El Consejo de Ministros aprueba la quita de la deuda autonómica
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un anteproyecto legislativo para asumir hasta 83.252 millones de euros de la deuda de las Comunidades Autónomas si sus gobiernos, la gran mayoría en manos del Partido Popular, así lo solicitan.
El anteproyecto de Ley de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común pretende aliviar los desequilibrios fiscales de las autonomías del régimen general -todas menos País Vasco y Navarra que tienen su propio régimen foral-, derivados fundamentalmente por el impacto de la crisis financiera de 2008 y la falta de actualización del sistema financiero autonómico, sin modificar desde 2014.
Según los cálculos del Gobierno, de 2009 a 2013, la deuda autonómica aumentó en más de 109.000 millones de euros, mientras que entre 2019 y 2023, ante la respuesta diferenciada de la Unión Europea a la pandemia de la covid, no pasó de los 29.000 millones. A la diferencia resultante de unos 80.000 millones, el Ministerio de Hacienda lo llama “sobreendeudamiento”, la cuarta parte de la deuda autonómica de régimen común.
El 75% de este endeudamiento excesivo, unos 60.000 millones, se aliviarán en relación a la población y características de cada territorio, como factores que inciden en el coste de los servicios públicos. Otros criterios para calcular cúanto puede ascender el pasivo que asume el Estado es la infrafinanciación de aquellas comunidades que reciben menos recursos del sistema que la media y el esfuerzo recaudatorio realizado en el IRPF entre 2010 y 2022, así como el compromiso de las autonomías puedan reducir su pasivo en al menos el 19%.
Con estos criterios, Andalucía sería la gran beneficiada con la rebaja de la deuda en casi 19.000 millones, seguida de Cataluña (unos 17.000 millones), la Comunidad Valenciana (11.200 millones) y Madrid (8.600 millones), mientras que La Rioja, con apenas 448 millones, y Cantabria, con 809 millones resultarían menos beneficiadas.
Es cierto que el Gobierno de coalición incluyó el alivio de la deuda catalana en las negociaciones para su investidura con los independentistas de ERC, ampliando la posibilidad de ofrecer igual tratamiento al resto de comunidades.
De hecho, numerosas voces señalan la verdadera intención de la coalición que sostiene el Gobierno es calmar a sus socios catalanes, renovar el apoyo del llamado bloque de investidura y de paso hacer duda al Partido Popular, principal grupo de oposición y apoyo de la mayoría de ejecutivos territoriales.
Aunque el líder del PP, Núñez Feijóo, ya ha anunciado que las comunidades donde gobierna su formación no acudirán a este mecanismo de alivio de la deuda –que, por otra parte, todavía tiene que ser aprobado en el Congreso–, los beneficios para las arcas de ciertas administraciones podrían hacerles dudar.
La oposición, además, entiende que la medida no deja de ser un “parche”, puesto que en realidad el Estado asume la quita de la deuda, aunque cuenta con mayor capacidad para afrontarla, y premiaría el despilfarro más que la eficiencia. También hay críticas por considerar que desincentiva la reforma del sistema fiscal autonómico pendiente y favorece a los territorios que rebajan los impuestos y la calidad de los servicios públicos.
De aprobarse este instrumento fiscal, Hacienda tendría que reunirse con las comunidades para que los convenios de condonación entraran en vigor. Cataluña ya ha dicho que la aceptará, mientras que otras de las regiones que más se benefician en términos absolutos, como Andalucía o la Comunidad Valenciana, avanzan su rechazo.
Redactor jefe de Noticias Obreras
