Más transparencia, mejor democracia
Recientemente, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación.
Su objetivo es adaptar la legislación española a la europea en estas materias. Se trata de un anteproyecto que contiene dos partes diferenciadas: una, destinada a regular la prestación de servicios digitales y a garantizar la preservación de derechos de consumidores y usuarios; y otra, acerca de los medios, con la que se pretende crear un registro público de medios de comunicación que tendrá carácter obligatorio y en el que las empresas informativas deberán estar inscritas detallando aspectos vinculados a la publicidad institucional que reciban o a la estructura de su propiedad. En ambas materias será la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) la que asuma el papel de supervisor y garante del cumplimiento de la ley.
A pesar de que la norma está en fase de anteproyecto y que podrá sufrir cambios durante su tramitación en el Parlamento, sí procede realizar algunas apreciaciones, sobre todo en la cuestión relacionada con los medios de comunicación, que es la que más polémica ha suscitado.
Algunas noticias valoraban la iniciativa como un intento de «controlar», «amedrentar» o «asaltar» los medios por parte de Ejecutivo. Y, en general, casi todos los medios enfatizaban el capítulo de sanciones económicas para quienes incumpliesen la ley.
Esta iniciativa responde a la necesidad de adaptar nuestro ordenamiento jurídico a la legislación europea en esta materia. El Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron el año pasado un Reglamento por el que se establece un marco común para los servicios de medios de comunicación en el mercado interior y se modificaba la Directiva 2010/13/UE (Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación).
De hecho, en las consideraciones previas del reglamento se indicaba explícitamente que «es crucial que los destinatarios de servicios de medios de comunicación sepan con certeza a quién pertenecen los medios de comunicación y quién está detrás de ellos, de modo que puedan detectar y entender posibles conflictos de intereses. Esto es un requisito previo necesario para formarse opiniones bien fundadas y, como consecuencia, para participar activamente en una democracia».
Es en su artículo 6 donde se obliga a los prestadores de servicios de medios de comunicación a estar incluidos en una base de datos creada por los Estados miembros en la que pondrán a disposición de los destinatarios, el público, información actualizada sobre su denominación, su accionariado e incluso «el importe total anual de fondos públicos destinados a publicidad estatal que se les haya asignado y el importe total anual de los ingresos de la publicidad recibidos de autoridades o entidades públicas de terceros países».
Así, el Gobierno español creará un registro estatal de carácter público y, asimismo, se crearán registros similares a nivel autonómico para aquellos medios de alcance regional, todos ellos supervisados y coordinados por la CNMC y «de libre acceso para su consulta por cualquier persona».
Desde hace dos años existe una experiencia piloto: una web creada por el Observatorio Europeo de la Propiedad de los Medios de Comunicación en la que se puede consultar información sobre las empresas informativas europeas, aunque con muchos datos incompletos todavía.
Ahora bien, cabe preguntarse si estas medidas promovidas por la Unión Europea son necesarias, si de verdad servirán para profundizar en la democracia o si, como señalan las opiniones críticas, se trata de un nuevo intento por parte de las instituciones de limitar y controlar el papel de los medios de comunicación.
En primer lugar, hay que recordar que las fricciones entre el periodismo y el poder –sea este temporal o espiritual– llevan sucediendo desde hace siglos. La comunicación social, habida cuenta de su enorme influencia sobre la opinión pública, ha sido siempre objeto de control y represión por parte del poder de turno.
Napoleón ya creó un registro de propietarios y redactores de periódicos a principios del s. XIX y algunas dictaduras en el siglo XX también contaron con leyes de prensa que instauraban un Registro Oficial de Periodistas cuya inscripción era obligatoria para el ejercicio de la profesión.
De ahí las históricas luchas por la libertad de expresión y de prensa, y la normal desconfianza que suscitan este tipo de iniciativas, más allá del grado de hostilidad que pueda haber por parte de ciertos medios.
Cabe preguntarse si estas medidas
promovidas por la Unión Europea
son necesarias, o si se trata de
un nuevo intento de limitar y controlar
el papel de los medios de comunicación
Es evidente que conocer la estructura de la comunicación es fundamental para entender qué es lo que se publica y qué no, por qué y cuáles son los enfoques que reciben ciertas noticias.
El famoso dicho «quien paga, manda» es muy útil a la hora de comprender mejor a qué intereses responden los medios de comunicación que, además de tener una función pública fundamental, también obedecen a otras motivaciones. Esto es algo que no se le escapa a nadie y, sin embargo, no obsta para que desde esos mismos medios se pueda seguir haciendo buen periodismo. De lo contrario, no habría espacio más que para la propaganda y la desconfianza y nada para la información, aunque el equilibrio no suela ser sencillo.
Por otro lado, es esencial la transparencia en torno al gasto en publicidad institucional por parte de las administraciones públicas y los criterios que se emplean para decidirlo. Más aún cuando nos encontramos en un entorno en el que «paramedios» o «medioides» (plataformas con apariencia de medios de comunicación pero que no lo son porque no cumplen sus funciones) contribuyen a generar más ruido, polarización y desinformación, con lo que es positivo saber si desde las propias instituciones públicas se financia de algún modo este tipo de iniciativas.
A ello habría que sumar también los riesgos para la pluralidad informativa que supone la concentración de empresas de medios de comunicación.
Ante una realidad informativa tan compleja es normal que desde las instituciones se trabaje para desarrollar y garantizar el derecho a la información de la ciudadanía. Sin embargo, y esas son las debidas cautelas que hay que mantener ante leyes de estas características, se corre el peligro de querer matar moscas a cañonazos.
En la última década, la Unión Europea está protagonizando algunas iniciativas cuanto menos cuestionables y que rayan en lo propagandístico cuando, por ejemplo, con la intención de luchar contra la desinformación, se usa la mera censura para limitar un fenómeno complejo que está presente en todos los Estados miembros, con sujetos a uno y otro lado del muro de la información.
La conclusión es que solo cabe mantenerse expectante y vigilante para que leyes que deberían ser garantes de un derecho no acaben lesionándolo. •
Doctor en Ciencias de la Información (Periodismo)
Profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid
