusión laboral real. Advierten que en España existen 2.307 centros especiales de empleo, el 69% de ellos funcionan con ánimo de lucro y el 31% son iniciativas sociales. Nada menos que el 93% de los fondos públicos para la inclusión nutren los centros especiales de empleo que a su vez tienen contratadas el 80% de las personas con discapacidades. Se sugiere la revisión de esa política para no crear segregación estructural y favorecer el acceso al mercado laboral ordinario de estas personas.
Violencias hacia las mujeres: más casos, más visibilidad, misma urgencia
Sobre la violencia contra las mujeres, se señala que su reducción está lejos, detectándose más casos en todas las franjas de edad. En el año 2024 se registraron 34.684 víctimas de la violencia machista. No obstante, el informe considera que “es razonable suponer que responde a una mayor visibilidad de las violencias machistas y de los movimientos de apoyo, así como un posible aumento de la confianza en las instituciones”.
La Fundación considera prioritario combatir la violencia de género, especialmente en los entornos laborales. Apuesta porque las víctimas reciban una atención integral con la consideración de servicios esenciales.
En relación con la violencia sexual insiste en una reclamación ya reiterada de que las víctimas dispongan de un titulo habilitante que las acredite aunque el agresor no tenga activada un orden de alejamiento o no se haya llegado a una sentencia condenatoria. Este título concretaría en la situación de cada mujer víctima el acceso a los derechos económicos, laborales, de vivienda y Seguridad Social. Pese a que la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual dio cobertura hace tres años a esas duras circunstancias de muchas mujeres, el estudio denuncia que “está obstaculizado” en la Conferencia Sectorial de Igualdad que integran el Ministerio de Igualdad y las comunidades autónomas.
Periodista.
Militante de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de Málaga
