La herencia determina el 35% de la desigualdad de ingresos en España
En España, el esfuerzo individual no basta para superar las barreras estructurales que perpetúan la desigualdad. El 35% de la desigualdad de ingresos en el país se debe a circunstancias heredadas, como el nivel educativo y ocupacional de los padres.
Así lo revela el último informe de la OCDE, Tener y no Tener: Cómo Cerrar la Brecha de Oportunidades (To Have and Have Not: How to Bridge the Gap in Opportunities). Esta cifra sitúa a España entre los países desarrollados con menor movilidad social, muy por encima de la media europea del 25%.
El estudio señala que el lugar de nacimiento y el entorno familiar condicionan fuertemente las oportunidades de vida. En países como Islandia (11%), Dinamarca (13%) o Finlandia (15%), las políticas públicas han logrado reducir el peso del origen en la desigualdad. En cambio, España comparte escenario con Estados Unidos, Portugal y Rumanía, donde el ascensor social parece averiado.
La vivienda como obstáculo estructural
A esta radiografía se suma el análisis publicado por El Salto Diario, que denuncia la financiarización del mercado inmobiliario como uno de los principales factores que impiden la emancipación de los jóvenes. La vivienda ha dejado de ser un derecho para convertirse en un activo financiero, dominado por fondos de inversión y plataformas turísticas. Esta transformación ha disparado los precios del alquiler —más de un 40% en cinco años— mientras los salarios apenas han crecido.
El resultado: los jóvenes españoles tardan una media de 30 años en emanciparse, cuatro más que la media europea. Para acceder a una vivienda en propiedad, se requiere el equivalente a cuatro años de salario íntegro solo para la entrada hipotecaria. En el caso del alquiler, el coste puede absorber hasta el 92% del sueldo mensual.
Paro juvenil y sobrecualificación
La situación laboral tampoco ofrece alivio. España registra una de las tasas de paro juvenil más altas de Europa, con un 26,9% en 2024. Además, el 36,2% de los jóvenes ocupados están sobrecualificados para sus puestos, lo que refleja un desajuste entre formación y mercado laboral.
Políticas públicas insuficientes
Aunque el Gobierno ha impulsado medidas como el bono de alquiler joven, ayudas a la compra de vivienda protegida y programas de inserción laboral como la Garantía Juvenil Plus, los expertos advierten que estas iniciativas no abordan el problema estructural. La OCDE recomienda reforzar la inversión en la primera infancia, mejorar la redistribución fiscal y diseñar prestaciones que reduzcan la transmisión intergeneracional de la desigualdad.
