¿Por qué no acudo a actos religiosos como concejal?
Cada año, con la llegada de la Semana Santa, se suceden las procesiones, las misas solemnes y otros actos religiosos en distintos barrios de nuestra ciudad. Y cada año vuelve la misma pregunta: ¿por qué algunos concejales no participamos en estos actos en representación institucional? ¿Por qué no nos ven en las primeras filas junto al resto de la Corporación, portando la medalla y el pin del Ayuntamiento?
La respuesta no tiene nada que ver con nuestras creencias personales. Yo, como sabéis muchos, soy cristiano y participo activamente en espacios de fe, principalmente en la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC). Pero precisamente por eso, creo firmemente en la necesidad de distinguir los espacios de creencia personal del papel que desempeñamos como representantes públicos. No es una cuestión de fe, sino de principios democráticos: la neutralidad del Estado ante las creencias religiosas. De hecho, fue precisamente mi fe vivida en comunidad la que me empujó a la política. Porque creo en una sociedad más justa, en la dignidad de todas las personas, en el bien común. Y desde esa misma fe, entiendo que el compromiso político debe respetar la diversidad de creencias y garantizar la igualdad de trato a toda la ciudadanía.
La Constitución Española establece que ninguna confesión tendrá carácter estatal. Es decir, el Estado —y por tanto sus instituciones, como los ayuntamientos— debe ser aconfesional. Eso implica que no debe participar ni promocionar actos religiosos, aunque estos estén profundamente arraigados en nuestras tradiciones. Esta es la base de la laicidad: no imponer ni favorecer una creencia frente a otra, y garantizar que todas —también las no creencias— puedan convivir en igualdad.
Es lógico que muchas de nuestras fiestas populares tengan origen religioso. Es parte de nuestra historia. Pero hoy, en una sociedad plural como la alicantina, donde conviven creyentes de distintas confesiones, personas agnósticas y ateas, lo coherente es que los representantes públicos se mantengan al margen de los actos religiosos cuando ejercen su cargo. Eso no significa en absoluto despreciar la religiosidad popular ni nuestras tradiciones. Al contrario: las respetamos profundamente. Pero creemos que el protagonismo en esos actos debe recaer en quienes los organizan y en la comunidad creyente, no en las instituciones públicas.
Del mismo modo que no veríamos con buenos ojos que un obispo presidiera un pleno del Ayuntamiento, parece lógico que el Ayuntamiento no presida una misa. Ni la autoridad civil tiene cabida dentro del templo, ni la autoridad religiosa debe tener presencia en el gobierno de lo común. Es una cuestión de respeto mutuo y de separación de espacios.
Hay quien defiende esta presencia institucional en los actos religiosos apelando a la tradición, o a la importancia cultural de estos eventos. Pero mantener una tradición no justifica seguir reproduciendo inercias que no se corresponden con una democracia moderna. Como dijo el papa Francisco en una entrevista a un medio francés: “Un Estado debe ser laico. Los Estados confesionales han acabado mal. Eso va contra la historia”. Y tiene razón.
Por eso, desde nuestro espacio político venimos reclamando que el Ayuntamiento de Alicante deje de estar representado oficialmente en actos religiosos. Que quienes quieran participar lo hagan como cualquier otra persona, sin medallas ni símbolos que los identifiquen como representantes públicos. Como ciudadanos y ciudadanas. Como creyentes, si así lo sienten.
No se trata de excluir lo religioso del espacio público, ni de negar su valor social, cultural o espiritual. Se trata, más bien, de ampliar ese espacio público para que todas las personas puedan convivir desde el respeto, con independencia de sus creencias. Porque la laicidad no es una trinchera. Es una apuesta por la convivencia democrática y plural. En este sentido, es fundamental recordar que, aunque algunos sectores defienden el vínculo entre el espacio público y los actos religiosos, no se debe promover la polarización ni la confrontación. La democracia debe proteger la pluralidad de opiniones y creencias, evitando caer en prácticas que generan divisiones artificiales y en discursos que excluyen a aquellos que no comparten una visión conservadora o excluyente de la sociedad. Cuando los cargos públicos se posicionan con una retórica que divide en lugar de sumar, alimentan un clima social tóxico que solo promueve el enfrentamiento. La tarea de un gobierno democrático es garantizar la convivencia respetuosa y equitativa de todas las personas, independientemente de su ideología o creencias.
Sabemos que este es un debate complejo, cargado de historia, de emociones y también de intereses. Pero también creemos que es necesario abordarlo con honestidad. La normalidad democrática debe construirse paso a paso. Y nuestra pequeña aportación es esta: no participar como cargos públicos en actos religiosos, como gesto de coherencia y respeto a todas las creencias. Por eso apostamos por un estado laico y una laicidad positiva, que garantice que las instituciones públicas mantengan una separación efectiva de los actos religiosos.
Concejal de Esquerra Unida-Podem en el Ayuntamiento de Alicante.
Cantautor. Militante de la HOAC de Orihuela-Alicante.
