El agorero arresto del alcalde de la ciudad de Newark, Ras Baraka, por parte del Servicio de Inmigración de EEUU
La deriva autoritaria en Estados Unidos se aceleró el 9 de mayo cuando el Gobierno de Trump arrestó a otro funcionario elegido por el voto popular. Ras Baraka, el alcalde de Newark, la ciudad más grande del estado de Nueva Jersey, estaba acompañando a una delegación del Congreso estadounidense que iba a inspeccionar Delaney Hall, una prisión privada, propiedad del GEO Group, donde funciona un centro de detención del Servicio de Inmigración de Estados Unidos operado por la propia compañía. La delegación estaba integrada por Bonnie Watson Coleman, LaMonica McIver y Rob Menéndez, Jr., congresistas demócratas que representan distritos que incluyen o están cerca de Newark. Los legisladores concurrieron a esa cárcel para migrantes —la más grande de la costa este de Estados Unidos— para llevar a cabo una visita de supervisión legalmente autorizada.
Los legisladores y el alcalde fueron autorizados a atravesar la valla de ingreso al predio carcelario, donde debieron aguardar durante más de una hora. Tras ese lapso de espera, el alcalde Baraka recibió la orden de retirarse de allí, y así lo hizo: abandonó el predio y se quedó del lado de afuera de la valla, en un área pública. El posterior e injustificado arresto de Baraka constituyó un impactante abuso de autoridad por parte de la policía federal y otro ejemplo claro de cómo el presidente Donald Trump y sus colaboradores intentan concentrar el poder público y aplastar la disidencia.
El Servicio de Inmigración mantuvo detenido al alcalde de Newark durante cinco horas antes de liberarlo. Baraka, que fue acusado de ingreso ilegal a una propiedad privada, no es ningún extraño en las puertas de Delaney Hall, como explicó días después de su arresto a Democracy Now!:
“De hecho, voy allí todos los días […] A las siete de la mañana estoy en el lugar con inspectores sanitarios y funcionarios responsables del cumplimiento del código contra incendios y del Código Uniforme de Construcción, dado que tenemos derecho a verificar las instalaciones antes de que puedan solicitar la renovación del certificado de ocupación. Actualmente estamos en juicio con GEO [Group], porque [la compañía] está incumpliendo ordenanzas municipales”.
GEO Group incrementó de manera acelerada el funcionamiento del predio Delaney Hall, que dispone de 1.000 camas, con el objetivo de convertirlo en un importante centro de detención del plan de deportaciones masivas impulsado por Trump. El 1 de abril, la ciudad de Newark interpuso una demanda contra GEO Group, en la que denuncia que la compañía penitenciaria “sigue violando descaradamente las ordenanzas y regulaciones de la ciudad”.
Durante la conversación con Democracy Now!, Baraka relató detalles de su arresto:
“La situación se agravó cuando llegó [Ricky] Patel, el agente especial a cargo [de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional en Newark], quien escaló el conflicto. Los congresistas trataron de hacer entrar en razón a Patel, me rodearon, y finalmente consiguieron que él accediera a que me fuera. Me retiré y me fui del otro lado de la valla. […] Y ahí me arrestaron, al tiempo que los congresistas y otras personas presentes intentaban impedirlo”.
Más tarde, el Departamento de Seguridad Nacional emitió un comunicado de prensa en el que se afirmó falsamente lo siguiente: “Un grupo de manifestantes, entre los que se encontraban dos miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, traspasaron la valla perimetral e irrumpieron en el centro de detención. Los congresistas Robert Menéndez, Jr. y Bonnie Watson Coleman, así como varios de los manifestantes se atrincheraron en una caseta de vigilancia”. La fiscal federal interina para el distrito de Nueva Jersey, Alina Habba, exabogada personal de Trump, indicó falsamente en la red social X que el alcalde Baraka “invadió de manera ilegal una propiedad privada e hizo caso omiso de las múltiples advertencias emitidas por los agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional para que abandonara el centro de detención del Servicio de Inmigración en Newark […] NADIE ESTÁ POR ENCIMA DE LA LEY”.
El sábado, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, ahondó en las mentiras y le dijo a la cadena de noticias CNN: “Es probable que haya más arrestos. De hecho, tenemos imágenes de cámaras corporales que muestran cómo algunos de estos miembros del Congreso agreden a nuestros agentes del Servicio de Inmigración e incluso arrojan al suelo a una agente femenina”.
La congresista Bonnie Watson-Coleman, una mujer de 80 años sobreviviente de cáncer, rechazó las acusaciones del Gobierno estadounidense y dijo a Democracy Now!:
“Nadie fue arrojado al suelo. El Departamento de Seguridad Nacional y los funcionarios del Gobierno [de Trump] están haciendo lo que siempre hacen: mentir, distraer e intentar dar legitimidad a las cosas ilegítimas que están haciendo”.
Por lo tanto, además de detener a un alcalde elegido por la ciudadanía, el Gobierno de Trump está ahora amenazando con arrestar a miembros del Congreso estadounidense. Esto hace aún más alarmantes las declaraciones del jefe adjunto de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, horas antes de la detención de Baraka:
“La Constitución […] es clara en cuanto a que el derecho al recurso de ‘habeas corpus’ puede suspenderse en tiempos de invasión. Es una opción que estamos considerando seriamente”.
El habeas corpus es el derecho de las personas detenidas a exigir que el Gobierno justifique su arresto ante los tribunales o, en su defecto, que las ponga en libertad.
El alcalde Baraka, quien se postula para gobernador de Nueva Jersey y está haciendo campaña para las primarias demócratas del estado que se celebrarán este 10 de junio, compareció el jueves ante un tribunal federal y se declaró “no culpable” del cargo de ingreso ilegal a una propiedad privada. La fiscal federal Alina Habba exigió que se sustancie el juicio, a pesar de la gran cantidad de pruebas exculpatorias.
Tanto la formulación de cargos contra el alcalde Ras Baraka como el proceso judicial contra Hannah Dugan —una jueza de condado de Milwaukee acusada de ayudar a un inmigrante a eludir su detención por parte de agentes de Inmigración—, junto con las amenazas de arrestar a congresistas, presagian una alarmante profundización del avance de Trump hacia el autoritarismo.
A unas calles del Palacio de Justicia de Newark se encuentra la plaza Harriet Tubman, donde el alcalde Baraka inauguró en 2023 un monumento en honor a la legendaria abolicionista y figura clave de la red antiesclavista “Ferrocarril subterráneo”, quien, tras escapar de la esclavitud, organizó innumerables misiones de rescate de otras personas esclavizadas y las condujo hacia la libertad. Newark tiene una larga historia de resistencia a la opresión, algo que Trump y sus colaboradores están a punto de conocer de primera mano.
Amy Goodman, periodista estadounidense, es la directora de Democracy Now!, medio de comunicación independiente de noticias internacionales. Denis Moynihan es colaborador de Democracy Now!
