Cáritas pide mejor empleo, más vivienda social y la regularización de personas migrantes
La secretaria general de Cáritas, Natalia Peiro, ha advertido de la existencia de un 20% de la población en riesgo de exclusión en España, dos millones más de personas que antes de la gran crisis financiera de 2007, debido a las deficiencias de las políticas de empleo integrador, vivienda pública y protección social.
En la rueda de prensa de la presentación de la Memoria Confederal de Cáritas correspondiente a 2024, Peiro ha advertido del riesgo de caminar hacia “una sociedad de futuro en la que una parte de ella se queda fuera, de que estemos construyendo una sociedad que prescinde un parte de sí misma”.
La secretaria general de red confederal de Cáritas, compuesta por 70 delegaciones diocesanas, 69.224 personas voluntarias y casi 6.000 empleadas, ha señalado que “el 20% de la población se encuentra en España manejándose y basculando entre la exclusión social y la integración precaria”.
Se trata, según ha indicado, sobre todo, de “familias que tienen menores a cargo, cuyos ingresos no les permiten llevar una vida en condiciones”, debido, en muchos casos, a la falta de un empleo decente.
La degradación de la “función protectora” del empleo explica la existencia en nuestro país de un 11,7% de trabajadores pobres, “una de las tasas más altas de las que se registran en Europa”, ha señalado Peiro.
“Hay una parte de familias y personas que tienen un empleo precario, temporal o a tiempo parcial”, lo que se traduce en ingresos que no les permiten afrontar “gastos imprescindibles muy elevados”, ha dicho la portavoz de la organización acción sociocaritativa de la Iglesia española.
La crisis de la vivienda
Una de las necesidades básicas que más esfuerzo económico exige es el acceso y mantenimiento de la vivienda, lo que obligó a Cáritas en 2024 a dedicar el 80% de su presupuesto de acogida y asistencia a cubrir los gastos de los hogares de las personas a las que acompaña.
De hecho, ha destacado que los “pagos de alquiler, de suministros y para el acceso y mantenimiento de una vivienda” han supuesto “uno de los esfuerzos más grandes que ha tenido que hacer Cáritas”.
La irregularidad administrativa
El otro gran factor de exclusión social en España tiene que ver con las situaciones de irregularidad administrativa de parte de la población migrante. Poco menos de la mitad, el 47% del más de un millón de personas atendidas en España (1.178.346) por la organización socio caritativa de la Iglesia reunía esta condición.
Las personas de origen extranjero llegan a Cáritas, según su secretaria general, derivadas de las entidades de “acogida de emergencia”, al finalizar la cobertura temporal que ofrecen las administraciones públicas o al caer en la irregularidad sobrevenida tras ver denegado el visado o el asilo y perder el empleo.
Son personas que presentan un “cumulo de dificultades extraordinario” y “escasas posibilidades” salir adelante por sí solas. Así, su riesgo de caer en la exclusión social es tres veces superior al de la población general, a pesar de que muchas de ellas son también trabajadoras”.
A pesar de ser “un importante motor humano, factor de desarrollo de las posibilidades de nuestra sociedad, sin embargo, no cuentan”, sino que integran “esa parte de la sociedad que estamos dejando fuera”.
La regularización extraordinaria de migrantes
Además de los programas de acompañamiento a personas extracomunitarias, la secretaria general de Cáritas ha subrayado el apoyo de su organización a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la regularización extraordinaria de personas trabajadoras migrantes que ha prestado en este tiempo.
Precisamente, su presidente, Manuel Bretón, poco antes había mostrado su “optimismo” de que saliera adelante en el Congreso, a pesar de reconocer la “complejidad” de que los diferentes grupos políticos “unifiquen criterios”.
El resto de las demandas políticas que Cáritas defiendan alcanzan el empleo, la vivienda y la protección social, tras dos décadas, marcadas por la gran crisis financiera de 2007 y la crisis de la Covid con un nivel alto de pobreza y exclusión social.
“Ni las políticas de austeridad implementadas en una ocasión, ni el escudo social desplegado han conseguido alcanzar a ese 20% de la población en riesgo de exclusión”, se lamentaba Peiró. “Las palancas que creemos que tienen que activarse para llegar a esas familias, son la del empleo, la de la vivienda y las de apoyo a la familia”, sintetizaba.
Petición que reitera al constatar que no se ha incrementado el número de viviendas sociales, ni se ha conseguido favorecer el acceso a empleos dignos y sostenibles de quienes tienen más dificultades, ni el ingreso mínimo vital, a pesar de los ajustes, llega a quienes lo necesitan.
Un ingreso mínimo que no llega
Así, Peiró ha explicado que sigue habiendo muchas personas que quedan fuera de esta medida del escudo social, como las personas en situación administrativa irregular, personas que no tienen padrón, jóvenes de 18 a 23 años que no tienen red familiar o familias con una renta anterior que no se corresponde con la del momento en que presentan la solicitud. Por no hablar de las innumerables trabas y dificultades burocráticas existentes.
El año pasado, Cáritas invirtió 486,9 millones de euros, un 0,10% más que en 2003 en sus diferentes recursos y proyectos dentro de España, que incluyen la atención a las víctimas de la DANA registrado el pasado mes de octubre, y en acciones de cooperación internacional en terceros países.
Economía solidaria
Otro año más, el programa que aglutina la mayor concentración de fondos es el de economía solidaria, con una dotación total de 144,8 millones de euros (8 millones más que el año anterior), destinado a fomentar itinerarios de inserción sociolaboral y sostener las empresas de inserción que dieron empleo a más de 3.100 personas.
Los otros programas que más recursos utilizaron a lo largo del año pasado fueron los de personas mayores (44,2 millones), personas en situación de sin hogar (41,7 millones), y los de familia, infancia y juventud (24,7 millones).
No obstante, el programa de mujer fue el que registró el mayor incremento de fondos en el último año, con una diferencia del 24,1% y una inversión total de 5,5 millones de euros.
Cáritas apoyó también a personas afectadas por las grandes crisis olvidadas provocadas por causas naturales o por conflictos humanos, como las registradas en Haití, República Democrática del Congo, Burkina Faso o la región marroquí del Atlas, además de continuar su acción en Tierra Santa y Ucrania.
Socios, donantes y colaboradores privados aportaron más de 343,5 millones de euros, un 5,04% más que el año anterior, mientras que las distintas administraciones públicas contribuyeron con 143,4 millones de euros, lo que supone el 29,5% de sus ingresos
Comunidad esperanzada
“Esta memoria que presentamos esta mañana es la mejor prueba de lo lejos que podemos llegar cuando trabajamos unidos en la defensa de la dignidad de la persona y por el bien común”, ha subrayado Peiro que ha agradecido “el testimonio vivo de toda una comunidad, cuya esperanza es verdadera porque cada día decide vencer la desigualdad, la pobreza y la injusticia social con gestos de entrega y solidaridad”.
Por su parte, Manuel Bretón ha animado a toda la sociedad y personas de buena voluntad a seguir caminando hacia una sociedad sin pobreza ni exclusión.
“Estamos en el año jubilar de la esperanza. Como ciudadanos estamos llamados a sumar voluntades para convertir en lugar de encuentro y espacio de concordia el trabajo a favor de los invisibles y descartados, en estos tiempos de preocupante polarización social y de agravamiento de las condiciones de vida de muchas personas, que ven cómo su acceso a derechos básicos sigue siendo muy precario”, ha destacado.
Redactor jefe de Noticias Obreras
