Más de 40.000 viviendas y 2.400 suelos se incorporan al parque público de alquiler asequible
La operación, valorada en 5.900 millones de euros, implica la transferencia de activos de la SAREB a la futura Entidad Pública de Vivienda y Suelo, que gestionará su desarrollo y alquiler a precios por debajo del mercado y con un límite máximo del 30% de los ingresos familiares.
El Consejo de Ministros celebrado este martes, 1 de julio, ha aprobado una importante medida orientada a incrementar de forma sustancial el parque público de vivienda asequible.
Esta iniciativa del Gobierno de coalición responde a las claras a la emergencia habitacional –aunque todavía es un avance tímido este paso dado para mejorar el acceso al derecho a techo– que se ha consolidado como la principal preocupación de la ciudadanía, según las últimas encuestas de opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y que el Ejecutivo hace suya.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, explicó que el porcentaje de parque público ha pasado del 2,5% al 3,4%, “todavía lejos del 9% que es la media europea”.
Para reducir esta diferencia, se ha acordado transferir los activos inmobiliarios de la SAREB —el llamado “banco malo” creada en 2012 para gestionar los 50.000 millones en activos de determinadas entidades financieras que fueron financiados con deuda avalada por el Estado en la crisis financiera de 2010— a la entidad pública SEPES.
Esta se encuentra en proceso de reconversión en la Entidad Pública de Vivienda y Suelo de la Administración General del Estado, concebida como un instrumento integral que abarcará desde la adquisición y desarrollo urbanístico de suelos hasta la promoción y gestión del parque de alquiler.
40.000 viviendas y suelos con capacidad para 55.000 más
Según detalló la ministra, esta operación permitirá incorporar de inmediato unas 40.000 viviendas al parque público de alquiler asequible y sumar 2.400 suelos con capacidad para construir otras 55.000. El valor estimado del conjunto asciende a 5.900 millones de euros.
La identificación de estos activos se ha realizado aplicando criterios rigurosos de viabilidad económica, técnica y jurídica, priorizando los municipios donde la presión de la demanda es más intensa.
Entre los criterios geográficos destacan las áreas metropolitanas, las islas y los municipios con población superior a 5.000 habitantes o con crecimientos demográficos superiores al 5% en la última década.
En el caso de las viviendas, se han establecido límites económicos según superficie y valor de tasación, y se exige que cumplan condiciones de habitabilidad adecuadas.
Rodríguez subrayó que “en ningún caso los alquileres podrán superar el 30% de los ingresos familiares”, y defendió que esta medida “da cumplimiento a uno de los compromisos anunciados por el presidente del Gobierno”. “En definitiva, se trata de destinar aquello que un día sirvió para rescatar a los bancos a rescatar a las familias”, afirmó.
Nuevas herramientas y recursos económicos
Para dotar de capacidad operativa a la nueva entidad pública, el Consejo de Ministros ha autorizado el uso de 593 millones de euros procedentes de la consignación prevista en los acuerdos de 9 de mayo de 2023, que permitieron la adquisición de suelos del Ministerio de Defensa y su desarrollo urbanístico.
El Ejecutivo informó que ya se ha formalizado la compra del 35% de los solares disponibles y que se están ultimando los acuerdos para la adquisición de otros cuatro. Los fondos se destinarán a completar compras, promover la construcción de nuevas viviendas y adecuar inmuebles procedentes del Patrimonio del Estado.
La ministra recordó que esta actuación se enmarca en el Plan de Vivienda en Alquiler Asequible, que pretende incrementar de forma estructural la oferta pública y responder de manera planificada a la demanda social de vivienda digna, accesible y estable.
Registro único de alquileres de corta duración
En paralelo, este martes ha entrado en vigor el registro único de alquileres de corta duración, obligatorio para la comercialización de viviendas turísticas, contratos temporales o alquileres de habitaciones.
La ministra explicó que su finalidad es “ofrecer garantías a la ciudadanía, impedir el fraude y poner coto a los alojamientos turísticos ilegales que están expulsando a muchas familias de sus barrios”.
Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
