La disposición del Gobierno a mantener la energía nuclear reabre el debate
La disposición del Gobierno de España a estudiar una posible revisión del calendario de cierre de las centrales nucleares, según refleja las comunicaciones con las operadoras energética, ha provocado diversas reacciones en torno a la transición energética y sus riesgos.
Las organizaciones sindicales mayoritarias, UGT y CCOO, mantiene de hecho posturas controvertidas en lo que al uso de la energía nuclear se refiere, aunque ambas defienden la necesidad de garantizar una transición energética que sea justa, no solo desde el punto de vista medioambiental, sino también social y laboral.
UGT, a través de su secretario general, Pepe Álvarez, ha respaldado la continuidad de la energía nuclear como componente del sistema eléctrico español al entender que los plazos actuales de cierre “no son realistas” ante el reto de garantizar el suministro y que una prórroga permitiría desarrollar una transición ordenada, con mejoras tecnológicas y garantías laborales para los trabajadores del sector.
Desde esta óptica, el sindicato no solo valora la energía nuclear por su capacidad de asegurar estabilidad en el sistema energético, sino también como un factor que permite mantener empleo directo e indirecto en zonas que dependen económicamente de las centrales.
La posición de UGT se alinea con una visión que parece haber adoptado al menos el socio mayoritario del Gobierno en la que formaría parte de la descarbonización progresiva.
CCOO, aunque sin pronunciamientos oficiales recientes sobre la última idea del Gobierno, ha mantenido históricamente una posición contraria al uso de la energía nuclear que ahora con su empeño por el pleno empleo y la apuesta por las renovables como motor de transformación del modelo económico de España podría mantener, no sin proponer una transición ordenada.
La sección industrial de la federación catalana de CCOO recientemente ha emitido un comunicado en el que se remite al Acuerdo Tripartito por una Transición Energética Justa, suscrito por las empresas, el Ministerio para la Transición Ecológica y las organizaciones sindicales”, que contempla “un marco válido para gestionar estos cierres antelación, protegiendo el empleo, promoviendo la diversificación económica y garantizando alternativas industriales a los territorios afectados”.
Las principales organizaciones ecologistas del país sí se oponen con firmeza y contundencia a la propuesta del Gobierno. Greenpeace, Ecologistas en Acción, WWF/Adena y SEO/BirdLife, entre otras, consideran que prolongar la vida útil de las centrales es un error estratégico que compromete el futuro ambiental, económico y social del país.
Desde la óptica ecologista, la propuesta del Gobierno supone una ruptura con los compromisos adquiridos en materia de cierre nuclear progresivo y de impulso a las energías renovables.
Argumentan que mantener operativas las centrales implica desviar inversiones necesarias para el desarrollo de tecnologías limpias y descentralizadas, y que ello ralentiza la transición hacia un modelo energético verdaderamente sostenible.
Además, subrayan los riesgos inherentes de prolongar la operación de unas infraestructuras envejecidas. Aunque las centrales puedan superar controles técnicos, el aumento de su antigüedad implica una mayor probabilidad de fallos y un mayor coste en mantenimiento y medidas de seguridad.
Para las organizaciones ecologistas, la seguridad nuclear no puede evaluarse sólo con criterios técnicos, sino también con una perspectiva preventiva.
También denuncian que la postura actual de la parte socialistas del Gobierno supone una cesión a los intereses de las grandes eléctricas, que tradicionalmente han defendido la continuidad del parque nuclear por razones económicas.
La formación Sumar ha rechazado, en cambio, extender la moratoria nuclear. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha recordado que el acuerdo de coalición contempla el cierre escalonado de todas las centrales y ha instado al Ejecutivo a respetarlo.
Redactor jefe de Noticias Obreras
