CGT impugnará ante el Supremo el nuevo decreto sobre jubilación anticipada por penosidad
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 402/2025 por el que se regula el procedimiento para determinar los supuestos en los que procede permitir anticipar la edad de jubilación mediante la aplicación de coeficientes reductores por considerar que supone “uno de los mayores retrocesos en materia sindical y de jubilación de los últimos años”.
Aunque la norma, en principio, busca reconocer el derecho de determinadas personas trabajadoras a jubilarse antes sin penalización económica, la organización sindical centra su denuncia fundamentalmente en el marco procedimental que la acompaña, al que califica de “antidemocrático, restrictivo y regresivo”.
El sindicato no cuestiona la necesidad de proteger la salud de quienes trabajan en condiciones extremas ni la existencia de coeficientes reductores como herramienta para ello. Lo que CGT impugna es la arquitectura legal diseñada por el Gobierno para aplicar dicho derecho. “Este reglamento empeora la ya deficiente regulación anterior al imponer requisitos que limitan el ejercicio efectivo del derecho a jubilarse con dignidad”, sostiene el sindicato.
Entre los puntos más criticados, destaca la exigencia de que las solicitudes para activar el procedimiento deban presentarse conjuntamente por patronal y sindicatos. La central sindical denuncia que esto “supedita la acción sindical a la voluntad empresarial” y supone una “vulneración de la libertad sindical”, contraviniendo, recuerdan, la sentencia 1333/2023 del Tribunal Supremo. “Se desnaturaliza la autonomía sindical al condicionar la defensa de los intereses de los trabajadores a acuerdos con quienes, en muchos casos, se benefician de su explotación”, afirman.
También puedes leer — Preguntas y respuestas sobre la jubilación anticipada en sectores penosos y peligrosos
Silencio negativo y comisiones cerradas
Otro punto de discrepancia es la instauración del silencio administrativo negativo. Si la Administración no resuelve una solicitud en seis meses, se entiende automáticamente rechazada. Para la organización sindical, este mecanismo “legaliza la inacción del Ministerio de la Seguridad Social”, en un contexto donde ya existen —según denuncian— numerosos expedientes paralizados en sectores como el amianto o la petroquímica. “Se blinda la desidia institucional con cobertura legal”, alertan.
Además, la norma crea comisiones de evaluación y de análisis de la dimensión de género formadas exclusivamente por el Gobierno, la patronal, CCOO y UGT. CGT considera que esta estructura “excluye injustamente a otros sindicatos con fuerte implantación sectorial” y vulnera la jurisprudencia del Supremo, que ya anuló limitaciones similares en el pasado.
Desde la organización anarcosindicalista se denuncia que el decreto no solo no corrige los obstáculos que dificultaban el acceso al procedimiento anterior (vigente desde 2011), sino que los institucionaliza. “Legaliza las trabas que llevamos años combatiendo en los tribunales y que impiden reconocer la penosidad de muchas actividades”, afirman. Como ejemplo, citan la exigencia de presentar, en apenas 20 días, la identificación fiscal de todas las personas potencialmente afectadas por la solicitud, algo que consideran “materialmente inviable”.
Director de Noticias Obreras.
Autor del libro No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo. (Ediciones HOAC, 2019). Coeditor del libro Ahora más que nunca. El compromiso cristiano en el mundo del trabajo. Prólogo del papa Francisco (Ediciones HOAC, 2022)
