Sánchez presenta su plan anticorrupción en plena tormenta política
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lanzado su plan anticorrupción con 15 medidas estructurales tras los escándalos de los casos Koldo, Ábalos y Cerdán. El Gobierno actuará sobre cinco frentes: prevención y controles, protección a denunciantes, refuerzo judicial, recuperación de bienes robados y cultura de integridad
En medio de una grave crisis política que amenaza la continuidad de la legislatura, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este miércoles ante el Congreso en sesión extraordinaria –una especie de moción de confianza sin necesidad de votar– para presentar el primer Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción.
El anuncio se produce tras la filtración de investigaciones judiciales que afectan a su partido y al Gobierno –con los casos Koldo, Ábalos y Cerdán– y en un contexto de creciente presión de los socios parlamentarios que sostienen –en cuidados intensivos, según algunos portavoces– al Gobierno de coalición; del Partido Popular –que rompe todavía más, con su durísima intervención, todos los puentes con el resto de grupos parlamentarios–; y de Vox, que pide la dimisión del presidente y la convocatoria de elecciones.
El plan, elaborado con el apoyo de la OCDE y en diálogo con la sociedad civil, contiene quince medidas estructurales articuladas en cinco ejes estratégicos. Las medidas también pretenden dar una respuesta integral a las carencias señaladas por las instituciones europeas, que en su último Informe sobre el Estado de Derecho 2025 –presentado precisamente este martes– advertían que España no había cumplido su obligación legal de adoptar una estrategia nacional anticorrupción, pendiente desde septiembre de 2024. Según ha defendido el presidente del Gobierno, este plan sitúa a España en la vanguardia europea de la lucha contra la corrupción.
Una agencia independiente; controles a partidos, donaciones y altos cargos
El primer eje, centrado en la prevención de riesgos y el fortalecimiento de los controles, contempla la creación de una Agencia de Integridad Pública independiente que asumirá la coordinación general de la lucha contra la corrupción. Esta agencia integrará competencias hoy dispersas y supervisará la contratación pública, los conflictos de interés, la transparencia, los canales de denuncia y la protección de alertadores.
Además, se aplicarán mapas de riesgo de integridad en toda la Administración, siguiendo el modelo implantado en la gestión de los fondos europeos. El plan también prevé la incorporación de inteligencia artificial en la Plataforma de Contratación del Sector Público para detectar patrones anómalos o indicios de fraude, y una nueva Ley de Administración Abierta que reforzará la transparencia activa, establecerá mecanismos de alerta temprana y actualizará el Portal de Transparencia. Los altos cargos estarán sometidos a controles patrimoniales anuales y aleatorios durante todo su mandato.
Este eje también incluye medidas dirigidas a los partidos políticos, como la obligación de auditorías externas si reciben más de 50.000 euros de financiación pública, la publicación de donaciones privadas a partir de 2.500 euros en el plazo máximo de un mes, y la aprobación de una Ley de Transparencia e Integridad de los grupos de interés. Asimismo, se endurecerán las sanciones contables y se retirarán subvenciones públicas a las formaciones que mantengan en sus estructuras a personas condenadas por corrupción.
Protección a quienes denuncien la corrupción
El segundo eje está dedicado a la protección de los denunciantes. Se propone modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para garantizar la confidencialidad, la protección y el respaldo legal de quienes informen sobre actos corruptos, ya sea ante la Fiscalía, la policía o un juez.
Todas las administraciones deberán contar con canales internos de denuncia integrados en un sistema general de integridad institucional, y se exigirá a las empresas proveedoras del sector público que dispongan también de estos mecanismos.
Más medios para investigar y sancionar a los corruptos
En el tercer eje se agrupan las reformas orientadas a reforzar la capacidad del Estado para investigar, juzgar y sancionar la corrupción. Se crearán secciones especializadas en los nuevos tribunales de instancia, con jueces formados en delitos contra la administración pública, y se otorgará carácter preferente a estos casos.
Se impulsará un procedimiento sumario para causas sencillas, se dotará de más medios a la Fiscalía Anticorrupción y se remitirán a las Cortes reformas legales que atribuyan la instrucción penal al Ministerio Fiscal.
El plan contempla también la modificación del Código Penal para endurecer las penas, duplicar los plazos de prescripción, condicionar los beneficios penitenciarios a la devolución del dinero robado, e imponer sanciones económicas a las empresas calculadas sobre su volumen de ingresos anuales.
Recuperar lo robado
El cuarto eje se centra en la recuperación de activos procedentes de la corrupción. Se reforzará la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, que podrá coordinarse con juzgados y con la Fiscalía Europea, y se introducirá la figura del decomiso administrativo o preventivo, que permitirá incautar bienes sin condena penal previa, en línea con lo que ya se aplica en otros países europeos.
Concienciar, formar y medir la integridad pública
El quinto y último eje apuesta por generar una verdadera cultura de integridad en el sector público.
El plan incluye la realización de encuestas anuales sobre la percepción y experiencia directa de la corrupción, campañas ciudadanas de concienciación y formación obligatoria en integridad para empleadas y empleados públicos.
Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
