La vivienda pública excluye a las personas con bajos ingresos
Un análisis de Civio revela que los requisitos de acceso y los precios del alquiler en buena parte de estas promociones públicas o concertadas están dirigidos a familias con rentas medias e incluso altas, con precios que en muchos casos igualan o superan los del mercado libre. La vivienda pública está dejando de ser accesible a personas con bajos ingresos en muchas comunidades autónomas.
En la Comunidad de Madrid, el Plan Vive –impulsado por el Gobierno regional– ha adjudicado más de 3.000 viviendas protegidas con alquileres que pueden alcanzar los 1.000 euros mensuales. Aunque se anunciaron rentas de entre 400 y 600 euros, los inquilinos están pagando hasta un 40% más. A esto se suman gastos adicionales como garaje, trastero, comunidad e IBI, que elevan aún más el coste final.
El acceso tampoco es sencillo: se exigen ingresos mínimos que, en algunos casos, superan los 2.700 euros mensuales. Esto deja fuera a buena parte de la población que realmente necesita una vivienda asequible. Según datos del Observatorio de Vivienda y Suelo, la media de ingresos de los solicitantes de vivienda protegida en Madrid ronda los 715 euros mensuales, muy por debajo de los requisitos del Plan Vive.
Este modelo no es exclusivo de Madrid. En comunidades como Baleares, Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana, los ingresos mínimos para acceder a una vivienda protegida también son elevados. En algunos casos, incluso se han eliminado los límites máximos de ingresos, permitiendo que personas con rentas muy superiores al salario medio accedan a este tipo de vivienda.
Expertos como Alejandro Inurrieta, expresidente de la Sociedad Pública de Alquiler, critican duramente este enfoque: “Es una tomadura de pelo pensar que esto es alquiler social. Está pensado para subvencionar a familias con ingresos medios o altos”. Por su parte, José María Escolástico, de la Asociación Española de Gestores Públicos de Vivienda, advierte que con estos criterios es imposible garantizar la rotación en los parques públicos de vivienda.
Mientras tanto, más de 720.000 personas están registradas como demandantes de vivienda protegida en España, la mayoría con ingresos que no superan los 16.800 euros anuales. Sin embargo, las políticas actuales parecen alejarse cada vez más de sus necesidades, señala la organización de periodismo de vigilancia Civio.
Redactor jefe de Noticias Obreras
