Organizaciones de la sociedad civil reclama un giro estructural ante la vulnerabilidad social y la emergencia ecológica

Organizaciones de la sociedad civil reclama un giro estructural ante la vulnerabilidad social y la emergencia ecológica
Las principales organizaciones del Tercer Sector de Acción Social –entre las que se encuentra Cáritas Española–, de Cooperación al Desarrollo y del ecologismo han hecho público un posicionamiento conjunto en el que alertan de que la vulnerabilidad social y la emergencia ecológica “son dos caras de la misma moneda” y exigen un cambio de rumbo profundo para frenar un deterioro que califican ya de “punto de no retorno”

El documento titulado La sociedad civil ante la vulnerabilidad social y la emergencia ecológica, presentado este jueves en el Congreso, recuerda que 12,5 millones de personas (el 25,8% de la población) continúan en riesgo de pobreza o exclusión social en España, mientras que los efectos de la crisis climática, la pérdida de biodiversidad, los fenómenos meteorológicos extremos y los desplazamientos forzados por motivos ambientales golpean con más dureza a las personas y territorios más vulnerables. A escala global, más de 20 millones de personas se ven obligadas cada año a abandonar sus hogares debido a eventos climáticos extremos, una tendencia que seguirá aumentando si no se actúa con rapidez.

Las organizaciones firmantes sostienen que el modelo de producción y consumo vigente “pone en peligro la vida de las personas” y reclaman una transición ecológica justa que ponga límites al crecimiento económico ilimitado. Para ello, apuestan por una economía verde y local que genere empleo digno, por políticas de conciliación, por el fortalecimiento de los cuidados y por una fiscalidad más progresiva y sostenible que sitúe el esfuerzo donde se concentra la riqueza y avance en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal.

Derechos fundamentales

El posicionamiento dedica un amplio espacio a los derechos fundamentales. Reclama garantizar el acceso efectivo a la alimentación adecuada, la vivienda “que debe dejar de ser un bien mercantilizado”, la salud, la energía verde, la educación y el acceso digital, así como reforzar la cooperación internacional para que ningún país quede atrás en la provisión de servicios básicos. En educación, propone impulsar una formación transformadora que prepare a las nuevas generaciones para enfrentar los desafíos climáticos y sociales desde un enfoque de justicia global.

Asimismo, advierte del aumento de los desplazamientos ambientales y urge a desplegar estrategias que aseguren recursos y protección para las poblaciones afectadas. La Asamblea General de la ONU reconoció en 2022 el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible; un principio que las organizaciones consideran imprescindible integrar en todas las políticas públicas.

El documento traza una hoja de ruta basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas) y defiende el Pacto Verde Europeo como marco de referencia para una transición ecológica justa. Para ello, reclama que sus medidas se cumplan de forma efectiva, con visión integral y participación activa de la sociedad civil. En este sentido, consideran que un Pacto de Estado en materia ambiental y social es una oportunidad necesaria y urgente.

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“Nos sentimos con la responsabilidad de liderar la lucha por un futuro más justo y sostenible”, concluyen las organizaciones firmantes, que llaman a cooperar y sumar esfuerzos ante una crisis que, recuerdan, ninguna institución ni país podrá afrontar en solitario.

FOTO | Ebaba Hameida, periodista y escritora, Carlos Susías, vicepresidente de Derechos Sociales. Transición Justa e internacional de la Plataforma del Tercer Sector; Asunción Ruiz, en representación de las entidades ecologistas y Javier Ruiz, presidente de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo

 

Síntesis de las propuestas

1. Cambiar el modelo económico
Apostar por una economía verde y local, abandonar el crecimiento ilimitado y garantizar empleo digno en la transición ecológica.

2. Fiscalidad más justa
Reforma fiscal progresiva, mayor fiscalidad verde y lucha reforzada contra el fraude y la evasión.

3. Derechos básicos garantizados
Alimentación adecuada, vivienda no mercantilizada, salud (incluida la mental), energía verde, educación inclusiva y acceso universal a internet.

4. Impulso de los cuidados
Planes integrales para la atención a personas dependientes, mayores o vulnerables y medidas que faciliten la conciliación.

5. Cooperación internacional con justicia global
Fondos específicos para la crisis climática, protección de personas defensoras y políticas basadas en “responsabilidades comunes pero diferenciadas”.

6. Educación transformadora
Refuerzo de la educación pública y de la Educación para la Justicia Global para combatir desigualdades y promover modelos sostenibles.

7. Respuesta a los desplazamientos ambientales
Políticas que garanticen recursos y condiciones de vida dignas en territorios afectados por sequías, contaminación y desastres climáticos.

8. Marco político común
Aplicar la Agenda 2030 como guía, exigir el cumplimiento del Pacto Verde Europeo y promover un Pacto de Estado social y ambiental.