La justicia revoca la prohibición de Almeida y permite empadronarse en centros sociales
El Colectivo Agar, integrado en la Red Interlavapiés de Madrid ha conseguido que un juzgado anule la orden del concejal del distrito Centro Carlos Segura, que prohibió el empadronamiento de personas en centros sociales. La Plataforma Padrón por Derecho, reclama al ayuntamiento que adopte las medidas necesarias para el urgente cumplimiento de la sentencia
El colectivo Agar recuerda que el empadronamiento es un deber de los ayuntamientos y un instrumento esencial para planificar servicios y políticas públicas. Solo así la Administración puede anticiparse a las necesidades presentes y futuras de la población bajo sus jurisdicción.
Negar este derecho tiene consecuencias graves para estas personas que presentan un sinfín de circunstancias que dificultan disponer de una dirección fija, como puede ser residir en vivienda hacinadas, arrendadas verbalmente; en estancias sin cédula de habitabilidad; o en casas de conocidos por un tiempo; trabajar de internas del servicio doméstico en domicilios donde se les niega el censo; desplazarse con cada campaña agrícola; y llevar poco tiempo en la ciudad o sufrir discriminación en el acceso al mercado de vivienda, por ejemplo
La entidad que trabaja con personas migrantes en el barrio de Lavapiés desde hace más de 20 años había sido autorizada en el año 2018 a empadronar a personas sin domicilio fijo en sus locales, para poder acceder, a través de una carta aval, a derechos fundamentales, como recibir comunicaciones y ser atendidos por los servicios públicos. También era una manera de mostrar sus vínculos con la ciudad y aumentar la fiabilidad del censo municipal.
Sin embargo, en mayo del año pasado, el concejal del distrito Centro dictó un decreto por el que dejaba sin efecto dicha autorización, alegando el incumplimiento de las condiciones de la autorización y el elevado número de personas empadronadas en la asociación.
La Asociación Colectivo Agar interpuso una demanda en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo que ha dictado la sentencia en la que considera que no hay motivos para que el Ayuntamiento ordene esta medida, adoptada además saltándose el procedimiento previsto.
“Llama poderosamente la atención que los motivos por los cuales se retira la Carta Aval, consistentes en el supuesto alto número de empadronamientos ficticios y en las presuntas irregularidades en cuanto a la comunicación de baja de empadronamientos, no figuran acreditada de ninguna manera en todo el expediente administrativo”, se lee en la resolución.
Además, la sentencia reconoce que la labor del colectivo, y de otras entidades con las que colabora como la Asociación Valiente Bangla, “tiene una función que resulta fundamental para la administración municipal y, por extensión, para toda la ciudadanía madrileña”.
Para el Colectivo Agar, la decisión judicial reconoce la importancia del acceso al padrón, y las dificultades que enfrentan personas migrantes o en situación de exclusión social, agravadas por las dificultades de acceso a la vivienda y al proceso de turistificación que sufre el barrio.
De hecho, denuncia que “el acceso al padrón hoy en día es negado sistemáticamente a miles de personas, mayoritariamente migrantes en Madrid y en otros municipios del estado, gobernados por el PP y en complicidad con VOX, como una práctica de racismo institucional cada vez más extendida”.
Ante esta realidad, la Plataforma Padrón por Derecho, a la que pertenece el colectivo Agar reclama al Ayuntamiento de Madrid que, en primer lugar, adopte las medidas necesarias para el urgente cumplimiento de la sentencia.
Pero también, la aplicación por parte de todos los ayuntamientos del artículo 18.2.de la ley 7/1985, que obliga a empadronar sin ningún tipo de trabas a todas las personas que residen en un municipio, sea cual sea su situación administrativa (tengan permiso de residencia o no), vivan en la calle o en habitaciones subalquiladas, así como la posibilidad de empadronarse en domicilio distinto al habitual.
Igualmente demanda que, de manera provisional, el empadronamiento se pueda realizar en entidades y asociaciones de los barrios hasta que los ayuntamientos pongan en marcha cauces que garanticen cumplir la obligación del empadronamiento por parte de las administraciones, así como la convocatoria de una mesa de trabajo con la participación de colectivos sociales para la adecuación de los procedimientos de empadronamientos a la realidad social actual.
Redactor jefe de Noticias Obreras
