Vivienda: la solución se llama voluntad política
Suele decirse, con razón, que una buena política de vivienda comienza por una buena política de suelo. No puedo estar más de acuerdo. Disponer de suelo para promover vivienda a precios asequibles es el gran cuello de botella que enfrentamos en nuestra comunidad. El suelo existe; está en manos privadas o en manos de los ayuntamientos. El que es de titularidad privada está sometido a una lógica especulativa feroz. De hecho, en Euskadi hay suelo calificado para construir 75.000 viviendas protegidas: solares que, sin embargo, llevan años paralizados.
En lugar de afrontar con seriedad este auténtico nudo gordiano, el Gobierno Vasco, alineado con los intereses del lobby de promotores y propietarios, ha anunciado, bajo el argumento de que la vivienda protegida “no es rentable”, una modificación legislativa que pretende “flexibilizar” las reservas obligatorias de suelo destinadas a vivienda asequible. En concreto, propone rebajar del 75% al 60% el porcentaje mínimo exigido en suelo urbanizable. Esto implica, en la práctica, dedicar más suelo a la construcción de viviendas a precios inaccesibles para la mayoría de la población.
A los propietarios de suelo se les debería exigir por ley plazos concretos para desarrollar los solares. En caso de incumplimiento, correspondería aplicar sanciones o, en su defecto, recurrir a procedimientos expropiatorios, como ya se hace con total normalidad para otro tipo de infraestructuras.
El problema no está en las reservas obligatorias, sino en la titularidad del suelo. Allí donde las administraciones se han implicado y han invertido en la adquisición y ordenación del suelo —Bolueta, Zorrozaurre, Salburua, Zabalgana, ahora los Cuarteles de Loyola…— se ha podido construir más vivienda protegida que la legalmente exigida.
Si el Gobierno Vasco se queja constantemente de la falta de suelo y suplica a los Ayuntamientos la cesión de terrenos municipales para levantar viviendas a precio asequible, es señal de que algo se ha planificado muy mal en estos últimos años. La legislación urbanística y de vivienda de todas las comunidades autónomas contempla herramientas para no depender exclusivamente del suelo municipal. La Ley 3/2015, de Vivienda de Euskadi, faculta al Gobierno Vasco para desarrollar un Plan Territorial Sectorial de Vivienda que permita desplegar sus políticas de suelo desde la ordenación territorial. Nada se ha sabido de ello desde su aprobación.
Además, esta misma ley establece en su artículo 7 que tanto el Gobierno Vasco como los Ayuntamientos deben destinar sus recursos en materia de vivienda —excluida la rehabilitación— a la promoción de vivienda protegida en régimen de alquiler. El suelo calificado para tal fin está legalmente sujeto a esa obligación. Sin embargo, la mayoría de los Ayuntamientos, con pocas excepciones, no cumplen: se desentienden de su obligación de promover, por sí mismos o por terceros, vivienda en alquiler asequible en los suelos públicos calificados como protegidos. Es incomprensible que, diez años después de la aprobación de la ley, sigamos en el mismo punto de partida.
No se trata de un asunto menor. Estamos ante un flagrante incumplimiento de las obligaciones legales relativas al régimen jurídico de los Patrimonios Públicos de Suelo, recogidas en nuestra legislación urbanística y de vivienda. Esta normativa establece que los presupuestos municipales deben contabilizar separadamente los ingresos generados por dichos patrimonios, cuya finalidad preferente está legalmente vinculada a la promoción de vivienda protegida. Sin embargo, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas parece tener otras prioridades, pues apenas advierte en sus auditorías sobre la ilegalidad de la contabilidad y el uso que hacen los Ayuntamientos de estos recursos.
La Ley estatal 12/2023, por el derecho a la vivienda, también es clara: en las Zonas de Mercado Residencial Tensionado, los suelos públicos deben destinarse a la construcción de vivienda social en alquiler.
La situación actual es un reflejo del desgobierno: la Administración que dice querer actuar —el Gobierno Vasco— no puede, porque no dispone ni de planificación territorial adecuada ni de bolsas propias de suelo suficientes; y las Administraciones que sí pueden —los Ayuntamientos— no quieren, porque prefieren vender el suelo público para generar ingresos que destinarán a otros fines, en lugar de cumplir con su obligación de promover vivienda social en alquiler.
Que nadie se engañe: no es falta de suelo, es falta de voluntad política para hacer cumplir las leyes que ya tenemos. Es ahí, y no en medidas cosméticas o “flexibilizaciones” interesadas, donde deberíamos empezar a revertir una situación grave. Nos lo exige la justicia social. Se lo debemos a nuestra juventud y a su futuro.
Profesor de Filosofía. Consejero de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno de Euskadi (2001-2009)
