Entidades sociales celebran el anteproyecto de consumos sostenible, pero piden más ambición
El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible contra el “ecopostuero” y la obsolescencia programada, aunque organizaciones de la sociedad civil reclaman más concreción y ambición.
La futura ley, que traspone una directiva europea, establece un sistema de certificación objetiva para que las propiedades ecológicas y sostenibles de los productos puedan ser verificados y evitar así la promoción engañosa de empresas que aparenten contribuir a la conservación de la naturaleza o a minimiza su impacto en los ecosistemas sin base real.
Estarán prohibidas las expresiones genéricas como “respetuoso con el medio ambiente” o “biodegradable” si no están respaldadas por evidencia científica y se impedirá el registro de marcas o nombres que induzcan a error sobre el impacto ambiental real de la empresa o producto.
Igualmente se reforzará la protección a las personas consumidoras ante prácticas abusivas, evitando que el recurso al miedo de las campañas publicitarias o confundir a los clientes con cambios de cantidad o envase sin variación de precio.
También se prohibirá la reventa especulativa de entradas y la publicidad de vuelos cortos, combustibles sólidos y vehículos altamente contaminantes.
La norma trata de impedir que las empresas inciten a sustituir productos antes del fin de su vida útil, desincentiven el uso de recambios compatible, llegando incluso a obligar a as firmas de software a informar si las actualizaciones de sus programas y aplicaciones afectan negativamente al funcionamiento de los dispositivos.
De entrar en vigor la ley, en el etiquetado de los productos deberá destacarse las garantías superiores a dos años, para valorar la durabilidad de los productos y la responsabilidad empresarial.
Los fabricantes deberán garantizar la disponibilidad de repuestos durante al menos diez años tras el cese de producción y se ampliará la garantía tras una reparación y los productores asumirán parte del coste de estas.
La iniciativa legislativa trata de alentar práctica de consumo compatibles con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Pacto Verde Europeo, además de fortalecer los derechos constitucionales a la protección de la salud y al consumo informado.
Falta concreción y ambición
La federación de consumidores CECU, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, Rezero y la Red de Redes de la Economía Alternativa y Solidaria (REAS) celebran el anteproyecto, pero critican la ambigüedad de la redacción y la falta de una mayor ambición.
En concreto echan en falta Sin embargo, advierte de la falta de concreción de los requisitos que deben cumplir los productos en materia de criterios sociales de sostenibilidad en la producción, la escasa ambición sobre la regulación de sectores de consumo masivo y de alto riesgo en materia de impacto medioambiental y social, como el sector textil, el café o el cacao, así como la falta de participación de la sociedad civil en los futuros órganos de evaluación y de control de la publicidad que promueve el sobreconsumo
La responsable de sostenibilidad de la Federación de Consumidores y Usuarios CECU, Eva Kreisler, celebra que “por fin se ponga en marcha la tramitación en España de estas directivas europeas de protección de las personas consumidoras, con la incorporación de medidas ambiciosas en materia de publicidad”.
Sin embargo, confiesa su esperanza en que “la propuesta no sea rebajada durante el proceso parlamentario y pedimos al Ministerio que habilite canales de comunicación fluidos para que el anteproyecto recoja las demandas de la sociedad civil”.
Redactor jefe de Noticias Obreras
