Miles de personas reclaman en València el “derecho a la vivienda”: “El precio es impagable”
Una manifestación ha recorrido este sábado por la tarde el centro de València para exigir el derecho efectivo a una vivienda digna y reclamar la prórroga y mejora urgente del denominado escudo social, cuya vigencia finaliza el próximo 31 de diciembre.
Las entidades convocantes han advertido de que su no renovación podría activar, a partir del 1 de enero de 2026, “la terrorífica cuenta atrás del desahucio para 60.000 familias en todo el Estado”, de las cuales unas 5.000 se encuentran en la Comunitat Valenciana y cerca de 900 en la ciudad de València.
La movilización, convocada por Juntes per l’Habitatge, València no està en venda y Acord Social Valencià, junto a decenas de organizaciones sociales, sindicales y eclesiales, partió de la plaza de San Agustín y concluyó en la plaza de la Virgen bajo el lema “Por el derecho a la vivienda, ¡ahora!”.
Durante la marcha se escucharon consignas como “Ni casa sin gente ni gente sin casa”, “Basta ya, ningún desahucio más” o “València no se vende”, en una protesta que quiso señalar la inacción de las distintas administraciones ante una crisis habitacional que las entidades califican de “gravísima y dramática”.
El portavoz de Juntes per l’Habitatge, Pablo Ramos, denunció que el precio de la vivienda en València es hoy “impagable e inasumible” y alertó del riesgo de cronificar la emergencia social si no se actúa con urgencia. “Estamos ante un gran peligro: que el Escudo Social termine siendo una bomba social”, advirtió, subrayando que los desahucios “cada vez son mayores” y que la vivienda continúa relegada “a un plano secundario, gobierne quien gobierne”.
Ramos insistió en que el problema de la vivienda es estructural y de alcance estatal, y reclamó una respuesta coordinada entre administraciones. “El derecho a la vivienda no es una aspiración, sino un derecho. Hace falta que todas las administraciones, sin excepción ni excusas, asuman su responsabilidad directa e implementen, de forma inmediata y de acuerdo con los movimientos sociales, los instrumentos necesarios para garantizarlo”, afirmó.
Al término de la manifestación se leyó un manifiesto en el que se exigió un Plan de Choque con medidas concretas y consensuadas para atajar el problema de raíz, frenar los desahucios sin alternativa habitacional y poner límites a la especulación inmobiliaria. Las entidades alertaron del aumento de los alquileres, la expulsión de vecinas y vecinos de sus barrios y la proliferación de apartamentos turísticos sin control efectivo, en un contexto de insuficiencia crónica de parque público de vivienda.
Las organizaciones convocantes anunciaron que las movilizaciones continuarán en las próximas semanas hasta lograr compromisos reales por parte de las administraciones. “Estaremos en las calles hasta que las medidas oportunas se cumplan”, advirtió Ramos, remarcando que el único interés de las entidades es que “la ciudadanía pueda tener acceso a una vivienda digna”.
Redacción de Noticias Obreras.
