Los centros de internamientos para extranjeros perpetúan el “sufrimiento inútil”
Aunque en 2024, el número de personas que pasaron por los centros de internamiento de extranjeros (CIE) se redujo con respecto al año anterior, la situación sigue siendo “desproporcionada” y nada “excepcional”, y podría cambiar la tendencia cuando se abran las instalaciones de Algeciras.
Así lo ha denunciado hoy el Servicio Jesuita Migrante (SJM) durante la presentación del decimoquinto informe sobre los centros de internamiento de extranjeros (CIE), con el título Raíces tras los muros.
“Se está privando de libertad, internado a personas, que llevan mucho tiempo aquí, entre nosotros y nosotras, en nuestros barrios y comunidades, que han empezado procesos de arraigo, buscando empleo o han formado una familia”, ha advertido el coordinador del programa CIE en SJM y Pueblos Unidos, Iván Lendrino.
La privación de libertad está penalizando a “personas migrantes con arraigo, familia y trayectorias de inclusión en España, aplicándose a menudo de forma innecesaria y con liberaciones lejos de su lugar de residencia”, se puede leer en el informe..
El año pasado fueron internados en estos centros 1.863 personas, menos que en el año anterior y lejos de los escalofriantes números de hace décadas. En ausencia de datos, “podemos pensar que se debe al trabajo de incidencia política”, aunque Lendrino ha querido señalar que se sigue internando a personas sin aplicarse la proporcionalidad ni la excepcionalidad y nos preguntamos qué ocurrirá con la apertura del CIE de Algeciras”.
Del total de personas internadas, sobre unas 300 pesaba una orden de devolución dictada por un juez, al poco de intentar acceder a territorio español y el resto, 1.037 habían recibido una orden de expulsión que suelen ser interceptadas, redadas, comisarías y que llevan tiempo en el país.
Según la respuesta del Ministerio de Interior, a los requerimientos del propio SJM a través del portal de transparencia, el año pasado se practicaron unas 3.200 repatriaciones forzosas, lo cual indica que fueron trasladadas fuera de nuestras fronteras cerca de 2.000 a través de otros procedimientos e instalaciones todavía más opacos que estos centros.
Según la estadística propia del SJM, a partir de las visitas que realizan sus voluntarios semanalmente, el 59,6% de las personas internas llevaba entre 1 y 7 años en España y un 63,08% tenía entre 25 y 46 años. Entre las 40 nacionalidades de las personas visitadas destacan las marroquíes con el 30,4% y colombianas, con el 16%.
Sufrimiento inútil
La coordinadora del equipo de visitas al CIE de Barcelona-Zona Franca de la Fundació Migra Studium, Cel Far, ha recordado que “cada semana de internamiento se prolonga el sufrimiento continúa y se intensifica la angustia de manera inútil y torturante”.
“Se nos olvida que detrás de cada número hay una persona con miedo, esperanza y derechos”, ha señalado Far.
El portavoz del Centro de Documentación contra la Tortura Jorge del Cura, por su parte, ha insistido en que los CIE se están convirtiendo en entornos torturantes, por “la acumulación sistemática de pequeñas y grandes vulneraciones de derechos y de vejaciones a la dignidad de laspersonas, provocadas por su diseño, al margen de la voluntad de cada funcionario”, aunque no se pueda aplicar en sentido estricto la definición de tortura.
Además de denunciar la mirada “fragmentaria” del sistema de internamiento que priva de libertad a personas en situación administrativa irregular sin normas estatales y al arbitrio de cada juez responsable, Del Cura ha insistido en la necesidad de de implantar protocolos de prevención de violencia; garantizar canales de denuncia segura, el acceso a servicios de traducción e interpretación y la entrada sin trabas a entidades sociales y familias.
Los CIE se han convertido en un “laberinto legal” que dificulta a las personas internas el acceso a la defensa letrada y la tutela judicial, así como la opacidad en el funcionamiento de estos centros, convertidos en un eslabón más de las políticas de control de las migraciones, advierte SJM.
Violencia contra las personas migrantes
El delegado del Sector Social de la Compañía de Jesús en España, Luis Arancibia, ha reconocido que la situación de los CIE representan una de esas “violencias ante la que no podemos quedar en silencio”, una más de las que sufren las personas migrantes en “origen, tránsito y destino”, por lo que ha vuelto a pedir el cierre de estos espacios.
Los incumplimientos a los derechos humanos y los atentados a la dignidad de las personas migrantes, ha subrayado Arancibia, citando la presentación escrita por la periodistas Olga Rodríguez del informe forma parte de “la guerra contra los pobres” que se libra hoy en todo el mundo y en especial en los países prósperos en los que crecen los discursos de odio contra las personas extranjeras
Exponente de la violencia contra los pobres es este “modelo fallido”, como es el de los CIE, junto con “la detención y la persecución de personas extranjeras que en ocasiones son vecinos y vecinas y en otras, llegan a nuestros barrios para iniciar un proyecto nuevo, tras ser expulsados de sus lugares de origen”, ha puntualizado.
Además ha dado su apoyo a la ILP para la regularización de migrantes que sigue a la espera de la decisión del Parlamento y se ha mostrado partidario, a pesar del contexto actual, de “abordar la realidad de migraciones con políticas que promuevan la protección, hospitalidad, inclusión y ciudadanía y de un modo estructural las causas últimas que fuerzan a las personas a abandonar sus hogares y cultura propios buscando un horizonte de esperanza”.
En su opinión, este informe como los anteriores, pone en cuestión la propia legitimidad de estos centros como “herramienta de gestión migratoria”. Ha terminado expresando su deseo de que este informe y la labor de entidades sociales que trabajan en red por defender la dignidad de las personas migrantes contribuyan “al cierre o, al menos, la humanización de estos lugares oscuros y de muerte”.
Redactor jefe de Noticias Obreras
