Trabajo y los sindicatos negocian la nueva normativa para actualizar el salario mínimo
Trabajo y los sindicatos negocian ahora la adaptación de la nueva normativa sobre el salario mínimo interprofesional a la directiva europea aprobada en 2022.
La norma insta a los países miembros de la UE a adecuar el salario mínimo a valores de referencia comúnmente utilizados para garantizar el poder adquisitivo de las personas trabajadoras perceptoras alcance el 60% de la mediana salarial bruta y el 50% del salario medio bruto.
La Comisión Europea insta a garantizar la participación efectiva de los interlocutores sociales mediante la negociación colectiva en la fijación del mínimo salarial y recomienda a aquellos con menos del 80% de las personas trabajadoras cubiertas por un convenio colectivo que promueve el diálogo social.
Además, llama acordar la actualización periódica del salario mínimo legal, al menos cada dos años y, en los países con mecanismos de indexación automática o semiautomática, por lo menos cada cuatro años.
Dinamarca y Suecia han prestando un recurso contra la directiva que podría dejarla sin efecto, más cuando el abogado general de la Unión Europea se ha pronunciado a favor de ello.
Para CCOO y UGT la negociación abierta debería servir para concretar las cuestiones que quedaron pendientes en el último acuerdo, como los criterios de aplicación y absorción de los complementos; la actualización de manera automática de los salarios en convenios que puedan verse afectados por el salario mínimo y concretar las cuantías diarias y por hora del en caso de aplicar la reducción de jornada.
“Somos conscientes de que los temas que hemos planteado para su debate son de mucha envergadura y no podemos esperar a subir los salarios a aquellas personas que están en el salario mínimo”, han asegurado desde CCOO.
La UGT ha insistido en que es necesario asegurar que el salario mínimo llegue al 60% del salario medio calculado por Eurostat, lo que todavía no se habría producido, según sus datos.
La secretaria de Salud Laboral de este sindicato, Patricia Ruiz, considera que hace falta ampliar los indicadores de referencia más allá del IPC para incorporar conceptos como “suficiencia y dignidad de las rentas más vulnerables, con el fin de erradicar los niveles insufribles de pobreza que todavía tiene nuestro país”.
También entiende que el mandato europeo respalda los derechos de información en cuanto al salario mínimo y promueve su aplicación en la negociación de los convenios colectivos. Ruiz espera alcanzar “con la mayor celeridad posible” un acuerdo “necesario y urgente” para las personas más vulnerables de nuestro país.
Ante esta queja patronal, fuentes del diálogo social han defendido que “se anule o no la directiva europea, existe el compromiso del Gobierno de abordar todos estos asuntos con la patronal y los sindicatos, que es lo que ha arrancado este lunes”. “Si los empresarios no quieren negociar, luego no podrán decir que lo que se practica es el monólogo social”, han agregado.
Según las informaciones aparecidas en prensa, la patronal se muestra contraria a debatir los cambios propuestos e incluso ha expresado su rechazo a que las mesas negociadoras de los convenios reciban la información de los márgenes de beneficios empresariales.
Redactor jefe de Noticias Obreras
