El Gobierno abre el diálogo social para la reforma del despido
El Gobierno abre la negociación con los agentes sociales para adecuar la regulación actual del despido a la Carta Social Europea, tras las sentencias del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) en las que reclama contemplar el daño al trabajador despedido sin causa y desincentivar los ceses injustificados como medida de flexibilización.
El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha presidido este lunes la primera reunión de la mesa de diálogo social con sindicatos y patronal para abordar la reforma de la regulación del despido improcedente en España, aunque no ha planteado ninguna protesta concreta.
Tras la primera reunión, el vicesecretario de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha destacado las ventajas también para el empresariado de disponer de una normativa acorde con los mandatos internacionales que reduzca la incertidumbre del coste final de los despidos. “Si no, vamos a tener bastante inseguridad jurídica, porque los tribunales, cada uno interpretará la Carta Social Europea, la Constitución y la propia legislación con arreglo a su saber y entender”, señaló Luján, quien llamó a la CEOE a la “responsabilidad” para tratar de buscar un acuerdo.
Por su parte, el secretario de Acción Sindical de CCOO, Javier Pacheco, abundó en su crítica al Supremo que cuestionó la eficacia jurídica de la resolución europea e incluso la prevalencia de la regulación estatal por encima de la normativa de la Unión Europea. El Supremo dio por buena la indemnización tasada de la legislación española por “adecuada” e incluso consideró que las decisiones del Comité Europeo encargado de garantizar la Carta Social Europea “no son ejecutivas, ni directamente aplicables entre particulares”.
El representante sindical recordó que todavía falta que se pronuncie el Tribunal Constitucional y no descartó recurrir en un futuro a instancias internacionales.
“No parece de orden que se tengan que establecer ‘islas’ de aplicación o procesos de insumisión de la norma europea cuando son compromisos que obligan a todos los Estados miembros en este sentido. De hecho, ya tenemos algunos tribunales en nuestro país que han decidido no aplicar la doctrina del Tribunal Supremo”, al entender justo lo contrario.
Así “en el cumplimiento de la Constitución” se debe reconocer la jerarquía de ordenamiento a los pactos internacionales suscritos por el Estado español dentro de la Unión Europea, ha detallado. Los tratados internacionales tienen firmados por nuestro país son de obligado cumplimiento.
Evitar represalias empresariales
Ambos líderes sindicales reivindicaron incluso mejoras más allá del coste de la inmunización, como ampliar las garantías a los empleados que denuncian vulneración de la ley ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y en los casos en que se imponen advertencias sobre posibles casos de corrupción. Asimismo, pidieron acabar con situaciones discriminatorias, derivadas de la discapacidad sobrevenida.
Los sindicatos reclaman que la nueva regulación contemple daños morales, perjuicios personales y la recuperación del salario de tramitación, eliminado en la reforma laboral de 2012. Como se recordará, el comité europeo respondió, en julio de 2024 y en de junio de 2025, con dos resoluciones a las denuncias presentadas por UGT y CCOO al entender que el artículo 24 de la Carta Social Europea estaba siendo vulnerado por la legislación española, al no establecer la protección adecuada en caso de despidos sin causa.
En concreto, las organizaciones de trabajadores denunciaron la regulación actual ante la imposibilidad de fijar una compensación vinculada al daño real sufrido en caso de despido improcedente y de establecer una indemnización “mínima, accesible y efectiva” con efecto disuasorio.
El tribunal europeo reconoció que los límites máximos de indemnización fijados por la normativa española “no son suficientemente elevados para reparar el perjuicio sufrido por la víctima en todos los casos y ser disuasorios para el empresario”. Desde que se conocieron ambos pronunciamientos, los sindicatos vienen exigiendo al Gobierno la convocatoria de una mesa del diálogo social para reformar el despido.
Redactor jefe de Noticias Obreras
