Piden más control e inspección tras las muertes de dos trabajadores en un edificio histórico de Sevilla
Dos personas trabajadoras han perdido la vida esta semana al derrumbarse la cubierta de la Casa Ibarra, un edificio histórico de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra, que estaba siendo rehabilitado por una empresa adjudicataria del Ayuntamiento.
“Me aparté un momento y escuché una explosión. Cuando me acerqué, vi que se había caído el techo”, asegura el hermano de una de las víctimas, de 21 años, que salió ileso del accidente.
“Había tres grupos de trabajo que habían dejado la obra porque no querían currar ahí, y hasta que no han matado a dos pobres no han parado”, explicaba el padre, que ha afirmado que “los Bomberos no han tenido ni un puntal, no había ni uno solo en la obra. Han tenido que solicitar un camión con puntales para levantar y poder entrar”,
Las dos víctimas mortales son de Huétor Tajar y Loja, en Granada. Con sus muertes, son ya 25 las víctimas mortales del trabajo registradas en lo que va de año en la provincia de Sevilla, más que en todo 2024.
El edificio, un inmueble monumental de principios del siglo XX, que llevaba años abandonado, estaba siendo rehabilitado por la empresa Jocón, por encargo del consistorio municipal.
La empresa granadina, para la que trabajaban las dos personas fallecidas, ha “lamentado profundamente la muerte” y ha anunciado que “todos los esfuerzos están centrados en esclarecer con total rigor y responsabilidad las causas del suceso, colaborando activamente con las autoridades competentes”.
Las organizaciones de trabajadores y trabajadoras han lamentable lo ocurrido, al tiempo que han reiterado sus exigencias a las empresas de la construcción para que cumplan rigurosamente las medidas de prevención y la Administración que refuerce la labor de vigilancia.
El secretario del sindicato CCOO en Sevilla, Carlos Aristu Ollero, comentó nada más conocer la noticia, en la red social X, que “todas las personas fallecidas trabajan en empresas en las que CCOO no tenía representación sindical”.
Delegados de prevención, dique ante los riesgos
“Los delegados de prevención son el mayor dique de contención frente a los riesgos laborales”, ya que “advierten, vigilan, denuncian”, ha añadido. A su juicio, “los accidentes mortales reflejaron en cada caso un incumplimiento de la normativa básica de prevención”.
Ha alertado de que el empeño por ahorrar gastos puede llevar a poner en peligro la vida y la salud de las personas trabajadoras. “Las empresas piratean reducciones de costes poniendo en riesgo a sus plantillas. Esto es habitual y generalizado en determinados sectores”, ha comentado.
También ha apuntado a la responsabilidad de las administraciones, que en algunos casos adjudican las obras públicas “a las ofertas más bajas” y luego “no auditan las garantías mínimas de cumplimiento de convenios colectivos ni vigilan el cumplimiento de normativa en los trabajos posteriores”.
Aunque el sindicato “se persona como acusación popular en los procedimientos penales” estos se alargan durante años, “forzando a las familias a aceptar indemnizaciones económicas inmorales propuestas por las empresas responsables de la muerte de su ser querido”, ha explicado.
Aristu ha insistido en que “nadie debe perder la vida ni su salud trabajando. Es posible evitarlo. Esto no va de suerte, va de cumplir la ley y democratizar los tajos” y ha adelantado que “seguiremos hasta lograrlo en cada centro de trabajo.
En una entrevista a Europa Press, ha incidido en la necesidad de “hacer un esfuerzo político de primer orden para situar la siniestralidad laboral en el centro de la agenda política”.
Incluso ha abogado por “reclamar a las organizaciones empresariales que señalen, persigan y expulsen a las empresas incumplidoras y piratas del mercado, por ejemplo, de licitaciones públicas”. “No cabe proteger con discursos equidistantes a estas empresas, como hacen las organizaciones empresariales”, ha completado.
También ha propuesto mejorar la formación de policías locales para que puedan “vigilar, auditar y poner en conocimiento de la inspección de trabajo cuando vean algo llamativo”, además de formar a su vez a los técnicos de los ayuntamientos para que en las mesas de contratación pidan “requisitos de prevención con mayor garantía de los que hay”.
El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira donde tuvo lugar el siniestro laboral ha decretado tres días de luto y ha anunciado también una investigación en busca de posibles negligencias en la ejecución de la obra.
Desde el sindicato USO, se ha recordado que el ayuntamiento, como promotor, debía garantizar el cumplimiento de las condiciones de seguridad durante la adjudicación, y que la empresa contratista tenía la obligación de proporcionar a la cuadrilla los medios técnicos adecuados.
Este sindicato también ha señalado que los tres albañiles formaban parte de una cuadrilla “sin estabilidad laboral ni delegados de prevención”, y ha subrayado que “la precariedad laboral condiciona que los trabajadores acepten condiciones inseguras por miedo a perder el empleo”.
Además de criticar la “inacción” de la Inspección de Trabajo, USO ha reclamado un incremento de recursos para inspecciones especializadas en patrimonio y construcción histórica, con capacidad de paralizar proyectos hasta verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad.
Redactor jefe de Noticias Obreras
