CCOO y Greenpeace piden una nueva tramitación urgente del decreto antiapagón

CCOO y Greenpeace piden una nueva tramitación urgente del decreto antiapagón
Lamentan que el Congreso haya bloqueado medidas clave para acelerar la transición energética y avanzar hacia un modelo más justo, sostenible y democrático

El rechazo del llamado decreto antiapagón en el Congreso ha llevado a Comisiones Obreras (CCOO) y Greenpeace a coincidir en que esta decisión representa un revés para los esfuerzos del país por avanzar hacia un modelo energético y productivo más sostenible, justo y con mayor control democrático. Ambas organizaciones instan al Gobierno a retomar la iniciativa legislativa, incorporando mejoras, mayor ambición y un compromiso firme con la responsabilidad política

Para CCOO, el rechazo del decreto “supone un freno a la necesaria transición energética del país y limita el desarrollo de un nuevo modelo industrial basado en las energías renovables”.

En opinión del sindicato, España cuenta con unas condiciones climáticas y geográficas privilegiadas para liderar el desarrollo renovable en Europa, algo que contrasta con la persistencia de un sistema liberalizado “que ha concentrado el control en grandes compañías, debilitando la red de distribución y trasladando el coste de la ineficiencia a los consumidores”.

El decreto rechazado contemplaba, según la organización liderada por Unai Sordo, herramientas para avanzar hacia un modelo más equilibrado, incluyendo mecanismos de control sobre el sistema energético, incentivos fiscales a la inversión industrial y un impulso decidido al autoconsumo eléctrico.

Desde una mirada crítica, la central sindical lamenta que “la oposición al decreto haya venido de argumentos diversos y en ocasiones contradictorios, tanto desde la derecha como desde la izquierda”, y advierte de que “la voluntad de emerger sobre el resto de algún partido político sobre el ejercicio de oposición dura, negando el necesario desarrollo de nuestro modelo socioeconómico y la lucha contra el cambio climático, es del todo reprochable”.

Además, alerta sobre las consecuencias de este bloqueo en el tejido productivo. “La estrategia de las derechas de expulsar al gobierno de coalición de izquierdas para alcanzar el poder, llega a extremos que dinamitan los intereses de sus representados, empresarios y empresarias que también se verán beneficiados de un modelo que puede poner a España a la vanguardia de las inversiones industriales en Europa”.

Por todo ello, el sindicato ha hecho un llamamiento al conjunto de fuerzas políticas para reconsiderar su posición y apoyar la aprobación del decreto en una nueva tramitación “a la mayor brevedad posible”.

Greenpeace reclama una reforma más ambiciosa y estructural

En la misma línea crítica, Greenpeace ha lamentado que el decreto haya sido rechazado, ya que contenía “medidas largamente esperadas para acelerar la transición energética”.

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No obstante, la organización ecologista recuerda que ya en su momento propuso una hoja de ruta más ambiciosa y estructural, compuesta por diez medidas que no estaban incluidas en el texto gubernamental, como la separación total de actividades reguladas y liberalizadas, el fin del uso especulativo de las hidroeléctricas o el desarrollo de nuevas infraestructuras como el grid forming (la tecnología que permite que las energías renovables pasen de ser una aportación complementaria a ser la columna vertebral de un sistema eléctrico autónomo, estable y sin emisiones).

La organización defensora del medio ambiente reclama un sistema energético descentralizado, limpio, democrático y transparente, que ponga fin al poder desmedido del oligopolio eléctrico. A su juicio, la transición no puede depender únicamente de ajustes técnicos, sino que exige una reforma estructural del modelo energético actual.

A pesar de sus críticas previas, la organización ecologista destaca que el decreto contenía avances positivos que deben preservarse, como la ampliación del radio de autoconsumo de 2 a 5 km, las deducciones fiscales para la instalación de bombas de calor, el fomento del almacenamiento eléctrico y la creación de la figura del gestor de autoconsumo colectivo, medidas todas ellas encaminadas a democratizar el acceso a la energía.

“Necesitamos voluntad política y un amplio consenso parlamentario para no seguir perdiendo tiempo ante la urgencia climática”, han subrayado desde Greenpeace, reclamando al Gobierno que retome el proceso legislativo con mejoras e incluya demandas históricas del ecologismo social.