Los sindicatos tildan de “artificial” el choque intergeneracional de las pensiones
Frente a los discursos “sin fundamento” de quienes intentar abrir la lucha generacional entre trabajadores jóvenes y pensionistas, las organizaciones sindicales han recordado en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo que la protección social pública abarca todas las etapas de la vida laboral.
El secretario confederal de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, Carlos Bravo, ha pedido prevenir contra “el falso relato del conflicto intergeneracional y reforzar la legitimación social del sistema”.
El sistema de pensiones no solo garantiza las rentas de las personas jubiladas, con una intensidad, extensión y garantías que no ofrece ningún plan de pensiones privado, sino que además permite sostener la demanda de bienes y servicios que acaba por estimular la creación de empleo para las generaciones en edad de trabajar.
“Eliminar de las proyecciones y evaluación de ingresos las transferencias regladas y acordadas pretende verter dudas sobre la sostenibilidad financiera de la Seguridad Social”, ha advertido Bravo, que ha criticado la reducción de un complejo sistema en el que intervienen infinidad de variables a un balance entre ingresos presentes y gastos futuros.
Por su parte, la representante de UGT en esta comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo, Cristina Estévez ha compartido su preocupación por la confrontación “artificial” entre jóvenes y pensionistas, como si unos y otros fueran entes individuales sin relación.
“El sistema público de pensiones es de todos y nos importan tanto los pensionistas actuales como los pensionistas del futuro”, ha subrayado Estévez, quien ha defendido el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que tanto critica la patronal.
Bravo ha subrayado que las reformas de la Seguridad Social no solo han servido para mejorar las pensiones públicas, sino también para incorporar nuevos derechos de protección social como el ingreso mínimo vital que alcanza a 900.000 menores y a 500.000 familias con hijos a cargo; los subsidios por desempleo a los menores de 45 años y la derogación del factor de sostenibilidad que rebajaba la cuantía de las pensiones especialmente a las personas jóvenes.
De cara al futuro, Bravo ha vuelto a plantear una vieja reivindicación, que figura, por cierto, entre las recomendaciones anteriores de la propia comisión parlamentaria creada para evaluar la salud de la caja de las pensiones, y, por si fuera poco, en la propia ley que regula el funcionamiento de la Seguridad Social: el cómputo de todos los ingresos, en particular, las transferencias comprometidas por el Estado, en su papel como garante público de su viabilidad financiera.
Entre las tareas pendientes, además de evaluar a fondo el nuevo modelo de compatibilidad de pensión y empleo, CCOO señala la necesidad de ajustar las cotizaciones a los ingresos reales del trabajo autónomo, pero también las bases máximas del régimen general y el complemento para reducir la brecha de género cuestionado por el Tribunal de Justicia de la UE.
Nuevos retos
La protección social pública, entiende el sindicato, debe ampliar la cobertura por desempleo y cese de actividad; crear un nuevo marco de colaboración con las mutuas, actualizar la regulación de las pensiones derivadas de fallecimiento (viudedad, orfandad y en favor de familiares) y mejorar los sistemas de información homogéneos entre el sistema público de pensiones y los instrumentos complementarios.
Por supuesto, también ve necesario mejorar las tasas de actividad y empleo de jóvenes, mujeres y otros colectivos con mayores tasas de precariedad y la integración de población migrante.
El sindicato que dirige Unai Sordo ha emplazado a los grupos parlamentarios a mantener abiertas las vías de negociación para poder alcanzar “acuerdos amplios”, como los que han hecho posible durante más de tres décadas la consolidación de un sistema público de pensiones capaz de garantizar al mismo tiempo pensiones suficientes y sostenibles.
La patronal critica las cotizaciones
A pesar de los datos, las ventajas y la solidez del sistema público de pensiones, más cuando el Estado se preocupa de garantizar su viabilidad futura, la directora del Departamento de Empleo, Diversidad y Protección Social de la CEOE, Rosa Santos Fernández; y la directora del Departamento Sociolaboral de Cepyme, Teresa Díaz de Terán, han defendido la visión anti impuestos que considera demasiado generosas las pensiones y muy costosas las cotizaciones.
La representante de CEOE defendió un “reparto justo” del esfuerzo entre generaciones, así como cláusulas de equilibrio demográfico e incentivos a carreras de largas de cotización.
“No podemos exigir a los jóvenes cotizaciones crecientes a través del mecanismo de equidad intergeneracional para sostener prestaciones inalterables sin ofrecerles mecanismos sólidos”, trató de explicar.
La directora de Cepyme cargó contra el citado mecanismo, por costoso para las empresas e insuficiente para el equilibrio financiero futuro. “Consideramos que aumentar las cotizaciones sociales y hacer que la mayor carga recaiga sobre las empresas tiene efectos negativos sobre el empleo y va en dirección contraria a lo que necesita el sistema público de pensiones”, comentó.
Las organizaciones de trabajadores resaltaron en cambio los beneficios que para el sistema ha supuesto la reforma laboral y el incremento del salario mínimo interprofesional, al reforzar su estabilidad.
No obstante, reconocen que el sistema de protección social debe ampliarse a los ámbitos con mayor incidencia entre la población más joven y a las familias, con medidas que favorezcan la emancipación temprana, la conciliación, corresponsabilidad e igualdad, y el acceso a una vivienda asequible.
Redactor jefe de Noticias Obreras
