Privatizar sale caro, empeora el servicio y genera exclusión
La confederación sindical CCOO ha publicado un informe que desmonta el mito de que el sector privado es más eficiente y económico que el público. El documento, titulado La privatización nos sale cara, advierte que las políticas de privatización de servicios públicos generan un impacto negativo tanto en las arcas del Estado como en la vida cotidiana de la ciudadanía.
El estudio explica que la privatización ni es nueva ni se ciñe a algunos territorios, por lo que las comunidades autónomas, competentes en la mayoría de servicios públicos, cuentan con modelos diversos con una penetración desigual de operadores privados.
Por más que la Comunidad de Madrid sea, efectivamente, el “laboratorio de muchas formas de externalización y privatización”, que los diferentes gobiernos regionales no solo promueven sino que defienden desde sus postulados ideológicos, Cataluña no va a la zaga como resultado del modelo “sociovergente” y el papel de las cooperativas de médicos.
El caso del País Vasco resulta paradójico: mientras que en la Sanidad el peso del sector privado está muy limitado todavía, por las decisiones adoptadas por el partido dominante, el PNV, cuenta con uno de las porcentajes más altos de estudiantes en centros privados y concertados, debido a su política en favor de la educación en vasco y el mantenimiento de las ikastolas. En Andalucía, los conciertos sanitarios y el desarrollo de la sanidad privada presenta un ritmo más lento, que está empezando a repuntar en las últimas legislaturas.
Las comunidades con menor renta y con menor densidad de población, como podría ser Castilla y León, ciertamente, el peso de la sanidad privada es menor. En la Comunidad Valenciana tras las privatizaciones de hace 25 años, con desastrosos resultados, comenzó un proceso de reversión que trata de devolver al sector público la
provisión de los servicios sanitarios.
La investigación arroja dos conclusiones principales: las privatizaciones y externalizaciones, más en Sanidad, precisa de la una gran densidad urbana y cierto nivel de renta que pueda sostener los beneficios de los operadores privados como ocurre en Cataluña, Madrid o Baleares y comienza a pasar en la ciudades andaluzas con mayor dinamismo; y no dependen del ideario de los gobiernos, si bien, los partidos de derecha cada vez más abiertamente utilizan la privatización como una manera consciente de traspasar dinero público a agentes de intermediación interesados y una herramienta de ingeniería social para aumentar el apoyo a las políticas neoliberales en la disputa por la hegemonía cultural.
El secretario confederal de Estudios y Discurso de CCOO, Carlos Gutiérrez, ha afirmado que las privatizaciones “siempre salen caras, social y económicamente, como individuos y como sociedad”.
Según el sindicato, estas políticas encarecen el coste de los servicios para el Estado, deterioran su calidad, excluyen a parte de la población y obligan a los hogares a asumir un gasto creciente para acceder a servicios básicos como la sanidad o la educación.
Las políticas neoliberales están aplicando en cada territorio con graduación desigual que va desde la externalización de la gestión de un servicio público, tal y como se intentó en la sanidad madrileña con parte de la atención primaria y como ocurre en varios hospitales, a la privatización total de la provisión de un servicio público como se pretende en algunas comunidades con la FP o como sucede en la actualidad en el sistema de dependencia, pasando por la externalización completa como se hace con los contratos con clínicas privadas para reducir las listas de espera.
El informe sindical se centra especialmente en dos sectores clave: la sanidad y la educación. En el ámbito sanitario, se demuestra que el coste de financiar un tratamiento médico en la sanidad concertada puede ser hasta seis veces mayor que en la pública.
Por ejemplo, una intervención sobre una hernia cuesta menos de 700 euros en la sanidad pública, mientras que en la concertada supera los 3.400 euros. Esta diferencia representa una ineficiencia del gasto público que, además, implica un elevado coste de oportunidad, al desviar recursos de otras prioridades sociales.
La calidad de los servicios también se ve afectada. Las listas de espera en sanidad se han duplicado en las últimas dos décadas. En 2024, había 18 pacientes por cada 1.000 habitantes esperando una intervención quirúrgica no urgente, frente a los 9 registrados en 2006. El tiempo medio de espera para una primera consulta especializada ha pasado de 54 días en 2006 a 105 en 2024.
En Educación, el informe pone el foco en la Formación Profesional (FP) y los másteres universitarios. La escasez de oferta pública en FP superior y másteres ha duplicado el gasto por hogar entre 2016 y 2023.
El gasto en FP superior pasó de 1.069 euros a 2.085 euros por hogar, mientras que el coste de los másteres aumentó en casi 1.600 euros. Esta situación obliga a muchas familias a pagar de su bolsillo o a endeudarse para acceder a estos estudios, que en algunos casos son habilitantes para ejercer profesionalmente.
Además, el informe alerta sobre la privatización progresiva de servicios sociales y de dependencia, así como de servicios educativos complementarios como idiomas, informática o formación profesional continua, donde también se observa un aumento del gasto privado por falta de oferta pública suficiente.
El deterioro de lo público ha impulsado el uso de seguros privados de salud. Actualmente, uno de cada cuatro hogares en España cuenta con un seguro privado, reflejo de la creciente desconfianza en el sistema público.
El gasto sanitario medio por hogar ha aumentado un 30% entre 2006 y 2023, con incrementos especialmente significativos en productos farmacéuticos, aparatos terapéuticos y gafas.
Para CCOO, es evidente que la privatización no solo representa una pérdida de eficiencia económica, sino que también empobrece a la ciudadanía, debilita la cohesión social y vulnera el derecho universal al acceso a servicios públicos de calidad. El sindicato reclama una apuesta decidida por lo público como garantía de justicia social, equidad y sostenibilidad.
Redacción de Noticias Obreras.
