La Iglesia pide políticas integrales de Estado tras la aprobación de la redistribución de menores migrantes
El Congreso ha aprobado el real decreto-ley que establece la redistribución obligatoria de personas migrantes menores entre comunidades autónomas, mientras la Iglesia española insiste en pedir un pacto de Estado sobre migraciones para evitar politizar las vidas en juego.
El director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Redondo, entiende este paso como “positivo”, desde el punto de vista del “interés de estos jóvenes y menores no acompañados”.
En principio, es de esperar, confiesa que alivie la saturación de los dispositivos de atención, a los que se ha referido como “centros superpoblados”. “Al quedarse un poco más liberados, la atención será mucho mejor y también quienes sean trasladados a otras comunidades podrán recibir una mejor atención, un mejor acompañamiento y eso es lo que a nosotros nos importa”.
El objetivo, desde su punto de vista es atender “las necesidades de estos menores y que sean acompañados y se ponga a su disposición todos los medios para que se pueda ir preparando su integración en medio de nosotros”.
Eso sí, ha pedido que la distribución entre comunidades no se base en “cuestiones políticas y de intereses, sino solo el bien de estos menores”.
También el responsable de Pastoral de Migraciones de Canarias, Víctor Domínguez valora la medida aprobada por cuanto supone de ejercicio de solidaridad y colaboración entre territorios y administraciones. “Parecía era una responsabilidad solo nuestra y no entendemos que otras comunidades no quieran colaborar”, matiza.
Lamenta Domínguez que las negociaciones entre administraciones acabaran en reivindicaciones económicas en vez de atender las necesidades y derechos de los menores y favorecer la integración.
Reconoce que hay partidos políticos, grupos y personas, incluso dentro de la Iglesia que “solo ven las migraciones como un problema y solo se fija en el lado negativo, en vez de entender que es una oportunidad”.
En su opinión, “no es justo ni realista alentar el miedo y la xenofobia y hablar de amenaza”, pero es que tampoco es inteligente ni pragmático, porque “al final necesitamos a las personas que vienen de fuera”.
Con todo, queda mucho camino por recorrer, advierte, el delegado canario, quien señala que en pocos días unos 1.500 jóvenes saldrán del sistema de tutela pública al cumplir la mayoría de edad, sin un horizonte claro.
La Iglesia canaria más consciente al sufrimiento de las personas migrantes trata de sensibilizar a la comunidad y la sociedad sobre la importancia de la acogida, de ver la dignidad de todas las personas. “Si fuéramos capaces de superar las dificultades de todo tipo, burocráticas, sociales, culturales, para facilitar la integración, todos saldríamos ganando”, concluye.
Tras más de un año de encuentros y desencuentros, la ley ha sido finalmente aprobada con 179 votos a favor del PSOE y sus socios de investidura y en contra de PP y Vox, para tratar de paliar la situación de hacinamiento de los menores migrantes en los territorios fronterizos. Solo en Canarias, hay unos 6.000 jóvenes acogidos en los diferentes centros.
Dejar de politizar las vidas
El obispo de Canarias, José Mazuelos ha insistido en la llamada a Conferencia Episcopal a alcanzar un pacto de Estado sobre migraciones y ha afeado las estrategias partidistas “para ganar cuatro votos o imponer una ideología”.
Así, ha reiterado la necesidad de seguir dialogando “en busca del bien común, porque son seres humanos”. “Dejemos de politizar sus vidas”, ha añadido en referencia a la situación de las personas migrantes.
El titular de la diócesis de Canarias ha hecho un nuevo reclamo para que “se acabe el cementerio del Sáhara y del Atlántico”, en coherencia con la propuesta de los obispos españoles y entidades católicas de derechos humanos de abrir vías seguras y reguladas para la migración
El prelado ha especificado que para ello hace falta también “saber gastar bien el dinero y el diálogo con los gobiernos de origen”.
Soluciones integrales
También el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, ha reclamado un “gran pacto por la migración” y ha advertido que “no podemos poner parches” ante el fenómeno migratorio, porque “no va a ser una situación puntual”.
Cobo ha pedido escuchar las historias personales de los menores migrantes no acompañados y no deshumanizar la cuestión, recordando que “hay padres que sortean a qué niño mandar a Europa porque saben que el resto van a morir”.
El cardenal ha instado a abordar la migración desde una perspectiva humanitaria y estructural, subrayando que “los migrantes no son un problema, son una oportunidad”.
La Iglesia española viene reclamando una respuesta coordinada y solidaria ante la llegada de menores migrantes no acompañados, poniendo el foco en la dignidad y los derechos de los más vulnerables.
Medidas por concretar
La norma aprobada forma parte de la reforma de la Ley de Extranjería con el objetivo aliviar la presión que soportan los territorios de entrada como Canarias, Ceuta y Melilla cuyos dispositivos de acogida están infradotados.
El esfuerzo para la acogida de menores migrantes se compartirá según la población, renta y esfuerzo previo en acogida de cada comunidad autónoma. Aunque hay un primer borrador, las primeras obligaciones serán presentada a las comunidades autónomas el próximo 28 de abril.
Cabe recordar que algunas comunidades han aportado datos incompletos o han ofrecido interpretaciones propias de su capacidad de acogida, el Ejecutivo espera que la versión final del reparto no difiera sustancialmente de la actual.
La redistribución se activará legalmente cuando el Gobierno canario formalice su situación de contingencia migratoria, certificando que los recursos de acogida en las islas superan el triple de su capacidad. Una vez declarado el estado de emergencia, comenzará el proceso de traslado de los menores, priorizando a aquellos mayores de 16 años que no tengan arraigo en el archipiélago.
Por su parte el Ejecutivo central deberá aprobar en Consejo de Ministros el Real Decreto que regulará los aspectos operativos de los traslados y la recepción en las comunidades de acogida. Este decreto establecerá los protocolos, tiempos y condiciones de los desplazamientos, así como el rol de cada administración.
Mientras tanto, el Gobierno de Canarias ya ha iniciado la selección de los menores que serán reubicados, centrando sus esfuerzos en identificar a aquellos sin vínculos familiares o comunitarios en las islas. También se encuentra en diálogo con el Gobierno central para resolver los contenciosos pendientes sobre la financiación del sistema de acogida y la responsabilidad sobre los menores solicitantes de asilo.
Aunque la ley obligará a todas las comunidades a colaborar en el proceso, varias regiones gobernadas por el Partido Popular —entre ellas Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía— han expresado su rechazo frontal a la medida. Incluso han anunciado su intención de recurrir el reparto ante el Tribunal Constitucional, al considerar que vulnera competencias autonómicas y se impone de forma unilateral. Algunas de estas comunidades también han sido señaladas por el Gobierno central por aportar información incompleta o datos poco precisos sobre su capacidad de acogida, lo que ha complicado el diseño de la tabla de reparto.
Redactor jefe de Noticias Obreras
