Duras críticas a la ley de movilidad sostenible que prepara el Gobierno
La Ley de Movilidad Sostenible del Gobierno de coalición ha recibido duras críticas de las entidades ecologistas que, en palabras de la responsable de Greenpeace, Cristina Arjona, se ha convertido en “una oportunidad perdida para la transición del sector más contaminantes y más emisor de gases de efecto invernadero”.
La ley debía haber sido “un punto de inflexión, pero no lo va a ser”, apunta Arjona, quien recuerda que llevan desde que se aprobó la ley del cambio climático pidiendo “criterios y objetivos claros de descarbonización, vinculados para la neutralidad, en el plazo más corto posible” para el transporte.
No en vano, se trata de la actividad en España que más contribuye al calentamiento del planeta. En 2023 el sector contribuyó con el 32,5 % del total de las emisiones de gases de efecto invernadero,
Solo el transporte por carretera fue, por sí solo, el responsable del 30,1 % del total de dichas emisiones, según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La norma, comprometida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, debe impulsar un sistema de transportes compatible con los compromisos de descarbonización y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Además de carecer de metas cuantificables y de financiación suficiente, restringe los planes de movilidad de las empresas a aquellas con más más de 500 personas trabajadoras o 250 por turno.
Trece organizaciones ecologistas, sindicales y a favor de transición energética habían propuesto que los centros de más de 100 personas empleadas, 50 en dos turnos, tuvieran que diseñar estrategias de transporte descarbonizado. “Parece que se desconoce el tejido empresarial de nuestro país, que una mayoría abrumadora se compone de pequeñas y medianas empresas”, señala la portavoz de Greenpeace.
“La mayoría de los desplazamientos son obligados para acudir a los centros educativos o al trabajo”, indica Arjona. Alrededor del 30 % de los desplazamientos en día laborables se realizan para acudir al puesto de trabajo. De ellos, el 60% se cubre con vehículos privados motorizados.
Desde el movimiento ecologista, se quejan de que el grupo parlamentario socialista se ha opuesto sistemáticamente a incluir objetivos concretos para avanzar en la descarbonización y la sostenibilidad de la movilidad y el transporte. También censuran al Partido Popular por no apoyar la descarbonización de la movilidad, en cumplimiento de los compromisos internacionales en el marco del Acuerdo de París.
Aunque la comisión parlamentaria que debate la ley ha incorporado algunas enmiendas, ha rechazado las más ambiciosas. Más de una decena de entidades ecologistas habían pedido apoyar el despliegue de la electromovilidad en el medio rural, impulsar el uso de la bicicleta y otros modos de movilidad activa en medios urbanos, así como favorecer el incremento de mercancías transportadas por ferrocarril y evitar la posibilidad de apoyar con fondos públicos los combustibles fósiles como el gas natural licuado en el transporte marítimo.
De hecho, gran parte de las medidas que menciona el proyecto de ley, como la revisión del etiquetado medioambiental en la automoción o el plan para la sostenibilidad de la aviación, se han dejado para futuros estudios y planes.
Redactor jefe de Noticias Obreras
