El bloqueo político a la regularización extraordinaria mantiene la precariedad de miles de personas migrantes
La entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería ha marcado la política migratoria de 2025, pero el bloqueo parlamentario de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regularización mantiene a miles de personas migrantes en una situación de precariedad administrativa que afecta de forma directa a sus derechos, a su acceso al trabajo decente y a la cohesión social
El nuevo Reglamento de Extranjería entró en vigor el pasado 20 de mayo con el objetivo declarado de flexibilizar el sistema y agilizar los procedimientos administrativos. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se ha defendido que la reforma busca “simplificar y agilizar los procedimientos”, reducir la carga documental y acortar los tiempos de tramitación.
La norma introduce cinco modalidades de arraigo (social, socioformativo, sociolaboral, familiar y de segunda oportunidad) y reduce de tres a dos años el tiempo mínimo de permanencia en España necesario para acceder a estas autorizaciones. Sobre el papel, estos cambios pretenden facilitar itinerarios de regularización vinculados al empleo y a la formación.
Vacíos legales y riesgo de exclusión
Sin embargo, organizaciones sociales y eclesiales advierten de que el reglamento no resuelve situaciones estructurales de exclusión. Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, Red Acoge y el Servicio Jesuita a Migrantes presentaron en enero un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo.
En él, denuncian que la reforma impide computar el tiempo de estancia legal de las personas solicitantes de asilo si su petición es finalmente rechazada, empujándolas nuevamente a la irregularidad administrativa. Una situación que, en la práctica, limita el acceso al empleo con derechos y expone a muchas personas a la economía informal y a condiciones laborales abusivas.
Desde el ámbito del trabajo, se insiste en que sin regularización no hay derechos laborales, y que la inseguridad administrativa se traduce en salarios más bajos, mayor siniestralidad laboral y ausencia de protección social.
La ILP, una respuesta social bloqueada
En paralelo, la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización extraordinaria de más de medio millón de personas migrantes continúa estancada en el Congreso desde 2024, pese al amplio respaldo social y al apoyo de numerosas organizaciones sociales, sindicales y eclesiales.
Para intentar desbloquearla, el PSOE presentó en mayo una propuesta de “autorización de circunstancias excepcionales única” para las personas llegadas a España antes del 31 de diciembre de 2024. La secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, lideró las negociaciones, que concluyeron sin acuerdo antes del verano.
En la propuesta, los socialistas reconocían que “existe un número importante de personas que no va a poder obtener esta autorización a pesar de permanecer en España durante mucho tiempo”, especialmente quienes desistieron de su solicitud de protección internacional o se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Falta de consenso parlamentario
La toma en consideración de la ILP fue aprobada el pasado año por todos los grupos parlamentarios excepto Vox. No obstante, el entonces portavoz del Partido Popular en el Congreso advirtió de que su formación no daría “cheques en blanco” al Gobierno.
En una entrevista concedida a Europa Press, Cancela ha señalado que el Ejecutivo mantuvo conversaciones con todos los grupos salvo Vox, que “se opone frontalmente”, y ha afirmado que el PP rechazó abrir un espacio de negociación política fuera del ámbito de la comisión parlamentaria.
Pese al bloqueo, la secretaria de Estado ha asegurado que “había un avance muy importante” y que las posiciones estaban “muy cerca” de un acuerdo. A su juicio, las diferencias no eran sustanciales: “Creo que simplemente era una cuestión de buscar una redacción, de ajustar un poco los planteamientos”.
Endurecimiento de políticas y aumento del odio
Este bloqueo se produce en un contexto más amplio de endurecimiento de las políticas migratorias en España y en la Unión Europea y de aumento de los discursos de odio, según alertan las organizaciones sociales.
La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) advierte de que 2025 “quedará grabado como el año en el que la Unión Europea siguió impulsando políticas antimigratorias que ponen en riesgo a los derechos humanos”. A su juicio, estas políticas “amenazan la convivencia y la cohesión social” y “dan alas a los discursos y delitos de odio”.
Como ejemplo, CEAR recuerda la “cacería” contra personas migrantes ocurrida en Torre Pacheco (Murcia) durante el verano, “tras la propagación de desinformaciones por grupos de extrema derecha”. De cara a 2026, la organización considera que será un año “decisivo” y subraya que “aún están a tiempo de impulsar otras políticas migratorias y otras narrativas que pongan en el centro a las personas”.
Llegadas, acogida y drama humanitario
Por su parte, Accem recalca que la situación migratoria “continúa siendo compleja y constituye un grave drama humanitario”, pese al descenso de llegadas irregulares y de muertes respecto a años anteriores.
Entre el 1 de enero y el 15 de diciembre de 2025, un total de 35.935 personas llegaron a España por vía marítima y terrestre, según datos del Ministerio del Interior. Para Accem, esta cifra “evidencia la extrema peligrosidad de unas rutas en las que miles de personas continúan arriesgando su vida en busca de protección y seguridad”.
La organización destaca también el esfuerzo de acogida desarrollado durante el año, gestionando una red de unas 14.000 plazas, entre el sistema de Protección Internacional y el programa de Atención Humanitaria.
Discursos de odio e infancia migrante
Accem y Red Acoge alertan del aumento de los discursos xenófobos y de odio, que “ponen en riesgo la convivencia, la cohesión social y los derechos fundamentales”. Especial preocupación generan sus efectos sobre los menores migrantes no acompañados, “convertidos en uno de los principales objetivos” de estas narrativas.
Red Acoge califica de “decepcionante” el balance del Gobierno en materia migratoria durante 2025 y considera que las medidas adoptadas han tenido un alcance “muy limitado”, con “avances puntuales”, pero “sin abordar los fallos estructurales”. También denuncia que el nuevo Reglamento de Extranjería introduce cambios “limitados” y, en algunos casos, supone un “grave retroceso”.
Respecto a la ILP, la red recuerda que sigue siendo la “gran asignatura pendiente” y critica que se haya priorizado la reforma reglamentaria sin resolver la situación de cientos de miles de personas que viven y trabajan en España sin autorización de residencia y trabajo.
Cohesión social y responsabilidad política
Desde Entreculturas se advierte de que el endurecimiento de las políticas migratorias aprobado en el Consejo de Asuntos de Justicia e Interior del pasado 9 de diciembre facilita deportaciones, amplía el concepto de “tercer país seguro” y profundiza en la externalización del control migratorio, medidas que “ponen en riesgo el derecho de asilo”.
Las organizaciones coinciden en que la falta de vías legales y seguras no frena la migración, sino que alimenta las redes criminales, incrementa el sufrimiento humano y erosiona la cohesión social. Frente a ello, reclaman políticas centradas en los derechos humanos, la convivencia y el trabajo decente.
Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
