Piden incluir a la población trabajadora migrante en el desarrollo sostenible de Doñana
Piden que el plan de recuperación de Doñana sirva para mejorar las condiciones de vida y de trabajo de la población extranjera que faena en la explotación agrícolas de su área de influencia.
Diversas entidades sociales, entre ellas la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de Huelva, reclaman a las administraciones beneficiadas por las subvenciones que impulsen soluciones habitacionales dignas a las personas, asegurar el cumplimiento de la legislación laboral y facilitar el acceso a los derechos de ciudadanía.
Estas organizaciones han enviado sus propuestas aprovechando la consulta pública abierta por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (MISSM) sobre el proyecto de Real Decreto que regula la concesión directa de subvenciones en el marco del “Marco de Actuaciones para el Desarrollo Territorial Sostenible del Área de Influencia del Espacio Natural de Doñana”, que cuenta con una financiación global de el Marco de Doñana de 706 millones de euros.
El componente socioeconómico es uno de los dos grandes ejes que conforman el plan global para Doñana, junto con el eje medioambiental, que impulsa por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
La Línea 13 del Marco de Doñana se centra en la mejora de las condiciones de vida y habitabilidad de las personas que residen de forma temporal o permanente en 14 municipios del entorno del Parque Nacional de Doñana, especialmente aquellas en situación de pobreza, exclusión o vulnerabilidad.
Los colectivos sociales y personas que han participado en la consulta pública denuncian que las condiciones laborales y de vida de muchos temporeros agrícolas, en su mayoría migrantes, continúan siendo extremadamente precarias: hacinamiento en asentamientos informales, explotación laboral, racismo institucional y trabas administrativas como la negativa de muchos ayuntamientos a empadronarlos, lo que impide su acceso a derechos básicos.
“Si no se concreta con rigor dónde están los problemas, las soluciones no dejarán de ser fuegos artificiales”, reza el documento entregado en la consulta, que reclama una mayor claridad y contundencia en el diagnóstico oficial. Las organizaciones piden que el futuro reglamento incluya medidas de formación para el personal público en derechos humanos y que los proyectos de sensibilización no se limiten a la ciudadanía, sino que se dirijan también a empleadores, gestorías y cooperativas agrícolas.
Además, proponen reforzar los mecanismos de evaluación del impacto de las medidas y coordinar inspecciones laborales específicas con el Ministerio de Trabajo. Como solución de fondo, insisten en la necesidad de reactivar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para una regularización extraordinaria de personas migrantes sin papeles, actualmente bloqueada en el Congreso.
Estas demandas llegan en un momento en que el Gobierno ha anunciado una inversión de 70 millones de euros para proyectos sostenibles en 14 municipios del entorno de Doñana, pero solo una pequeña parte se destinará a iniciativas dirigidas a la inclusión de la población extranjera.
Para las organizaciones firmantes, proteger Doñana no puede desligarse de garantizar derechos humanos a quienes trabajan en sus tierras. “Sin papeles no hay ciudadanía. Y sin ciudadanía, no hay sostenibilidad posible”, concluyen.
Redactor jefe de Noticias Obreras
