Trabajo prevé incorporar la directiva de transparencia de las condiciones laborales tras el verano

Trabajo prevé incorporar la directiva de transparencia de las condiciones laborales tras el verano
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha anunciado que la transposición de la Directiva (UE) 2019/1152 sobre condiciones laborales transparentes y previsibles se encuentra en un estado “avanzadísimo” y que espera completarla de forma inmediata para evitar una sanción por parte de la Comisión Europea.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha asegurado que la norma ya ha superado el trámite de enmiendas de totalidad y está pendiente únicamente de la convocatoria de la ponencia parlamentaria, que se producirá en cuanto se reanude el periodo de sesiones del Congreso.

La Directiva 2019/1152, adoptada en junio de 2019, tiene como objetivo mejorar la transparencia y previsibilidad de las condiciones laborales en toda la Unión Europea. Sustituye a la antigua Directiva 91/533/CEE y amplía significativamente los derechos de los trabajadores, especialmente en empleos atípicos o precarios.

Entre sus principales obligaciones para los empleadores se encuentran informar por escrito, en un plazo máximo de 7 días desde el inicio del contrato, sobre aspectos clave como la identidad de las partes, lugar y naturaleza del trabajo, duración, jornada, remuneración, período de prueba y formación; garantizar mayor previsibilidad en los horarios y condiciones de trabajo; y proteger a trabajadores en sectores como plataformas digitales, logística o restauración rápida.

Los principales sindicatos del país CCOO y UGT, han mostrado históricamente su apoyo a la transposición de esta directiva, al considerarla una herramienta clave para combatir la precariedad laboral y mejorar la calidad del empleo.

En una declaración conjunta de 2019, ambas organizaciones ya reclamaban la recuperación de derechos laborales y la mejora de la transparencia en las relaciones laborales, en línea con los objetivos de la directiva.

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Además, insisten en que la directiva debe aplicarse con ambición para garantizar que los trabajadores en empleos no estándar —como los de plataformas digitales— tengan acceso a los mismos derechos que el resto.