España invierte nueve veces más en gasto militar que en cooperación internacional
España destina nueve veces más recursos a gasto militar que a cooperación internacional, según denuncia la organización de cooperación internacional del País Vasco Mundubat.
La desproporción presupuestaria pone en evidencia las prioridades del Estado en un contexto global marcado por crisis climática, retrocesos democráticos y vulneraciones de derechos humanos.
El Centre Delàs de Estudios por la Paz estima que el gasto militar español para 2025 asciende a 33.123 millones de euros, lo que representa más del 2% del PIB. En contraste, la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) prevista para 2024 apenas alcanza los 4.000 millones de euros, equivalente al 0,3% del PIB, muy por debajo del objetivo del 0,7% establecido por la Ley de Cooperación aprobada en febrero de 2023.
En un artículo en El Salto, Mundubat plantea que esta orientación del gasto público no es una necesidad técnica, sino una decisión política. A través de ejemplos concretos, la organización ilustra cómo el presupuesto militar diario —más de 90 millones de euros— podría destinarse a iniciativas de paz, seguridad alimentaria y justicia climática.
Por ejemplo, con el gasto de una sola hora se podría alimentar durante un año a 20.000 niños saharauis, mientras que diez horas de gasto militar permitirían financiar durante cinco años la agenda de paz de mujeres en África Occidental.
La organización exige al Gobierno español una hoja de ruta clara para alcanzar el 0,7% de la renta nacional bruta en cooperación internacional antes de 2030, con una meta intermedia del 0,55% en 2026. Este compromiso, lejos de ser utópico, ya ha sido alcanzado por países como Suecia, Noruega, Luxemburgo y Alemania.
Según datos de Naciones Unidas, acabar con el hambre mundial requeriría 93.000 millones de dólares anuales, una cifra que representa menos del 3,5% del gasto militar global previsto para 2024, estimado en 2,7 billones de dólares. Mundubat concluye que invertir en paz es posible si se reorientan las prioridades presupuestarias hacia la seguridad humana, la justicia social y la solidaridad internacional.
